Foto: tomada de notiwayuu.blogspot.com
/ Por Álvaro Delgado. Vinieron doce personas a Bogotá para denunciar, con base en pruebas. Ante la Fiscalía General y ante la Directora General de Fiscalías hicimos la respectiva denuncia, con documento firmado por líderes la semana pasada. Hubo presencia ante la Corte Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, en sectores del Senado y la Cámara, en cinco embajadas, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Suiza, además de nueve agencias internacionales de derechos humanos. El ministro del Interior y la viceministra nos atendieron antenoche (26 de junio), y allí denunciamos al funcionario de tercero o cuarto rango del ministerio, jefe de la “consulta previa”.
La viceministra dice que van a estudiar el caso. Nuestro interés es que las consultas previas se declaren inválidas, por los mecanismos fraudulentos que utilizaron para la disección o fragmentación del pueblo wayúu en comunidades, luego en grupos, en pequeños grupos, luego en personas, haciendo consultas personalizadas, violando el propósito de la norma superior de consultaprevia, que ordena el Convenio 169 de 1989 de la OIT, ratificado en la Ley 21 de 1991.
Segunda parte del relato de Cira Eneida Ortiz sobre el proyecto de desvío del cauce del río Ranchería. Relata la gestión hecha en Bogotá por un grupo de activistas sociales guajiros, en junio de 2012.
A nuestro juicio,el gobierno no está siendo presionado por las empresas. En un acto de doblegación económica, están siendo permisivos con el país y han omitido la responsabilidad institucional que tienen en la protección de los derechos de poblaciones indígenas y tribales en los territorios de explotación de los recursos naturales. El gobierno quiere más ingresos a costa de lo que sea. Cada gobernante quiere sacar lucro político y económico. Esta postura no es gratuita. Es un afán de los gobernantes de aprovechar su momento, y el que venga atrás, que arree.
En este momento el gobierno les brinda todo el amparo a las empresas, les legitima los actos de figuras fraudulentas de la legalidad, y también les brinda apoyo en componente militar. El Mindefensa tiene 72 convenios con empresas nacionales y transnacionales. Hay acuerdo para la explotación de estas riquezas, cosa de la cual carecemos nosotros los ciudadanos.
Tenemos tresdías de estar en la mesa de concertación nacional permanente con altos funcionarios del gobierno,directores de Departamento, ministerios de Minas, del Interior, del Medio Ambiente, de Agricultura. En el Club del Nogal hubo un acto suntuoso con ministros de Minas, Hacienda y Medio Ambiente y con mineros de Argentina, Japón,Perú yMéxico. El lamento de las comunidades es que el gobierno no cumple y parece un convidado de piedra. Mientras hay lamentos de comunidades, hoy un funcionario de Planeación leyó un decreto que reglamenta las actividades de las Ocad, una figura de poder administrativo que excluye a los indígenas. Allí las comunidades indígenas tienen derecho a un solo miembro, que tiene voz más no voto. La organización afrocolombiana está desmembrada. Sus líderes más destacados lograron algunas ocupaciones en los espacios de la política nacional, en la distribución de los recursos, y hoy están contratados por el gobierno. Hacen parte del gobierno. Se acabó la vocería.
Es un afán de distribuir y no quedarse por fuera de la torta de la burocracia y del componente económico, sin prever qué pasa con el país, la nación, el Estado. Hacen todo el ruidoposible y tienen arreglado todo. Como líder de mi región, como dirigente social, como mujer espiritual y no religiosa, con un nivel de gran responsabilidad con la esfera, con el universo, vamos a luchar hasta donde podamos, sin sacrificar nuestras vidas, entre la legitimidad del derecho.
En Colombia ha pasado algo, como es la develación de grandes delitos del narcotráfico, etc. Se han rasgado los velos, las Cortes se han pronunciado. No se puede perder todo. Hay una sincronización cósmica del universo y la vida es un componente de la naturaleza. No somos cosas sueltas en el universo, somos un componente engranado con toda la naturaleza.
