Con el ánimo de rescatar a la dirigencia política procesada penalmente, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos usó, como caballo de Troya, una Reforma a la justicia. Reforma que inició su periplo constituyente como una garantía para el acceso ciudadano a la justicia y terminó como un simple y vulgar fuero de impunidad y privilegios para legisladores y magistrados.
El Presidente Santos, otrora Ministro de Defensa del ex Presidente Uribe V., trasladó la estrategia, es decir, el arte de dirigir las operaciones militares a la política. Encubrió la reforma política y unos privilegios con el nombre pomposo de Reforma a la justicia, como cuando etiquetó la operación jaque como una misión humanitaria con símbolos de la Cruz Roja.
El resultado fue un desafuero, un acto contrario a la Constitución y a la ley por el que debiera responder no solo políticamente sino también, de forma penal y disciplinaria.
El affaire de la reforma a la justicia confirma la militarización de la política en Colombia. El desafuero de la justicia parece una notificación de que la guerra existe no por las partes públicamente enfrentadas sino por la voluntad de vivir en conflicto. Y es que además de la guerra evidente contra las Farc existe una guerra camuflada contra el Estado Social de Derecho.
Queda claro que la parte a derrotar en este conflicto soterrado no son las Farc ni el narcotráfico. En Colombia existe una guerra, que una parte denomina guerra jurídica para borrar la Constitución Política de 1991.
El desafuero a la justicia pretendía blindar a una de las partes del conflicto armado, que hace la guerra, o como diría Carl Schmidt, la política por otros medios. La Reforma a la justicia no fue un resultado del descuido de un Ministro de Justicia sino un acto bélico deliberado contra la Constitución Política de 1991.
/ Por Rafael Rincón
Abogado, docente universitario.