Foto: archivo CNAI
Los Cerros Orientales de Bogotá, considerados como el “pulmón de la ciudad”, por ser el sitio donde no solo existe una gran variedad de plantas y animales, sino además donde nacen ríos y quebradas, en la actualidad se encuentran sin una autoridad que los controle, por cuenta de la demora en un fallo de última instancia del Consejo de Estado que debe definir si deja la zona como reserva ambiental o reafirma la delimitación realizada por el Ministerio de Medio Ambiente expedida bajo la resolución No 463 de 2005, que legaliza 973 hectáreas que han sido construidas por urbanizadores legalmente establecidos y por habitantes de bajos recursos que se asentaron en esta zona de la ciudad en barrios de invasión.
El problema comenzó con las obras civiles que le fueron quitando espacio a la reserva natural que contaba con un total de 14.170 hectáreas, que atraviesan las localidades Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal y Usme. Un total de 248 barrios de los cuales 67 están en proceso de legalización. Todas estas construcciones fueron avaladas desde tiempo atrás por la Superintendencia de Notariado y Registro a quien, según un informe de la Personería de 2007, no se le comunicó oportunamente la decisión tomada por el Ministerio de Agricultura en la que define el área como reserva forestal mediante la resolución no 76 del 31 de marzo de 1977. Por tanto la entidad de control no advirtió a los propietarios de cada uno de estos predios que tal decisión ambiental restringía el uso de los bienes inmuebles asociados.
A lo anterior se suma el deterioro ambiental de varías áreas por la explotación de canteras, lo que dio lugar a la resolución 463 del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expedida en abril de 2005, mediante la cual reglamenta las 973 hectáreas construidas en los Cerros Orientales dándoles carácter urbano, denominándolas como “Franja de Adecuación”, estableciéndolas como límite entre la ciudad y la reserva forestal. Dicha resolución fue demandada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien mediante un fallo emitido en septiembre de 2006, avala la re-delimitación que hizo el Ministerio de Ambiente; revoca las licencias de construcción de obras que hasta ese entonces no se habían ejecutado y ordena al Departamento de Planeación Distrital, hoy Secretaría, que expropie los predios privados que se requieran para hacer un sendero ecológico y deportivo de 42 kilómetros que atraviese los cerros desde la quebrada Yomasa, en Usme, hasta la calle 220, en el norte de Bogotá. Además de lo anterior la sentencia pide la reubicación de las familias que se encuentran asentadas en zonas de alto riesgo.
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es apelado en última instancia ante el Consejo de Estado, quien hasta la fecha no ha emitido concepto alguno, y por lo cual la Concejal del Partido Verde Angélica Lozano reclama prontitud, para saber cuáles son las reglas de juego a través de las cuales se deben emitir políticas claras en los Cerros Orientales.
Desgobierno
Los Cerros Orientales de Bogotá hoy no solo se encuentran sin reglas claras de manejo ambiental y urbano, sino además con varias entidades de distinto orden que están al frente de su cuidado, pero sin coordinarse la una con la otra. De lo anterior hacen entidades no solo del orden distrital, sino también departamental y nacional, así por ejemplo:
En lo que corresponde al Distrito Capital, la Secretaría de Medio Ambiente tiene la responsabilidad de fijar las políticas de servicios públicos; el acueducto de Bogotá es el dueño de la mayor parte de los predios, la Secretaría de Habitat, la Caja Popular de Vivienda, la Dirección Distrital de Catastro y el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, fijan las reglas en lo que tiene que ver con vivienda y hábitat; el Instituto Distrital de Recreación y Deportes le corresponde el manejo de parques y por último el Jardín Botánico cuida de la arborización y recursos naturales. El departamento de Cundinamarca a través de la Corporación Autónoma Regional CAR maneja la parte ambientales y por último la nación a través del Ministerio de Medio Ambiente fija las políticas. Sin olvidar que la vigilancia y control en seguridad y convivencia la ejercen las alcaldías locales en coordinación con la Policía.
La anterior carga burocrática provocó un desgobierno en la reserva forestal que no permite a la ciudadanía conocer hasta dónde va la responsabilidad de cada una de estas, ni que le corresponde a cada quien, lo que a su vez permitió que tras esto se colara la inseguridad que hoy se vive en los Cerros Orientales, los que le sirven de refugio a los integrantes de la banda Los Pascuales en la localidad de Usaquén y son tomados como escondedero por la delincuencia común en lo parte que corresponde al Parque Nacional y las localidades de Usme, La Candelaria y Chapinero, según estudios del Observatorio de Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris.
A este desorden administrativo se suma la Policía quien debería coordinar las acciones de seguridad y convivencia con las alcaldías locales de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, la Candelaria, San Cristóbal, Santa fe y Usme, a través de la Dirección de Carabineros de Bogotá, a quien le corresponde actuar sobre la zona rural de la capital. Sin embargo este organismo no ejecuta acciones contra la delincuencia sobre los Cerros Orientales en conjunto con la Policía de Bogotá, entre otras porque la ciudad no ha tenido una política clara de seguridad para este tipo de eventualidades, según Bernardo Pérez experto en temas de seguridad y convivencia de la Corporación Nuevo Arco Iris.
Es claro entonces que mientras no se fijen unas políticas claras que permitan conocer las reglas que rigen los Cerros Orientales de Bogotá, estos seguirán a la deriva por la burocracia creada en todas las entidades que los manejan y que ha permitido que por ahí se cuele la inseguridad que en ellos se vive.
/ Oscar Sevillano