Un proceso de paz impone obligaciones no explicitas

/ Por Carlos Vicente de Roux*. Si las negociaciones de paz que están comenzando van a darse sin cese de hostilidades, hay que hacerle saber a las Farc que tienen que ser fieles al espíritu de los acuerdos sobre la marcha del proceso, y extremar precauciones para que el país no vaya a sentirse más adelante “conejeado” al respecto.

En anteriores procesos de paz que se realizaron sin previo cese al fuego se presentó una situación muy desafortunada, que puede visualizarse con la zona de distensión del Caguán. Esa zona se desmilitarizó para darle seguridad a los jefes de las Farc, pero al poco tiempo se hizo evidente que se la utilizaba para guardar secuestrados, armas, vehículos robados, etc. La cuerda de la paciencia del Gobierno y de la opinión se rompió, en un contexto de fatiga por la prolongación de los diálogos, cuando un avión procedente de Neiva fue desviado de su ruta y un senador de la República fue secuestrado y llevado al Caguán.

A la ciudadanía le quedó la impresión de que las Farc habían “conejeado” al país, pero la guerrilla respondió, como si de abogados litigantes se tratara, que se le estaban exigiendo comportamientos sobre el área desmilitarizada a los que nunca se había comprometido.

Esto trae a la memoria el principio de derecho según el cual los tratados y contratos deben cumplirse de buena fe. En otras palabras, que no solo obligan a lo que está explícitamente convenido, sino a acciones y, sobre todo, omisiones, que corresponden al espíritu del acuerdo y son claramente necesarias para mantenerlo y sacarlo adelante.

Hay un principio de derecho según el cual los tratados y contratos deben cumplirse de buena fe. En otras palabras, que no solo obligan a lo que está explícitamente convenido, sino a acciones y, sobre todo, omisiones, que corresponden al espíritu del acuerdo. Una reflexión de Carlos Vicente de Roux, muy pertinente por estos días.

En los planos político y ético, que son los relevantes para el tema, hay exigencias que no se pueden desatender si se quiere que las negociaciones sobrevivan, una vez iniciadas. Por ejemplo: el hecho de que no se pacte un cese al fuego previo, no significa que todo tipo de ataque de los insurgentes, independientemente de su naturaleza y alcances, pueda dejar incólume el proceso. En el caso del Caguán, la desmilitarización era para que los guerrilleros tuvieran seguridad como participantes en unas negociaciones, no para que tuvieran cómo cometer o guardar con seguridad el producto de sus delitos.

Ahora, estas exigencias colaterales tampoco pueden sobredimensionarse. El proceso de paz de César Gaviria con varias agrupaciones insurgentes se rompió cuando se supo que Argelino Durán Quintero, destacado dirigente político de Norte de Santander, secuestrado por el Epl, había fallecido de muerte natural en manos de sus captores. Esto levantó una indignación que podría calificarse de retrospectiva.

Cuando arrancó el proceso no se convino que cesarían las hostilidades ni que se liberarían los secuestrados, pero el deceso de Durán retrotrajo las cosas al momento de su plagio, como si acabara de cometerse.

Todo esto enseña que, al definir cómo se desarrollará la negociación hay que trabajar en dos planos: el de aquello a que se comprometen directa y expresamente las partes, como quien dice, el de las prestaciones que se establecen a cargo de cada una; y el plano de las condiciones generales que se comprometen a salvaguardar, para mantener vigente el clima de negociación, un mínimo respaldo de la opinión y otros factores básicos de estabilidad del proceso.

* Carlos Vicente de Roux es Concejal de Bogotá por Progresistas