Foto: Clara López Obregón, presidenta del Polo. / Giovanni Moreno C.
L.V: ¿Por qué el Polo no ha acompañado la Ley de Víctimas?
C.L: Creo que en su pregunta hay una trampa. No es cierto que no la hayamos acompañado. Lo que nosotros no acompañamos y por eso presentamos un proyecto alterno fue el engaño que se incorporó en la Ley de Víctimas. Fíjeseusted que ya hasta la Contralora General de la República nos está dando la razón. La Ley de Justicia y Paz era más generosa que la Ley de Víctimas porque ofrecía la reparación administrativa de hasta 27 millones de pesos por familia y ya vamos en 17 y bajando con la Ley de Víctimas. El tema es que como se reestructuró la reparación hizo primar tanto el criterio de sostenibilidad fiscal. Es la típica demagogia legislativa dondese ofrece reparación integral, pero estructuralmente el proyecto la niega.
L.V: ¿Por qué la niega?
C.L: La niega porque no le permite al que se acoja a la reparación administrativa acudir a la jurisdicción cuando tiene una aspiración a una indemnización mayor. La restitución de tierras se va a limitara aquellos casos en los cuales no haya una actividad productiva en el predio despojado, con el famoso derecho a la superficie. Este dice que cuando llega la víctima a su restitución y descubre que su predio ha sido incorporado a una plantación (comolas de palma africana de los paramilitares) entonces ya no tiene derecho a que le devuelvan las tierras. Pero ya aprobada la Ley en las circunstancias limitadas de hoy, nosotros estamos acompañando a los campesinos en su exigencia de la restitución de tierras y ha difícil que es eso.
L.V: ¿Cuál es el principal reto de la Ley?
C.L: Yo asistí a una marcha convocada por el movimiento de víctimas con el apoyo del PDA en Córdoba y en Montería y quiero decirle que lo que se vivía en esa marcha era terror, pánico. La gente en todas las zonas de despojo vive bajo el régimen del miedo y nadie se atreve a reclamar su tierra porque sus vidas corren riesgo. Ahí está el gran reto de la restitución ilimitada que trae la Ley de Víctimas. Para que la Ley sea posible el Gobierno tiene que tomar una acción profunda y estructural en la desarticulación de los grupos paramilitares que hoy llaman Bacrim y que no son sus herederos, son sus lugartenientes con las mismas armas que no entregaron en su momento las desmovilizaciones de justicia y paz.
L.V: La izquierda solía ser vista como la oposición a los gobiernos de Colombia. Pero ahora la oposición son Uribe y sus seguidores¿Qué opina al respecto?
C.L: No considero eso oposición como tal. Es la nostalgia del autoritarismo que acompaña siempre al expresidente Uribe y que espero que el país pueda dejar atrás. No me queda la menor duda de que están tratando de torpedear la Ley de Víctimas y otros aspectos que los diferencian del gobierno de Santos. Lo mismo en lo que tiene que ver con la negociación para dejar atrás el conflicto armado guerrillero mencionado por el presidente Santos en su discurso de posesión y en la reciente Cumbre. Es muy subjetivo y excluyente. El PDA no se siente representado ni por la política oficial del gobierno y mucho menos por la política de las FARC. Uribe si está representado por un sector muy grande del Gobierno y de los actores de poder, a Uribe no le gustaría ni le gusta oír la palabra negociación porque para él solo funciona el exterminio.
L.V: Pero es oposición…
C.L: Me preocupa muchísimo el concepto que algunos empiezan a mover que la oposición es ahora desde la derecha. Yo creo que esaes una manera de profundizar la exclusión política y de ignorar la verdadera alternativa de los sectores de izquierda que no están todos en el Polo, pero que el Polo representa. La oposición de Uribe es una oposición para poder volver al reinado de la ilegalidad.
L.V: ¿Qué ha pasado con el Estatuto de la Oposición?
C.L: Hemos mantenido una discusión permanente sobre la necesidad de establecer un verdadero Estatuto de la Oposición en Colombia. Desde el inicio de este Gobierno le planteamos al presidente Santos y luego al Ministro del Interior, que nos visitó aquí en la sede, que en la estructuración institucional hay temas de Estado y temas de gobierno. Los temas de Estado interesan a toda la comunidad estén en el gobierno o estén en la oposición. El Gobierno se ha estructurado en la Mesa de Unidad Nacional casi que con un criterio de pensamiento único y excluye de la deliberación pública no solo al Polo Democrático Alternativo que es el único partido de oposición, sino a los sectores sociales que no participan en la Mesa.
L.V: El Gobierno sabe que un Estatuto de la Oposición sin el Polo no va ¿entonces que pasa?
C.L: Todos los proyectos de reforma constitucional y de ley que tienen que ver con la estructura del Estado como el Fuero Militar o la reforma a la justicia pasan sin que haya ninguna instancia en la cual la oposición pueda participar en la elaboración, estructuración y discusión real del proyecto. En un Estatuto de Oposición nosotros planteamos el derecho a que cuando el Gobierno inicie el proceso de formulación de proyectos relacionados con la estructura del Estado se convoque a la oposición para escucharla antes de que estos lleguen al Congreso. ¿Por qué? Todos sabemos que existe la Mesa de Unidad Nacional donde se toman las determinaciones de fondo y después se despachan al Congreso de la República para que se haga el debate. Pero el centro de decisión ya no está en el Congreso de la República, este ha sido desviado al Gobierno Nacional con esa mayoría tan agobiante que se ha constituido en la Mesa de Unidad Nacional.
L.V: ¿Qué dice el Polo sobre el Fuero Penal Militar?
C.L: Cuando vimos el artículo del Fuero en la reforma a la justicia pegamos el grito en el cielo. La ampliación del Fuero y de la inmunidad de la Fuerza Pública que es lo que genera esa concepción del Fuero es un exabrupto. No solo va en contravía de los derechos internacionales y de la necesaria protección de la población civil en conflictos armados, sino que adicionalmente es una carta blanca para la impunidad de los graves delitos de lesa humanidad que ha cometido la Fuerza Pública. No lo digo institucionalmente si no los sectores de la Fuerza Pública que no son institucionales, pero que son muy amplios y que en el pasado han cometido graves violaciones de derechos humanos. Pienso que ese artículo del Fuero Militar se constituye en un dique, en un impedimento profundo para que se pueda avanzar en la negociación política del conflicto armado en Colombia y en la reparación integral de las víctimas con verdad y justicia.
L.V: ¿Cómo va la agenda frente al tema de la paz?
C.L: No hemos avanzado demasiado. Estábamos pendientes que pasara esta etapa de las liberaciones y dejar limpio el ambiente de esos temas que tienden a ser muy mediáticos, pero que a veces confunden los procedimientos. Hay que hacer un proceso de consultas y de intercambio de ideas no solo con el presidente Pastrana, sino con también con sectores de la Iglesia Católica, las otras confesiones religiosas y sobre todo los partidos políticos. Nosotros pensamos que una negociación para concretar la paz de Colombia es estratégica para la democracia del país.