La presencia de los grupos armados ilegales en las campañas electorales está dada por el uso de medios más sofisticados para el constreñimiento al votante, en municipios donde tienen sus principales feudos. Es notorio el acoso y la presión laboral, compra anticipada de voto de estos grupos para el apoyo de candidatos inscritos por partidos como el PIN o el MIO especialmente, sin dejar de lado que en esta campaña un gran número de partidos y movimientos están usando la misma estrategia, con la única diferencia que los primeros también lo hacen a través de grupos armados.
En cuanto a la creación de redes políticas que surgieron en esta campaña, la del denominado Frente social y político por Sucre es la más importante. A partir de una facción del Partido Liberal, el Polo Democrático, el Partido Verde, un sector del Partido Conservador y el Partido Cambio Radical se unieron para enfrentar la posible alianza entre el PIN – Nueva Fuerza Liberal y Afrovides entre otros, como en otras elecciones, cosa que no ocurrió por las diferencias entre sus integrantes.
Frente al tema de redes económicas, además de las mencionadas anteriormente, debemos decir que no se ha configurado como en campañas anteriores. La renuncia de Muskus y de Manotas fue indilgada a falta de una coalición política y de recursos económicos, así lo ratificaron. Sin embargo, en los municipios se libra una verdadera batalla entre los partidos y movimientos políticos por conquistar a los electores con fuertes sumas de dinero para comprar los votos de hasta $200.000 por el combo (gobernación, asamblea, concejo), materiales de construcción y con todo tipo de ofertas para ganar el favor del votante y mantener el reducto local. Otros son más optimistas y creen que el mapa político sucreño podría cambiar, toda vez que se escucha el fuerte rumor de campaña para el voto en blanco a gobernación, pero también el rumor de hacer uso de esos dineros y votar en contra de quien lo entregó.
Por último, cabe advertir que los riesgos están dados, de un lado por la equivocada concepción del votante, que al no sentirse representado en los candidatos y creer que todos son iguales de corruptos, sumado a las condiciones de extrema pobreza de la población. Los elegidos, durante los cuatro años de mandato, usan los presupuestos y las entidades para hacer “favores” a los ciudadanos: vincularlos al régimen subsidiado en salud o darles trabajo durante tres meses en cualquier instancia de la administración pública municipal o departamental y en las pocas empresas privadas de las cuales ellos son socios o amigos de sus dueños.
Lo anterior es lo que más pesa, incluso más fuerte que la presión armada, sin que esto deje de ser una constante en gran parte del departamento: San Onofre, San Antonio de Palmito, Majagual, Guaranda, San Benito y Sucre. En dichos lugares la presión armada es más evidente, mientras que en los demás municipios, los capitanes políticos presionan a aparceros, trabajadores de grandes y pequeñas haciendas, vendedores de Rifas, Chance, Loterías, trabajadores del sistema de Bienestar familiar como madres comunitarias y madres Fami, que abierta o veladamente son obligados a votar por los candidatos de sus contratantes.