Foto: archivo CNAI
La reforma a la justicia elimina a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de investigar y sancionar al Presidente de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, sin embargo es de anotar que este órgano legislativo tiene un número de procesos abiertos que hace que la opinión pública incluso sus mismos integrantes se pregunten ¿Qué hacer con estos procesos?
Hoy día la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tiene un total de 3178 procesos radicados, de los cuales 1347 se encuentran en investigación previa y 1831 han sido archivados. Del total de procesos que se encuentran vigentes en este órgano judicial 27 son investigaciones abiertas contra el presidente Juan Manuel Santos, 289 contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, 9 en contra de la ex fiscal Vivianne Morales Hoyos, 72 en contra del exfiscal Mario Iguarán Arana, 33 en contra del exfiscal General de la Nación Guillermo Mendoza Diago y 40 contra el exfiscal Luis Camilo Osorio. Los magistrados de las altas cortes tienen procesos abiertos de la siguiente manera 317 pertenecen a miembros de la Corte Suprema de Justicia; 227 del Consejo de Estado, 66 de la Corte Constitucional y 258 del Consejo Superior de la Judicatura.
Ante la pregunta de qué hacer para que esos 1347 procesos que se encuentran abiertos en la Comisión de Acusaciones no queden en la impunidad como suele suceder con todo lo que este órgano legislativo tiene en sus manos, el Representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo, Germán Navas Talero cree que “se debe hacer un alto en el camino y pensar muy bien las cosas, antes de reformar la justicia, porque estamos hablando de procesos serios y delicados como por ejemplo el carrusel de las pensiones y las chuzadas durante el gobierno del expresidente Uribe”.
El Representante a la Cámara Yahir Acuña miembro de la Comisión de Acusaciones, quien estima que no habrá impunidad, porque estas personas se les seguirá el debido proceso con la nueva reglamentación.
Con la desaparición de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la reforma propone la creación de una comisión de aforados integrada por nueve miembros, entre los cuales se encuentran abogados con más de 30 años de experiencia y magistrados que podrán ser ternados. Dicha comisión tendrá la responsabilidad de entregar un informe a la Cámara de Representantes, para que esta a su vez decidan si determinado funcionario es declarado indigno de ejercer labores públicas o no, para luego remitir el proceso a la Corte Suprema de Justicia donde se llevará a cabo la investigación y posterior fallo judicial si se es encontrado culpable. Sin embargo es de aclarar que cuando se trate del Presidente de la República, el juez natural seguirá siendo la Cámara de Representantes.
A este debate de la reforma de la justicia le falta poco para volverse realidad, situación que preocupa a algunos miembros del congreso porque según ellos, “en la Cámara de Representantes se encuentran agazapados parlamentarios, en su mayoría de corte uribista que no les gusta la idea que la Comisión de Acusaciones sea eliminada, y podrían modificar el texto, evitando que se les dé el tratamiento adecuado a los procesos vigentes que pasarían al nuevo sistema judicial.
El tema no es fácil, aseguró Alfredo Bocanegra, representante conservador e integrante de la Comisión de Acusaciones, “porque son procesos que le fueron entregados a un órgano político que no cuenta con la infraestructura que se requiere para ejercer funciones judiciales”. El congresista estima que a la comisión de aforados que se creará con la entrada en vigencia de la reforma a la justicia se le deben entregar estos procesos para que surtan trámite en ella y decida si la remite a un tribunal judicial o no.
/ Oscar Fernando Sevillano