«Como sociedad tenemos que decidir dónde trazamos la línea entre justicia y paz, pero lo que sí es claro es que la justicia no es obstáculo para la paz. ¿Cuánta justicia se debe sacrificar en aras de la paz?, es la pregunta del millón»[1]
Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia
En declaraciones recientes, el Presidente de la República dijo que el país debe decidir cuánto de justicia hay que sacrificar para lograr la paz, y, de esta manera, ratificar que la justicia no debe ser obstáculo para la paz. Y el mismo día, coincidencialmente, el general Manuel José Bonet, en representación de los militares retirados, de todos los integrantes activos de las Fuerzas Armadas y de los que actualmente están incursos en procesos judiciales o condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, salió a reclamar el principio de simetría en los beneficios de un eventual proceso de paz con la insurgencia.
El tema no es inoportuno si se entiende que en La Habana avanzan los diálogos para la terminación del Conflicto Armado Interno y que en el orden del día de la agenda acordada está el tema de las víctimas, quienes tiene una parte de la verdad de lo que ha sido esta guerra y una de las cartas más importantes para jugar en el posconflicto y en un proceso de reconciliación nacional.
Entonces, es a ellas a quienes va dirigido el mensaje del Presidente, ya que de la sociedad toda, las víctimas deberán decidir cuál es la cantidad de justicia que están dispuestas a sacrificar para lograr la paz y avanzar hacia un horizonte de reconciliación serio, sincero y duradero.
Días atrás, en un evento de gran trascendencia, organizado por entidades internacionales a solicitud del Gobierno y la guerrilla de las Farc-Ep para recoger propuestas de la sociedad civil frente al proceso de paz, y que pretendía que los participantes contribuyeran con propuestas para que la sociedad y el Estado definan un conjunto de garantías a los grupos armados para que abandonen las armas como medio de lucha política, ayuden a reconstruir el país aportando su parte de verdad frente a los hechos y acepten una justicia digna y satisfactoria para las víctimas y sobrevivientes; y se comprometan a la no repetición mediante un acuerdo de paz sólido y definitivo; se notaron, con mucha tristeza y preocupación, las deficiencia que hay entre la mayoría de los voceros de las víctimas para mirar más allá de lo que hay o no hay en este momento y de lo que ha hecho y no ha hecho el Estado en temas de reparación económica por vía administrativa, en materia de memoria y verdad, para no decir de la gran decepción e indignación ante lo que se conoce como el proceso de “justicia y paz” de los paramilitares en el gobierno de Uribe, donde no hubo desmovilización, ni verdad, ni justicia, ni reparación y de lo cual no quedó absolutamente nada como ejemplo para copiar en el proceso con la insurgencia.
Un gran desconocimiento de las alternativas jurídicas para la transición de la guerra a la paz (justicia transicional), de los procesos de reconstrucción de la verdad histórica o de las condiciones fundamentales de una reconciliación nacional consistente y sostenible; acompañado de un dramático cuadro, muestras desesperadas de la necesidad de catarsis, de contar su historia personal y sentirse escuchadas, pedir ayuda para agilizar, o incrementar la cuantía de la reparación económica, prevenir o evitar ser revictimizadas, maltratadas, humilladas por funcionarios públicos torpes, sin formación, ni vocación ni voluntad para atender a las víctimas de manera oportuna, adecuada, respetuosa y responsable. A diferencia de ASFADES, MOVICE, los Sobrevivientes de la UP, y de algunos representantes de organizaciones de población desplazada, que le apuestan a un horizonte político de reconciliación entre todos los colombianos, que asumen con esperanza lo que se discute en La Habana y que tienen absoluta claridad sobre lo que no se debe poner en una mesa de diálogo entre guerreros, porque es un asunto que la sociedad colombiana, toda, debe asumir para exorcizar el ciclo de la violencia política en Colombia y no como un asunto exclusivo entre las partes de la guerra, o sea el gobierno y la guerrilla.
Parecería entonces que algunos estamos presionando para acelerar los procesos y saltarnos etapas indispensables, y pasar a la fase (última) de la reconciliación, sin reparación, sin justicia, sin verdad, sin memoria, pero no es así. Se trata como bien lo dijeron algunos representantes de las organizaciones de víctimas y algunas organizaciones defensoras de las víctimas: de que es necesario diferenciar con claridad y no confundir los términos y las etapas a la hora de definir el papel de las víctimas en los procesos de paz y en el posconflicto si queremos que haya paz para todos y esa paz dure para siempre: memoria, verdad, justicia y reparación son partes de un todo, pero se deben entender y definir en sí mismas e independiente de las demás, para acordar o establecer de común acuerdo los mínimos éticos posibles y aceptables que faciliten la transición de la horrible noche de la guerra a un nuevo amanecer de reconstrucción de nuestra identidad y unidad nacional, de reconciliación y convivencia pacífica entre todos los colombianos.
