Futuro de la locomotora minero-energética de Juan Manuel Santos

Foto: Giovanni Moreno C.

Por / Hernando Castro Prieto* El gobierno de Juan Manuel Santos cumplió el pasado 7 de agosto de 2012 dos años de ejercicio de sus funciones. Cuando tuvo lugar su posesión y, éste hizo públicas sus políticas, las caracterizó como un proyecto de “prosperidad democrática” que estaría jalonado por cinco “locomotoras”.

Como “locomotora minero-energética” decidió caracterizar al sector mineroenergético, para el cual el gobierno del liberal Eduardo Santos crearía el Ministerio de Minas y Petróleos en el año de 1940 (República de Colombia, 1940), avizorando que sería éste el que le permitiría al país enfrentar la crisis mundial sobreviniente a la segunda guerra mundial. Éste mismo sector, si tenemos en cuenta que la historia minera del país se remonta a la colonia, es el que a lo largo de la historia de Colombia ha sido el corazón del desarrollo económico por ser el más importante dentro del sector real de la economía nacional, representando para 2010 alrededor del 93% de las exportaciones tradicionales del país (Proexport, 2012).

Cuando el presidente Eduardo Santos – uno de los precursores de la República Liberal – creó el ministerio de Minas y de Petróleos, él mismo allanó el camino para la nacionalización y puesta en marcha de la industria minera y de hidrocarburos en Colombia por cuenta de los colombianos, ya que seguido al Decreto 968 del 40 mediante el cual se da creación al ministerio del sector, sobrevendrían normas tan importantes como las que dan lugar a la creación de Ecopetrol en la década del 50 y a las empresas del carbón que se fusionarían posteriormente en la nacional minera Minercol, y posteriormente, a la proscripción de los contratos de concesión por los de asociación en el año de 1974. Sin embargo, a finales del siglo XX y en ésta primera década del siglo XXI, el país ha venido dando un lamentable giro en sus aspiraciones de progreso tomando la ruta de la privatización y, abandonando la ruta de fortalecimiento y crecimiento industrial de ánimo nacionalista que se habría emprendido desde tiempos de la República Liberal.

Hoy el país transita por la ruta de la privatización del sector minero-energético trazada desde el gobierno Uribe, durante el cual tuvo lugar la liquidación y privatización de la nacional minera Minercol mediante el Decreto 254 de 2004; se revivieron los contratos por concesión en minería y en hidrocarburos mediante el Decreto 1760 de 2003; y se redujo la participación de la nación en las regalías de la renta mineroenergética mediante la ley 756 de 2002. En resumen, las dos más grandes afectaciones al sector minero energético del país tras el gobierno Uribe son: la reducción en la participación de las regalías de la renta minero-energética y la restructuración de los modelos de contratación retornando a los viejos y caducos contratos de concesión escindiendo las facultades de administración de los mismos por las empresas estatales y, adjudicando éstas funciones a unidades administrativas especiales denominadas agencias.

Así pues el gobierno del actual Juan Manuel Santos tiene que resolver desde su posesión una interesante dicotomía frente al sector minero-energético: conservar y continuar la nefasta herencia que recibe del gobierno Uribe en el cual prácticamente se desmanteló la infraestructura y la industria minera nacional y se afectó críticamente la de los hidrocarburos, es decir, cuidar los huevos podridos que deja el gobierno de la seguridad democrática o cuidar la herencia de la República Liberal en la que participó Eduardo Santos, y de la que nos quedan aún los más importantes baluartes para el desarrollo del país, entre los que no sólo se encuentra la industria del sector minero-energético con la insigne Ecopetrol, sino también las universidades más importantes del país, los Andes y la Nacional.

El Gobierno enfrenta una dicotomía de fondo, según el investigador Hernando Castro Prieto. Santos “tendrá que definir cuál es la verdadera herencia que le corresponde cuidar y conservar, si la de la República Liberal o la cuestionada herencia de la seguridad democrática”. En este análisis, se exponen los argumentos de esta tesis, que implican el futuro del país.

El gobierno Santos se ha mostrado seguidor y continuador de la tendencia general de privatización del sector minero-energético en su política. En esencia de la política de confianza inversionista, estímulos a la inversión extranjera, redefinición de los modelos de contratación minera y de hidrocarburos y, ahora también, una profunda redefinición al régimen de regalías. Lo que se ha denominado como “locomotora mineroenergética”, en la práctica, ha traído como fruto la homologación del contrato minero con el de hidrocarburos al crearse la Agencia Nacional Minera, lo que ha implicado la concesión de varias decenas de millones de kilómetros cuadrados del territorio de la nación a empresas en su mayoría transnacionales y, la redefinición del sistema de regalías eliminándose la antigua concepción de un sistema de regalías directas e indirectas, por un sistema general de regalías que centraliza las regalías en seis fondos de carácter nacional.

De fondo, más que discutir el problema de las regalías, está la discusión sobre la participación de la nación en la renta mineroenergética, para lo cual el contar con un fuerte industria nacional tanto de orden estatal como privado garantiza la apropiación nacional de los frutos de la explotación del sector. El gobierno del actual Santos parece mirar en otra vía ya que la normativa expedida por el éste no sólo continua desarrollando el espíritu privatizador del anterior gobierno, sino que además parece responder de mejor manera a los intereses de los operadores transnacionales que a los anhelos de desarrollo de la nación colombiana.

Hoy el gobierno Santos se encuentra ad portas de resolver dos importantes debates; uno es el cómo se garantizará el más optimo manejo de los recursos de las regalías mediante el nuevo sistema general de regalías diseñado por Juan Carlos Echeverry y; el otro, es establecer con claridad que es eso de la responsabilidad empresarial para los operadores mineroenergéticos y cómo se garantiza que las operaciones realmente lleven desarrollo a las comunidades directamente afectadas por los proyectos del sector reglamentando los “programas de beneficio a las comunidades” dentro de las operaciones de hidrocarburos y, estableciendo reglas claras para la responsabilidad social de las operaciones mineras.

Por otro lado, está el fuerte cuestionamiento que los proyectos mineroenergéticos están generando alrededor del mundo en razón de los impactos ambientales que éstos implican, por tal motivo, hablar de desarrollo sostenible y sustentable se hace cada vez más importante y el actual gobierno no es muy claro en su discurso frente a ello. El hecho originado por la comunidad de Santurbán demuestra el alto grado de conciencia que ha ido alcanzando la sociedad colombiana frente al valor de sus recursos naturales y sus fuentes hídricas, las cuales son irremplazables y son la garantía de la vida no sólo para los colombianos sino para la especie humana en general.

Así pues, el gobierno Santos tendrá que definir cuál es la verdadera herencia que le corresponde cuidar y conservar, si la de la República Liberal o la cuestionada herencia de la seguridad democrática que en muchas ocasiones raya con el crimen y ha tenido como destino la prisión para muchos de sus ejecutores. Asimismo, tendrá que definir el cómo la operación de las empresas con el nuevo sistema general de regalías y el debate sobre los “programas de beneficio a las comunidades” garantizarán progreso y desarrollo humano, económico y social no sólo para las comunidades directamente afectadas por los proyectos mineroenergéticos, sino para la nación en general. Del mismo modo, deberá ser más categórico frente a su política ambiental y tomar una postura clara frente a la defensa del patrimonio ambiental de la nación, garantía de vida para ésta y las futuras generaciones de colombianos.

* Abogado investigador UNIJUS – GISDE | Universidad Nacional de Colombia