Foto: Giovanni Moreno
Durante los comicios de octubre de 2011, la ciudadanía eligió alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Estas autoridades electas se enfrentan a un reto crucial para el país: la implementación y aplicación eficiente de la ley de víctimas y restitución de (ley 1448 de 2011).
Las víctimas del conflicto están en todo el país, en las grandes ciudades y en las regiones en las que persiste la violencia y el confrontación armada. El Gobierno nacional debe seguir ejerciendo su liderazgo para que la ley sea una realidad. Pero esta no podrá ser exitosa si no se cuenta con la activa participación de las autoridades locales, entendiendo que las víctimas no son sólo un asunto nacional. Restablecer los derechos de las victimas exige una acción coordinada del Estado en su conjunto.
Por esta razón, una alianza de organizaciones conformada por Codhes, Fundación Social, Redepaz, Corporación Nuevo Arco Iris, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española -AECID-, promovimos durante la campaña electoral la suscripción del Pacto por las Víctimas por parte de candidatas y candidatos a alcaldías y gobernaciones.
Como consecuencia, los gobernadores electos de Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Santander, Cesar y Nariño suscribieron el pacto. Igual lo hicieron varios alcaldes electos, incluyendo los de Bogotá, Medellín, Santa Marta, Pasto y la nueva alcaldesa de Quibdó.
La firma del pacto es el reflejo de disposición política de los nuevos mandatarios en la implementación de la ley. Pero la adopción de medidas en favor de las víctimas por estas autoridades locales es una obligación constitucional y legal, que vincula a todos los mandatarios electos. Así lo ha reiterado la Corte Constitucional en el proceso de seguimiento a la sentencia T-025 sobre personas desplazadas, y también lo definió la ley de víctimas y restitución de tierras.
Esta alianza de organizaciones continuará trabajando para promover y apoyar adecuados procesos de coordinación entre la nación y el territorio, así como la capacitación y apoyo técnico a las entidades territoriales en aras de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia y avanzar en la construcción de un país más incluyente.
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De acuerdo a la ley de víctimas y restitución de tierras, los municipios y departamentos contarán con Comités Territoriales de Justicia Transicional, presididos por alcaldes y gobernadores. Estos Comités deberán expedir planes de acción en el marco de programas territoriales de atención a víctimas. Los planes de acción deberán incluir los Planes Integrales Únicos a población Desplazada (PIU) y ser incorporados en los planes municipales y departamentales de desarrollo, así como en el presupuesto territorial. Los municipios y departamentos tendrán que brindar directamente algunas medidas de atención a víctimas, de asistencia humanitaria, de reparación y de protección. Para cumplir adecuadamente estas funciones el Gobierno Nacional tiene también la obligación de dar un respaldo técnico, presupuestal y operativo, especialmente en los municipios más débiles.
Para más información consulte en votebien.com: La primera tarea de los elegidos: La ley de víctimas http://www.votebien.com/votebien/html/vbn1697-la-primera-tarea-de-los-elegidos-la-ley-de-victimas.htm