Foto: Giovanni Moreno C.
Una de las apuestas que con mayor decisión asumió la administración del presidente Juan Manuel Santos, y que lo diferenció de su antecesor, fue el tratamiento de la problemática de las víctimas en Colombia. Desde su posesión, hizo público su compromiso por impulsar y apoyar el proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que, sin el apoyo del entonces presidente Álvaro Uribe, se había hundido en la última legislatura del 2009.
Una vez aprobada en el Congreso, en su discurso de sanción de la ley, el Presidente dijo: “Hoy es un día de esperanza nacional en el que no sólo los colombianos sino el mundo entero son testigos del propósito de un Estado que –en nombre de la sociedad- está dispuesto a pagar una deuda moral, una deuda largamente aplazada, con las víctimas de una violencia que tiene que terminar, ¡que vamos a terminar!”.
En ese intervención, y con respecto a las víctimas del conflicto armado, Santos agregó: “Es ahora cuando se pone a prueba la capacidad y la voluntad no sólo del Estado, sino de toda la sociedad colombiana, para cumplirles a las víctimas, a esos cientos de miles de colombianos que han perdido sus seres queridos, su salud o sus tierras por causa del conflicto”.
Y es cierto. Durante el primer año de la ley se ha puesto a prueba la capacidad del Estado para realizar el despliegue de la política pública de víctimas, para crear o transformar la institucionalidad, para descentralizar su aplicación y, sobre todo, para responder a las expectativas de las víctimas, de sus asociaciones y de las organizaciones no gubernamentales a las que el Presidente agradeció “ no sólo por sus aportes a esta ley, sino por su esfuerzo continuo y denodado por hacer valer las voces de tantos colombianos que si no fuera por ustedes se habrían esfumado en el silencio”.
Durante su discurso, el Presidente se comprometió a priorizar cinco ejes en los que comenzaría a trabajar de manera inmediata: “Este mismo año (2011) se pondrá en marcha una puerta de entrada ágil y digna con el Registro Único de Víctimas, se divulgarán los beneficios de la ley, y comenzará la orientación a las víctimas, al tiempo que creamos la nueva institucionalidad. Todo esto debe estar listo antes de terminar el 2011. También en los próximos 6 meses debemos reglamentar e implementar asuntos cruciales para el proceso de atención y reparación a las víctimas como los programas de atención psicosocial y de salud mental, las acciones de restitución de tierras, las medidas de reparación colectiva y la participación efectiva de las víctimas”.
Ese mismo día, anunció que se estaba diseñando el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas y prometió que, en el primer año de ejecución de la ley (2011), repararían a “por lo menos 25 mil hogares víctimas a través de la indemnización administrativa y tendremos al menos 20 mil familias que retornan a sus lugares de origen con un incentivo y acompañamiento para su reparación colectiva”.
Evidentemente, ha sido un primer año de adecuación institucional. En términos de reglamentación de la ley, creemos que el balance es positivo: nueve decretos reglamentarios, tres de ellos acogiendo la consulta previa; la capacidad de incidencia y buen funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Congreso de la República a la ley, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y de víctimas; la definición de un CONPES de Víctimas; y la restructuración de tres entidades fundamentales para el proceso de implementación de la ley.
La aplicación de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es una de las principales apuestas del actual Gobierno nacional. Sin embargo, a pesar de algunos logros iniciales, aún falta mucho por recorrer para satisfacer plenamente a las miles de personas afectadas. Arco Iris presenta un análisis detallado de cómo va su ejecución, mostrando sus dos rostros.
En el tema de víctimas, se han reportado 94.850 declaraciones que remitió el Ministerio Público a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas para valoración e inclusión en el Registro Único de Víctimas. En reparaciones, a julio 31 de 2012, 55.650 víctimas fueron indemnizadas con una inversión de 330.000 millones de pesos. Se vincularon 16.700 hogares a la estrategia de retorno con acompañamiento y 1.150 entraron a la ruta de reparación integral con un plan individual de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos recibidos. En reparación colectiva, se iniciaron acciones en cuatro zonas priorizadas: El Salado, Bolívar; Libertad, Sucre; Bahía Portete, Guajira; y en El Tigre, Putumayo.
Por su parte, el Proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada por la Violencia que formaba parte de las iniciativas de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL) pasó a ser una entidad especializada de carácter temporal, llamada Unidad Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente.
Durante el primer año de vigencia de la ley, y con base en el mapa del despojo, esta Unidad ha adecuado 17 oficinas regionales y preparado aproximadamente 50 funcionarios; además, ha recibido 17.303 solicitudes de registro de las 360.000 estimadas; se establecieron, con la aprobación del Consejo Nacional de Seguridad, 12 macro-zonas de intervención al interior de las cuales se micro-focalizaron algunos municipios, teniendo en cuenta la magnitud del despojo y las condiciones de seguridad.
Adicional a todo ello, se han presentado 17 solicitudes de restitución del caso de Mampuján, Bolívar; 24 solicitudes de restitución del caso emblemático del municipio de Chibolo, Magdalena; y 47 del corregimiento de Pichilín en el municipio de Morroa, Sucre. En términos Judiciales, el Consejo Superior dela Judicaturaha nombrado 22 Jueces Civiles de Circuito, un Juez itinerante y 15 cargos de Magistrados aglutinados en 5 Tribunales, todos con su respectiva planta de empleados.
En el tema de Memoria Histórica se ratifica el enfoque y pasa de ser Grupo de Memoria de la CNRR (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación) creada por la ley 975 de2005, aCentro de Memoria Histórica como establecimiento público del orden nacional, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cuyo objeto es reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Respecto al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, cuya implementación corresponde al Ministerio de Protección Social, se reporta que dicha entidad conformó un comité institucional para la salud y protección social de las víctimas del conflicto armado que elaboró un protocolo de salud con enfoque psicosocial; un programa de atención psicosocial y salud integral; medidas de monitoreo y seguimiento de la atención integral en salud y psicosocial. Los desarrollos y avances del Ministerio de Salud y Protección Social fueron incorporados dentro del documento COMPES 3726 de 2012 que fija el Plan Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado.
Pobres resultados
Si bien ha sido un año para ajustar las estructuras gubernamentales, en términos de logros concretos para las víctimas, la implementación de la ley ha sido lenta y sus resultados pobres. A partir de un proceso de capacitación que viene adelantando la Corporación Nuevo Arco Iris en el marco del Fondo de Justicia Transicional del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) en 4 regiones del país, que reúnen la representación de 80 organizaciones, provenientes de 70 municipios, 19 departamentos y la presencia de 150 líderes sociales, se pudo constatar que uno de los puntos más críticos es la falta de conocimiento de la ley por parte de las víctimas, sobre todo en las regiones y localidades más apartadas de las capitales. Desde su sanción, ninguno de las líderes ni sus organizaciones han recibido capacitación o difusión que les explique de manera sencilla y didáctica el contenido de la ley, las rutas de acceso y la institucionalidad existente con sus funciones.
La mayor dificultad que han tenido las víctimas es la incertidumbre ocasionada por el desbarajuste institucional que produjo la transición de los organismos de atención: no se desarrollaron mecanismos de tránsito que pudieran orientar a las víctimas, prepararlas para la nueva institucionalidad, generar confianza en el funcionariado que otrora fuera victimario y protegerla frente a las incertidumbres, las amenazas y la desesperanza arraigada en un escenario de altísimas expectativas y necesidades; igualmente, no se han iniciado procesos sostenibles de atención psicológica especializada, y en el tema de verdad extrajudicial y memoria histórica hay un total desconocimiento de las estrategias y procedimientos sobre todo en las regiones.