Así las cosas, es necesario que víctimas y responsables de la violencia puedan definir lo que para cada uno significa cada unos de estos términos y la materialización o realización de ellos: Memoria histórica, comisión de la verdad, reparación integral, garantía de no repetición, derechos de las víctimas, horizonte de reconciliación y acordar los mínimos posibles para que haya transición, para que podamos transcender a un estadio que elimine todas los riesgos de repetición o venganzas. Concertar un proceso que nos permita hacer que el horizonte de reconciliación esté más cerca y posible, sin confusiones, sin ambigüedades, sin suposiciones de lo que no es obvio, ni claro. Entonces como dijo el Representante de las Naciones Unidas en Colombia, debemos “asumir y entender la justicia como un mecanismo para construir un nuevo escenario para la reconciliación”.
Pero también es cierto que no se puede actuar sin generosidad y sin visión, sin responsabilidad histórica frente al futuro, sin aprovechar la que quizás sea la última oportunidad que tenemos los colombianos para trascender los siglos de una historia de guerras a una apuesta común más esperanzadora.
Mirar los temas de Justicia y Verdad desde las víctimas es indispensable para entender el desafío de la paz, el posconflicto y la reconciliación. Sin embargo, las víctimas debe hacer lo propio para mantener sus exigencias y la reivindicación de sus derechos en perspectivas del posconflicto y la reconciliación, de lo contrario no hay paz, no hay verdad, no hay justicia y terminaremos en una guerra perpetua que no tenga fondo, para desgracia de todos. Eh ahí el dilema más grande para las víctimas, si quieren apostarle a una salida digna a este conflicto armado que nos duele a muchos, y que sólo usufructúan unos cuantos.
Las metodologías de consulta aplicadas en los encuentros o mesas realizados no sirven para abordar una discusión de tanta trascendencia, por la responsabilidad, la generosidad, la visión de futuro y la madurez política que exige para construir y concertar propuestas que incluyan o representen a los 45 millones de colombianos; y por la heterogeneidad de expectativas e intereses, las grandes brechas y niveles de conciencia y vocación política y la visión de futuro de unos y otros. Atreverse a mirar por encima de los escombros y divisar el mañana con más esperanza, con certeza y convicción profunda que debemos y podemos lograrlo, requiere de procesos de información, educación y comunicación pública amplios y efectivos para que nos pongamos de acuerdo en lo que entendemos y queremos cuando hablamos de paz, derechos de las víctimas, memoria, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y reconciliación nacional, pero sobre todo para que construyamos unos mínimos éticos que nos permitan tener nuevos y mejores conflictos como decía el maestro Estanislao Zuleta, tener la certeza de que juntos podemos pasar la página. Entonces, es válido recordar el valor ético de un hombre y mensaje visionario en medio de la adversidad, el profeta de los derechos civiles y políticos de los negros en Estados Unidos con su sermón de la montaña, un día antes de su asesinato:
«Bien, no sé qué sucederá ahora; hay días difíciles por venir. Pero no es importante para mí ahora, porque he subido a la cima. Y no me preocupo. Como cualquier otra persona, me gustaría tener una vida larga, en que la longevidad tenga su lugar. Pero eso no me preocupa ahora. Sólo quiero hacer la voluntad de Dios. Él me permitió subir a la cima de la montaña. Y desde ahí pude ver la Tierra Prometida. Puede que no llegue ahí con ustedes. Pero quiero que sepan esta noche que nosotros, como pueblo, llegaremos a la Tierra Prometida. Y estoy feliz esta noche; no estoy preocupado por nada; no tengo temor a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria del advenimiento del Señor»[2].
Sin embargo, parecería que una es la agenda, las urgencias y las dimensiones que tienen las partes de la mesa y sus facilitadores metodológicos y otras muy distintas las de las víctimas del conflicto armado interno. Parecería que hay dos sociedades, dos manera de ver el mundo, el pasado (las causas del conflicto) el presente (la guerra y sus consecuencias) y el futuro (el posconflicto, la reparación, la transición y la reconciliación nacional), que no se encuentran, que no se entienden, que no se escuchan. Como hablando en frecuencias distintas. Ese es el dilema de las víctimas, cómo juntar un país dividido, polarizado, invadido de odios y justificaciones en un espiral de venganzas y retaliaciones, una historia de infamias que nos han negado ser un pueblo digno de admiración para el mundo. Ese es el desafío, víctimas en el conflicto, actores políticos en el posconflicto, protagonistas de la reconciliación nacional.
Medellín, mayo de 2013.
Álvaro Efrén Córdoba Obando
Socio – Corporación Nuevo Arco Iris
Director Regional
Viva la ciudadanía – Antioquia.
Alvarocordoba50@hotmail.com