Foto: archivo CNAI
Hay un conflicto histórico por la tierra y el territorio, conflicto sobre el cual medran las guerrillas, un informe del Banco Mundial del 2004 señalaba al Cauca como el segundo departamento en Colombia con mayor concentración en la tenencia de la tierra cuando se consideraba el valor de la misma, y el cuarto cuando se consideraba su extensión. A pesar de los intentos por mejorar la situación de tenencia de tierra en el Cauca en las últimas décadas, el problema lejos de mejorar se ha intensificado.
La tierra y el territorio están en el centro del conflicto, hay líderes políticos y gremios económicos como los ganaderos y de la industria azucarera quienes argumentan que los indígenas y afrocolombianos tienen demasiada tierra improductiva o en uso deficiente. Las comunidades y sus organizaciones argumentan que grandes extensiones de sus territorios están en zonas de páramo o de baja calidad. Del total de las tres millones de hectáreas en Cauca sobre las que se tiene información en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 970.395 pertenecen a territorios indígenas y comunidades afrodescendientes, lo cual equivale a que el 32% del territorio está en manos del 43,8% de la población indígena y Afro, lo cual de por si ya muestra un desequilibrio. Las movilizaciones por tierras son de larga data y se intensificaron desde los años 70, cuando los indígenas del Cauca se agruparon en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y activaron sus movilizaciones y acciones por más y mejores tierras, lo cual ha llevado a una serie de acuerdos con varios gobiernos, la gran mayoría incumplidos.
En este contexto de disputa por la tierra y modelos de desarrollo se han agudizado los conflictos entre indígenas, afros y campesinos, todos buscando tierras y de mejores condiciones, lo cual ha sido utilizado por los grandes empresarios de la caña y la palma aceitera – que ha tenido un vertiginoso crecimiento en la Costa Pacífica caucana- para promover conflictos entre comunidades y defender sus intereses. Todos le reclaman al Estado que resuelva las aspiraciones de tierra, sin que se cuestione la apropiación y vulneración de territorios que algunos empresarios y terratenientes desarrollaron de la mano de ilegales, como está ampliamente documentado en la historia regional.
Sobre una situación tensa por el acceso a tierras y posibilidades de emprendimientos productivos exitosos, se instaló la economía del narcotráfico que hoy hace presencia en el norte, centro y sur del departamento, atrayendo a los grupos ilegales que ejercen control sobre poblaciones y regulan esta economía ilegal.
Es un hecho probado que en la economía caucana hay un importante porcentaje de la renta que genera el narcotráfico, desafortunadamente no hay estudios que establezcan en cifras, esta incidencia. Grandes cantidades de víveres, mercaderías e insumos se comercian desde los centros urbanos ubicados sobre la carretera panamericana – entre ellos Popayán y Cali –, hacia poblados ubicados en la región donde se cultiva la coca y se produce la cocaína. Cabeceras municipales como El Tambo, Balboa y Argelia así como corregimientos como El Mango, Sinaí, El Plateado, Huisitó y otras pequeñas localidades, reciben recursos económicos por la dinámica del narcotráfico.
Ahora, a este complejo panorama se suma el de la expansión de la minería. En la actualidad hay 36 títulos mineros vigentes en ejecución, concedidos por Ingeominas; y el auge de la minería ilegal. La Corporación Autónoma del Cauca en un reporte de agosto de 2010, dice que: “se presentan dificultades por la presencia de maquinaría pesada para la explotación ilegal de oro y otros minerales en los municipios de Guapi, Timbiquí y López en el Litoral Pacífico como en límites de los municipios de La Sierra con El Patía y el Tambo, así como entre Suárez y Morales”.
Es de tal magnitud la expansión minera en el Cauca, en los últimos cinco años, que el CRIC y otras organizaciones se convocaron recientemente para un intercambio sobre como actuar frente a lo que valoran como una amenaza para el territorio y la cohesión de las comunidades y lo han señalado en los siguientes términos: “ Tenemos la convicción de atender el llamado de la madre tierra para detener la arremetida de las multinacionales mineras, proteger los territorios, defender las culturas y fortalecer los planes de vida”. Al viejo conflicto por el uso y usufrutuo de la tierra, se suma este “boom minero”, que no pocos conflictos ya ha generado y esta por verse si hay Estado e instituciones para desarrollar una minería socialmente equitativa y responsable ambientalmente.
En medio de estos conflictos, el movimiento Indígena agrupado en el CRIC y con especial liderazgo en los cabildos del Norte del Cauca, agrupados en la ACIN – asociación de cabildos indígenas del norte- han resistido a la vulneración de su territorio y a los atropellos de todos los actores armados, lo cual han hecho evidente con sus pronunciamientos en contra de la guerra, hablándole claramente a gobiernos y a las Farc, en el sentido de que respeten sus territorios, sus autoridades y autonomía y manifestando su desacuerdo con el camino de la violencia y llamando a solucionar este conflicto por la vía del dialogo y el entendimiento.
La consulta por la Paz, que ahora lidera el CRIC y otras organizaciones, es una buena oportunidad para seguir buscando el camino de la superación de este largo conflicto con amplias raíces en el Cauca. “Nosotros y nosotras queremos otra paz. Queremos una paz democrática. Una paz con cambios en la vida política y económica. Queremos una paz con paz. No porque pretendamos resolver en una mesa de diálogo político todos los problemas del país. Sino porque la única opción realista es acompañar el fin del conflicto armado con transformaciones importantes en las condiciones políticas y sociales de la vida nacional” dicen los convocantes a la consulta.
/ Luis Eduardo Celis