Petróleo: ¿locomotora para la guerrilla?

Foto: archivo revista Arcanos

Hoy día las guerrillas exigen el 10% del valor del barril del petróleo como cuota extorsiva. La pregunta es si la decisión de las Farc de abandonar el secuestro implicará un aumento en las acciones de sabotaje contra las empresas y el homicidio de sus trabajadores para presionar el pago de extorsiones que son ahora una de sus principales fuentes de financiación.

En algunas regiones como Arauca y el norte del Meta se presume además que los grupos armados ilegales administran la oferta laboral para algunas petroleras o subcontratistas de éstos. Cuando una empresa llega a una región contrata algunas personas nativas, pero  en zonas como los Llanos Orientales, donde el control estatal es deficiente, los grupos armados ilegales que inciden en organizaciones sociales o Juntas de Acción Comunal administran desde allí esa oferta laboral.

En este pueblo va a pasar algo…

La tercera explicación son las mafias locales y la alta explosividad social. Lo acontecido en el Campo Rubiales, en Puerto Gaitán, Meta durante el segundo semestre de 2011, muestra un mezcla de protesta social y demandas laborales. La población de estos municipios petroleros no ha sentido los efectos de la bonanza. Muchos de ellos, a pesar de que reciben millonarias regalías, ni siquiera han mejorado en 10 años el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas; no cuentan con acueductos, ni vías de comunicación. Puerto Gaitán por ejemplo apenas tiene un 54% de cobertura en alcantarillado y un 43% de acueducto a pesar de que ha recibido en promedio 50.000 millones de regalías al año, en el último lustro.

Es tan rentable el negocio de las regalías que durante las pasadas elecciones la disputa por los municipios petroleros llevó a verdaderos carruseles de corrupción. Puerto Gaitán es el mejor ejemplo.Desde que empezó la inscripción de cédulas se empezaron a reportar irregularidades. Según informes de la Registraduría Municipal, diariamente se presentaban cerca de 100 personas con su cédula de ciudadanía, un recibo de servicio público, y en muchas ocasiones la dirección de su vivienda anotada en algún papel solicitando ser inscritas para votar en el municipio. Estos casos aumentaron de forma inusitada el censo electoral, que pasó de 8.792 a 15.665, situación que alertó a los candidatos, partidos y movimientos políticos quienes impugnaron la inscripción de cédulas.

El Concejo Nacional Electoral designó a una Comisión Instructora, integrada por 11 investigadores que concluyó que si bien el fenómeno podría corresponder al aumento de la población flotante que llegan a Puerto Gaitán en busca de posibilidades laborales con las empresas petroleras, muchas otras no residían en el municipio, incluso que cientos de personas habían reportado la dirección de lotes baldíos. Por consiguiente, el CNE inhabilitó 3198 cédulas por trashumancia.

Oscar Bolaños Cubillos, alcalde de Puerto Gaitán entre 2007 y 2011, construyó un verdadero aparato electoral, muy a pesar de que deberá enfrentar está investigado por irregularidades en la contratación cuando fue alcalde en el período 2001-2004. Bolaños además resultó salpicado en las declaraciones de Fredy Bohórquez, alias “Pocillo”, ex patrullero de las Autodefensas Campesinas del Meta y del Vichada, quien le dijo a la Fiscalía que los paramilitares apoyaron financieramente la campaña de Bolaños a la alcaldía en su primer período.

Bolaños apoyó no sólo la candidatura de Edgar Humberto Silva en Puerto Gaitán, sino a candidatos de otros municipios petroleros como Acacías con Arsenio Vargas del Partido de la U; en el municipio de Cabuyaro a Diana Mendoza del PPIN, ambos ganadores de la contienda; además de un presunto apoyo a Juan Guillermo Zuluaga para la Alcaldía de Villavicencio, y candidatos de Puerto López y Granada. La lucha por la renta petrolera, no sólo es entre actores armados ilegales, sino que estructuras políticas se comportan como verdaderas mafias.

En las zonas donde se están iniciando las exploraciones se vive además una verdadera oleada especulativa sobre la tierra. Se habla de la bonanza que vendrá, se han cercado de manera forzada zonas de reserva natural, y las disputas entre comunidades son el pan de cada día.

Privatizar la seguridad es jugar con candela

Las soluciones no son fáciles. El gobierno nacional ha prometido destinar más tropa a cuidar esta infraestructura petrolera, sin aumentar el pie de fuerza, sino acudiendo a traslados de tropa. Así se ha llegado a situaciones extremas como la de Arauca donde el 82% de la tropa se dedica a cuidar la infraestructura energética y sólo el 18% al combate. Esto explica en parte los reveses que ha sufrido una tropa paralizada, que se convierte en blanco fácil de la guerrilla.

El gobierno se comprometió a crear ocho batallones minero-energéticos más que en principio estarían anclados en las 11 nuevas Fuerzas de Tarea creadas bajo la nueva estrategia militar Espada y Honor. Pero ante el escenario inevitable de que el gobierno siga entregando licencias de exploración petrolera, corazón de su locomotora minera, será difícil que la fuerza pública pueda atender toda la demanda de seguridad. No es posible tener un contingente militar por cada zona de exploración o explotación.

Hay en el ambiente la propuesta de fortalecer masivamente la seguridad privada, con la utilización de armas largas por parte de estas empresas. Un escenario delicado para un país que ha visto convertir los ejércitos privados, en principio legales como las Convivir, en fuerzas paramilitares dedicadas al crimen y la barbarie.

Colombia no puede repetir la historia de que las guerrillas llenen sus arcas con la bonanza minera, pero tampoco que la respuesta del Estado sea delegar la seguridad en grupos privados.

Posiblemente la solución esté lejos de las armas, si se logra conciliar la locomotora petrolera con el desarrollo social en estas regiones, y así desactivar la bomba de tiempo que está en ciernes. No en vano Colombia pasó de producir 525 mil barriles de petróleo al año en 2005, a 914 mil en 2011, lo que significa un aumento de casi el 100% en tan sólo 6 años.

Ariel Ávila/ Observatorio del Conflicto Nuevo Arco Iris