Vamos en la lucha legal hasta donde sea posible. No utilizaremos las vías de hecho, agotaremos todas las instancias sin temor alguno de lo que van a hacer de nosotros: las disciplinarias, las legales, la administrativa, la judicial, para rescatar lo que nos corresponde: que nos indemnicen de los perjuicios. Y es posible que podamos frenar el desvío el río, aunque la empresa minera tiene ya montado búnker con todo el personal necesario, y Roberto Junguito Pombo, puesto de gerente en El Cerrejón a cambio de un experto en minería. Se dice que por ser hijo de un exministro maneja las relaciones políticas, y que ha afirmado –se dice– que él llegó a montar el desvío del río, y que eso va.
La Guajira ha reaccionado, hay un sector comprometido con la empresa pero es mínimo. El río es un recurso de interés público. La empresa entraría a regular las aguas del río como recurso de propiedad privada y el gobierno le concesionó todo para lo que quieran, con todas las arbitrariedades, los atropellos, las aberrantes disposiciones ambientales, ecológicas. Hay un componente de estímulo económico, que hace que el gobierno de turno conceda a las empresas mineras el no pago de obligados tributos.
Hay afectación de la vida de los pueblos, desconocimiento de la normatividad superior, los pactos y acuerdos internacionales de protección de nuestros derechos fundamentales, según el artículo 93 de la Constitución Nacional. Si hay que denunciar a esos magistrados, que denuncien. La firma de actas fue un acto viciado y por eso tratamos de que se tumbe. No se han ajustado al debido proceso. Se han aprovechadodel hambre y la falta de información, y de las necesidades económicas de la gente. Ellos dicen que “va a haber impactos negativos, pero les vamos a pagar”. Aprovechan que la cultura del guajiro dice que el que hace un daño lo paga. En guerras de sangre hay un cobro y se arregla el problema. Entre wayúus se paga con especies; cada grado de afectación tiene un grado representativo en especies, collares, dependiendo del daño.
Cursa una tutela que va a llegar a la Corte Constitucional para pedir la defensa del río Ranchería. Muchos sectores están comprometidos enla defensa de esta causa: académicos, políticos, profesionales, gente del pueblo raso. El sindicato de trabajadores del Cerrejón se pronunció al respecto en asamblea, lo mismo que científicos nacionales. Esperamos el pronunciamiento de las embajadas a las que corresponden las empresas asociadas a Cerrejón: suiza, inglesa, surafricana, canadiense, estadounidense. El propósito no es solamente el río. La empresa piensa desaparecer el arroyo del Bruno, que es muy importante en el riego de cultivos, el arroyo Tirojoncito, el Palomino y otros no identificados por nosotros, que son afectados por la expansión minera. Otro amenazado es el arroyo Cañaverales, por la empresa CCX, antes MPX. Esta tiene concesionadas también 70.000 hectáreas.
Se comenta que va a doblar la producción del Cerrejón. Van a atravesar el centro y el noroccidente de La Guajiracon el tren de carga, afectando a siete municipios en unos doscientos kilómetros. El tren del carbón,además del ruido, va a ensuciar más la naturaleza, atropellar animales, personas. Hay más de doscientos wayúus atropellados por el tren en lo que va de abierto y nadie asume la responsabilidad. Dicen que se tiraron al tren para que los “pagaran”.
Hace días el ministro de Medio Ambiente estuvo en La Guajira y un medio le hizo un reportaje. Le preguntaron sobre el desvío del río. Y cuando se dice que hay 103 comunidades ya de acuerdo, él dice no conocer el proyecto porque no ha llegado a su despacho. El ministrode Ambiente otorga la licencia ambiental, el de Minas hace la concesión y el deHaciendaregala los tributos que le corresponden al Estado colombiano y hace las concesiones a las empresas mineras. Tengo un CD [disco compacto] con esa denuncia.
La esperanza que queda es ir a la decisión y expresar su oposición con el apoyo académico: Universidad Nacional, científicos y organizaciones mundiales. No puede aprobarse una cosa con 30 o 35 por ciento de oposición. Así se podrá anular la consulta previa, porque está viciada de nulidad.