Tragedia de los pequeños mineros del Chocó

Foto: tomada de ‘El orden desarmado’ (GMH)/ Las nuevas generaciones del Carare

La cuestión no es de dinero, según Ramiro Restrepo, presidente de Conalminercol. Dice haber reunido los recursos económicos y enviado las solicitudes para obtener los títulos y formalizarse, pero nunca ha obtenido una respuesta. El 80% de los mineros asociados, como Tibaldo, se han comprometido a tener todos los documentos en regla y tratar bien a sus trabajadores. Según él, cada empleado que trabaja en su mina tiene seguridad social y un salario que muchas veces triplica el mínimo legal. Y en cuanto a las condiciones de seguridad en el trabajo, Tibaldo agrega: “no hemos recibido ninguna asesoría del Estado, solo persecución”.

La indignación de estas agrupaciones mineras es aún mayor cuando de regalías se trata. En 2011 el Chocó aportó el 49% del total obtenido por venta de metales preciosos, es decir $ 77 mil millones. Al respecto Federico Taborda pregunta por qué el Estado no considera ilegales dichas regalías. “Cuando los pequeño mineros aporta tal cantidad de dinero al Estado, quiere decir que ocupamos un papel importante en la economía del país”, asegura.

El Chocó para las multinacionales

Durante la cumbre Río+20 el presidente Santos declaró: «Sobre esas zonas ya no puede cualquier persona llegar y reclamar un título minero», meta ésta que según el mandatario tiene como objetivo controlar la zona “para que no se conviertan en una feria de títulos donde hay corrupción, una pésima administración e irrespeto por el medio ambiente”.

Lo anterior significó que el 83% del área minera del Chocó (de acuerdo con Conalminercol) haya sido concedida al capital extranjero. Ese es el caso de Anglo Gold Ashanti, compañía que, según el portal La Silla Vacía, tiene cerca de 180.000 hectáreas tituladas.

Según Fedemichocó, a las grandes compañías como Gold Ashanti (propietaria de Colombian Gold), Condoto Platino, Anglo American y Aluviones, con presencia en los principales municipios mineros, se le han entregado más de 200 mil hectáreas, y tienen en solicitud para contratos de concesiones mineras alrededor de 630 mil hectáreas más. Lo anterior agudizó el temor de los chocoanos, quienes a pesar de poseer una importante cantidad de tierra, no pueden decidir cómo aprovecharla.

Los consejos comunitarios de algunos municipios del departamento, después de una proceso legal, defendieron un derecho concedido mediante la Ley 70 de 1993, que plantea que las comunidades afrocolombianas e indígenas son titulares colectivos de terrenos baldíos de su zona, los cuales el Estado está en obligación de conferirles para la práctica tradicionales de producción, con el fin de asegurar condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad. Sin embargo, aunque tengan esos terrenos a su nombre, el Estado les impide ejecutar allí prácticas tradicionales de producción. Ese es el caso del municipio de Condoto, una de las principales zonas mineras del Chocó, a la cual el gobierno le entregó 87 mil hectáreas bajo la administración del consejo comunitario, pero cuyo subsuelo continúa siendo propiedad de la nación.

Milson Gabriel Hurtado, representante legal de dicho consejo (compuesto por 2.650 familias), asegura que gran parte de los terrenos se destinarán a la minería, pero ante la incapacidad de adquirir los títulos mineros, puesto que no pueden acceder a créditos, planean hacer acuerdos con grandes compañías (colombianas y multinacionales) para explotar el terreno. “No se pueden descartar las multinacionales porque estamos en un mundo de intereses y trabajar con ellas representa ganancias”, asegura.

A esto se le suma que el Estado, por ser el único dueño del subsuelo, tiene la potestad para contratar su explotación con cualquier persona natural o jurídica. Esto indica que las comunidades propietarias de los territorios sólo tendrán el papel de arrendadores. En resumen, los condoteños deberán sentarse a ver cómo otros extraen sus riquezas y se apropian la mayor ganancia.

A pesar de que la Ley 70 garantiza que los afrocolombianos e indígenas tienen el derecho a ser consultados sobre todos los proyectos de desarrollo que pudieran afectar el patrón de uso de sus tierras, los condoteños no tendrán más opción que escoger al que les dé aunque sea algo. Sobre este aspecto, el Centro de Derechos Humanos y Justicia Bernard y Audre Rapoport, reportó que éstos casi nunca, o nunca, son consultados por los inversionistas en cuanto al impacto potencial de los proyectos específicos que se llevan a cabo en sus comunidades y tierras.

Durante cientos de años los chocoanos practicaron la minería a la usanza de sus antepasados con métodos artesanales, luego ingeniaron efectivos mecanismos rudimentarios, hasta que la migración de habitantes desde el interior del país (a quienes ellos llaman “paisas”), trajeron las primeras máquinas para la extracción de los metales en mayores cantidades.

Los blancos siempre trabajaron conjuntamente con los campesinos, dice Federico Taborda. En un tiempo eran los “paisas” quienes más entables y maquinarias poseían, ahora es por igual. Al Chocó también llegaron brasileros en la década del noventa con sus dragas, una nueva tecnología, ajustada por ellos, para la extracción de los metales, y que ahora también está siendo usada por los chocoanos. La pregunta es entonces: ¿por qué ahora rechazan enérgicamente a las empresas extranjeras si a lo largo de los años anteriores allí ha llegado gran cantidad de personas con significantes proyectos mineros?

A esta pregunta Germán Range, mecánico industrial que trabaja de la mano con los pequeños mineros, responde que las grandes empresas no crean muchos empleos en la zona, pues trabajan con personal que traen de otros lugares. “Aquí no se veían cercas, pero empresas como Aluviones llegaron a cerrar la zona, militarizarla y prohibir que cualquier persona se acerque a menos de 300 metros”, dice.

Estas declaraciones, que coinciden con las de Tibaldo, Ariel y otros más, derrumban la promesa de inclusión y beneficios para la comunidad que traerían los nuevos megaproyectos

¿Y qué hay de los impactos ambientales?

Sobre este tema, el argumento del gobierno es que la pequeña minería crea un daño irreparable en uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, como lo es el Chocó, y que eso lo podrían minimizar las grandes empresas mineras con su tecnología. Por otro lado, Ramiro Restrepo asegura que algunos asociados a Conalminercol en el Bajo Cauca y Antioquia, han desarrollado métodos y programas de trabajo, modelos en el país, para recuperar la capa vegetal con experiencias positivas.

Lo claro de todo este confuso panorama, es que la prohibición de acceso a la tecnología impartida por el Gobierno, y la pobre política de formalización que no trasciende la presión por adquirir un título y un registro, no da ninguna garantía para el desarrollo de la minería colombiana, ni para su responsabilidad social.

Así, las esperanzas para estos pequeños mineros chocoanos queda en el compromiso que el Ministerio de Minas y Energías adquirió con ellos el pasado 1º de agosto, en el sentido de incluirlos en el Código Minero. Esperemos que no sea otra promesa incumplida, como sucedió con el pasado Acuerdo de Caucasia, firmado en 2011.