La búsqueda de soluciones a este tipo de problemas no puede limitarse a identificar responsables de manera unilateral como pretenden hacerlo las directivas de la UPTC.
A pesar de la creatividad y el ingenio que el país pudo observar en las pasadas movilizaciones estudiantiles, los hechos ocurridos en Tunja la semana pasada y en Bogotá durante este fin de semana, ponen de manifiesto que aún persiste una cultura política que hace una apología a la guerra, que se expresa en ritos y conmemoraciones mediante los cuales se intenta seguir legitimando el uso de las armas como el vehículo del cambio social.
Es indudable la urgencia de resignificar los modos y rituales con los que conmemoramos hechos trágicos del movimiento estudiantil y de los efectos nefastos de la guerra colombiana (…) además la pertinencia de crear escenarios de participación y reflexión que contribuyan a subvertir lógicas, lenguajes y prácticas institucionalizadas y mediáticas, que conducen a sectarismos en los que se celebra la muerte de unos y se condena la muerte de otros. Por el contrario, estos espacios deben propender por valorar la vida, la inclusión y la dignidad humana”.
No deja de llamar la atención que frente a estos hechos la MANE aún no se haya pronunciado. Hechos como estos requieren no sólo de un pronunciamiento enérgico por parte de ésta, sino también incorporar estas situaciones en las reflexiones y debates que se vienen para la construcción de una nueva ley de educación superior.
La ilegitimidad y el despotismo de la administración
Sin duda alguna el conflicto social y político ha permeado la vida universitaria, pero ¿por qué la UPTC protagoniza gran cantidad de enfrentamientos con la fuerza pública a diferencia de otras universidades públicas del país? Algunos estudiantes y docentes consultados coinciden en afirmar que el incremento de estas expresiones se debe al malestar generalizado que se ha producido en la universidad a raíz de la ilegitimidad con que cuenta la administración actual y el descontento como ha manejado la difícil situación interna.
Gustavo Álvarez, el actual rector, no goza de aceptación en la universidad, como tampoco lo respalda su pésima gestión al frente de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Esta situación aún no tiene respuesta, razón por la cual, persisten en el ambiente preguntas acerca de las razones por las cuales Álvarez fue designado para este cargo.
Desde que Álvarez asumió la rectoría se ha profundizado la brecha entre administración y comunidad universitaria. La para nada clara concesión de los restaurantes universitarios, el trato despótico a docentes y estudiantes y la estigmatización que el rector ha hecho de la universidad misma se constituyen en factores que complejizan aún más la situación y radicalizan las distintas posturas frente a la universidad. Al respecto, Pedro Pablo Salas Concejal del Polo en la ciudad de Tunja señala que:
“Lo sucedido en la Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia, no es un hecho ni esporádico, ni casual, la espiral de violencia que termina con la vida del joven Ricardo Molina es la culminación de un proceso de degradación de sectores al interior de la Universidad, de la cual he sido testigo, observador de proyectos políticos dentro del estudiantado, montados en un esquema de clientelismo (…)La corrupción y politiquería, que se tomó la universidad con la llegada del rector GUSTAVO ALVAREZ, ofende las necesidades del estudiante pobre, que llega de la provincia, las nóminas paralelas, malversación de recursos han creado de forma absurda una respuesta anti institucional, y auto destructiva…”.
De otro lado, y según estudiantes consultados, el rector ha contribuido a la estigmatización y criminalización de la población estudiantil y sobrepone sus creencias religiosas para administrar la universidad, especialmente en el manejo del Bienestar Universitario.
Este caso, y el de Bogotá, en el que se vieron implicados tres estudiantes de las universidades Pedagógica y Distrital -dos de ellos fallecidos y una decena de heridos -es indudable la necesidad de que en los debates de reforma de la ley 30 de educación superior se amplíen a otros temas. Ya no se trata solo de calidad educativa, cobertura, financiamiento de las universidades públicas y la democratización sino de la definición de acuerdos democráticos para la elección de rectores; la obligatoriedad de formular e implementar políticas de bienestar universitario que no se queden, como es el caso de la UPTC, en programas de evangelización; y la necesidad de articular la ley de educación superior con políticas urbanas y de planeación que permitan unas mejores condiciones de vida de los estudiantes mientras se encuentran en el proceso educativo. Esto es: residencias dignas e infraestructura universitaria y urbana que garanticen una vida estudiantil digna y el acceso a una educación de calidad.
Estas condiciones pueden contribuir a erradicar los ánimos de guerra que parecen inundar nuevamente las universidades colombianas.
/ Fernando Quintero