Foto: performance de la Fundación Rayuela de ‘Heriberto de la Calle’, el lustrabotas interpetado por Jaime Garzón. | Giovanni Moreno C.
El 13 de agosto de 1999 el país se conmovió con el asesinato de Jaime Garzón, uno de los más grandes humoristas que han hecho historia en Colombia. A partir de ese momento, y hasta la fecha, la justicia busca dar con los móviles del crimen que terminó con la vida de este personaje que, entre chiste y chiste, destapaba uno que otro hecho de la vida nacional, algo que incomodaba a más de uno.
Uno de los más inquietos con el humor de Garzón fue José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, quien, para esa época, ya tenía tratos con el estado mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), particularmente con Carlos Castaño Gil.
Pese a que Narváez fue llamado a juicio tras ser considerado uno de los autores intelectuales del asesinato del humorista, el proceso, después de trece años, no ha logrado mayores avances porque las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación no han logrado identificar con exactitud los hechos que se movieron alrededor de este crimen. Al exsubdirector del DAS también se le acusa de asesorar a las Auc y de instigar el asesinato de Manuel Cepeda, Senador de la Unión Patriótica.
A pesar de que Narváez se encuentra detenido y llamado a juicio, y que el proceso apunte a una condena, todavía hay muchas preguntas por resolver en cuanto al crimen de Garzón. Por ejemplo, ¿quién o quiénes más estuvieron detrás de las acciones de este? Es claro que para cometer una acción de estas se necesita toda una empresa criminal que facilite la operación.
¿Qué personas desde instancias gubernamentales y fuerzas de seguridad estatales participaron en el crimen del humorista? ¿Por qué no avanza el proceso penal contra la única persona que está involucrada? Estos y otros interrogantes están en el aire hoy, cuando se recuerda el vil asesinato de un humorista que, entre chiste y chiste, señalaba las arbitrariedades del poder.
A la Fiscalía le corresponde establecer la veracidad de una posible participación de militares como el coronel Jorge Eliecer Plazas Acevedo del B2 del Ejército, encargado de la inteligencia militar en aquel entonces, como lo aseguró Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, en uno de sus testimonios ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.
En ese mismo sentido se debe esclarecer qué otras personas del DAS participaron en el asesinato y, sobre todo, si más personajes de la vida nacional estuvieron detrás del crimen y qué intereses había para que Garzón fuera eliminado, más allá de considerarlo como “aliado” de la guerrilla.
Las versiones de los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y Rodrigo Tobar Pupo alias ‘Jorge 40’, coinciden en señalar a Narváez como la persona que instigó el crimen. Según ellos, el exfuncionario del DAS les llevaba información de primera mano sobre los desplazamientos y esquemas de seguridad de políticos, periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales considerados como blancos de las autodefensas, valiéndose de su cercanía con la cúpula militar y de su labor como asesor del Ministerio de Defensa en temas de inteligencia, lo que le daba facilidad para acceder a información privilegiada.
Garzón fue asesinado cuando se dirigía a las instalaciones de la emisora Radionet en Bogotá, donde prestaba sus servicios como periodista. Durante el recorrido de su casa a su sitio de trabajo se le acercaron hombres de la banda la Terraza, enviados por Carlos Castaño y ‘Don Berna’ hasta la ciudad de Bogotá para cometer el crimen.
En el año 2004 se dictó condena contra el vocero político de las AUC, Carlos Castaño Gil, como uno de los autores intelectual del hecho. El fallo nunca se hizo efectivo, y el mismo año de la decisión judicial el líder paramilitar fue asesinado.
Familiares y amigos del periodista Jaime Garzón conmemoran el aniversario número 13 del asesinato a manos de los paramilitares en Colombia y reclaman que no se siga dilatando el proceso judicial.
/ Oscar Fernando Sevillano