Foto: archivo CNAI
/ Por Oscar Fernando Sevillano. Cuando Volmar Pérez fue elegido Defensor del Pueblo en el 2004 esta institución se convirtió en un actor marginal en el debate público nacional. Las políticas estatales para la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, que por mandato constitucional deben ser articuladas por esa agencia del Ministerio Público, perdieron claridad, fuerza y visibilidad.
Pérez no tuvo la suficiente independencia y capacidad de liderazgo para asumir posturas a favor de los colombianos en momentos en que el paramilitarismo ejerció el proselitismo armado para llevar a su fichas al Congreso de la República; el DAS realizó seguimientos ilegales a periodistas y políticos de oposición; las FARC aumentaron los campos minados en municipios y veredas como bien lo han documentado distintas organizaciones de derechos humanos; el secuestro y la extorsión hacían de las suyas en campos y ciudades; y la corrupción se tomó el sistema de salud.
Según dijeron funcionarios de la entidad que hablaron para Arcoiris.com, como Marta Cecilia Reina presidenta del Sindicato de la Defensoría del Pueblo, lo primero que debe hacer el nuevo defensor es nombrar personal en las oficinas que en estos momentos se encuentran bajo encargo como sucede con Hernando Toro, coordinador de la oficina para la atención del desplazado forzado, quien lleva tres años ejerciendo esta labor por encargo y fue nombrado también como director de promoción y divulgación nacional. Según la funcionaria, “esta es una tarea bastante delicada, en donde se deben tomar decisiones difíciles, como para que no exista una persona en propiedad al frente de esta labor”.
El primer reto que debe asumir Jorge Armando Otálora desde el momento en que comience a ejercer su tarea como nuevo Defensor del Pueblo, es devolverle a esa entidad el protagonismo nacional y asumir con seriedad la defensa y protección de los derechos humanos.
Por otro lado, el que la Defensoría del Pueblo no haya tomado la vocería o no haya dado las alertas tempranas en situaciones de orden público como las vividas en el departamento del Cauca, Córdoba, Antioquia, Arauca y Nariño, y siempre haya tenido que ir detrás de las denuncias en los medios de comunicaciones o de las organizaciones de derechos humanos, en parte se debe a que no existen las condiciones en materia de infraestructura tecnológica para que la labor que se ejerce en el nivel regional, desemboque en este tipo de acciones.
Según lo manifestaron funcionarios de la entidad, la primera falla se encuentra en el sistema de información con el cual trabaja la Defensoría del Pueblo, en el que deben procesar los datos que recogen en el trabajo de campo y en las oficinas regionales, para darle el trámite adecuado según corresponda el tema (oficina de quejas, Sistema de Alertas Tempranas, asuntos para la niñez, mujeres, etc.), y elaborar un diagnóstico de lo que sucede en los distintos temas que se trabaja en la institución en las 36 sedes regionales.
Lo anterior hace que en ocasiones los tiempos de trabajo se retrasen. Según la presidenta del sindicato, algunas veces los funcionarios deban trabajar en horas de la madrugada con el ánimo de mantener el normal funcionamiento de los trámites en la entidad, y así no se tengan que retrasar los pagos de los trabajadores, como le ocurrió a ella misma en los últimos meses.
Por otro lado, también se debe reforzar la infraestructura en la planta física de las oficinas regionales. Según denuncias de sus mismos funcionarios que piden omitir sus nombres, algunas no cuentan con las condiciones adecuadas como para que toda una entidad de carácter público labore. “La seccional Bolívar por ejemplo, se encuentra en una casa en arriendo, en donde los trabajadores deben buscar el espacio adecuado para atender a los ciudadanos”, afirma la líder sindical.
Las cosas en la seccional Quibdó no son mejores. Se encuentra en una casa que no es propiedad de la institución; los computadores funcionan a media marcha porque no se les ha actualizado el software y el hacinamiento en esta oficina se encuentra a pedir de boca.
La Defensoría del Pueblo es una entidad que cuenta con un presupuesto de 300 mil millones de pesos al año aproximadamente, por lo que no se entiende el porqué de estas falencias que terminan dando al traste con el normal funcionamiento de una institución que debe ser la primera en alertar a las autoridades nacionales de los problemas sociales que padecen los colombianos y servir de garante en la defensa por los derechos humanos en todos los rincones del país.
Por lo anterior, el nuevo Defensor del Pueblo deberá trabajar por mejorar estos aspectos como los denunciados por los mismos funcionarios y sacarla del limbo en la que se encuentra, rescatándola de manos de la politiquería y el amiguismo en que estuvo sometida durante los últimos ocho años.