Foto: archivo revista Arcanos
Por el prestigio mundial de International Crisis Group, éste es un referente para gobiernos, instituciones y personas que se preguntan por nuestro conflicto y los retos en la construcción de un acuerdo de paz.
El documento es producto de un año de trabajo y ante los acontecimientos de las ultimas seis semanas, en que el país conoció lo avanzado de manera discreta por el gobierno colombiano y las Farc, le implicó al equipo de International Crisis Group un esfuerzo de adaptación a esta circunstancia de un escenario de negociaciones.
A continuación presentamos las recomendaciones del informe presentado por International Crisis Group, que se convertirán en un referente para el debate público en el país y en el mundo. El informe completo en inglés se puede consultar en www.crisisgroup.org/~/media/files/latin-america/colombia/045-colombia-peace-at-last.pdf
Ver resumen ejecutivo: http://bit.ly/QBU5e2
Colombia: ¿POR FIN LA PAZ?
Recomendaciones
Para promover un amplio apoyo social, político e institucional al proceso de paz y minimizar la influencia potencial de los saboteadores:
Al Gobierno de Colombia:
1. Asegurar la apropiación y apoyo efectivo del proceso de paz por parte de la sociedad civil, especialmente de las comunidades afectadas por el conflicto, en particular mediante:
(a) la implementación rápida y eficaz de la agenda de reformas, con prioridad en la política de consolidación, la restitución de tierras y otras formas de reparación a las víctimas previstas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011; mejorar la protección de los líderes comunitarios, los defensores de los derechos humanos y los beneficiarios de restitución de tierras mediante mecanismos que sean consultados con ellos;
(b) poner fin a la estigmatización y la persecución judicial del disenso político pacífico, aún el más radical; y
(c) promover la efectiva participación de la sociedad civil, bajo condiciones de inclusión, buena organización y seguridad, sobre todos los puntos de la agenda de negociación, como fue prometido en el pre-acuerdo del 26 de agosto; llegar activamente a las comunidades afectadas por el conflicto, a los pueblos indígenas y a las comunidades Afrocolombianas, en aplicación de sus derechos constitucionales a ser consultados; y asegurar la plena rendición de cuentas por las decisiones.
2. Involucrar a quienes tienen responsabilidad pública de tomar decisiones clave en el avance de las negociaciones, equilibrando la necesidad de alcanzar compromisos concretos con las FARC en la mesa de diálogo con el respeto por el proceso democrático, de forma tal que las instituciones apropiadas sean los foros principales para las decisiones de políticas relevantes.
3. Asegurar que cualquier acuerdo político conduzca a un proceso social de construcción de paz más amplio, cuyo objetivo sea el respeto de los derechos básicos y el abordaje de los problemas rurales de Colombia en diálogo continuo con las comunidades locales.
4. Asegurar el apoyo de las fuerzas de seguridad, especialmente mediante:
(a) la reducción de la incertidumbre judicial a través del fortalecimiento de la independencia, las capacidades y la imparcialidad de las cortes militares;
(b) el inicio del debate sobre una eventual reforma del sector de seguridad y de mecanismos del post conflicto que proporcionen beneficios al personal de seguridad desmovilizado.
5. Reducir los riesgos de impunidad asegurando que todas las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) permanezcan en la jurisdicción civil y fortalecer los mecanismos de transferencia de los casos de la jurisdicción militar a las cortes civiles.
6. Incrementar los esfuerzos para combatir a los Nuevos Grupos Armados Ilegales (NGAI), incluyendo sus testaferros y sus redes corruptas, de una manera integral, particularmente dotando a las agencias de seguridad y justicia de recursos, capacidad e incentivos para investigar y enjuiciar el conjunto de los crímenes cometidos por los NGAI, empezando en las zonas afectadas por el conflicto.
7. Publicar, a través del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia, información actualizada y constante sobre las principales variables del conflicto, de modo que se facilite el seguimiento objetivo de las hostilidades y su impacto humanitario durante las negociaciones.
Al Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a las FARC:
8. Alcanzar un cese del fuego bilateral en una fase temprana de las negociaciones y, mientras tanto, a fin de producir alivio humanitario en las zonas de conflicto y minimizar el riesgo de desestabilización de las conversaciones de paz, ejercer inmediato control sobre las operaciones militares, y particularmente:
(a) respetar el principio de distinción y, especialmente, las reglas de precaución y proporcionalidad en los ataques, como está establecido en el DIH consuetudinario. Esto implica abstenerse de utilizar la infraestructura civil, como las escuelas, para ocultar y conducir operaciones militares y tomar todas las medidas posibles para evitar la violencia directa o indirecta en contra de los civiles;
(b) garantizar y asegurar el acceso permanente de agencias humanitarias y de las instituciones públicas de servicios sociales a las áreas en conflicto, a fin de garantizar la salud, la alimentación y otros servicios básicos;
(c) las FARC deben aceptar todos los estándares internacionales en la conducción del conflicto, incluyendo aquellos que prohíben el uso de menores, y progresivamente liberar a los menores que estén en sus fuerzas; por su parte, las fuerzas de seguridad no deberán usar más a menores para tareas de inteligencia y vigilancia y deberán hacer este compromiso público;
(d) las fuerzas de seguridad deben restringir los bombardeos, en particular en áreas cercanas a viviendas civiles; reducir la fumigación aérea de cultivos de coca al mínimo posible; abstenerse de acciones que resulten en restricciones de movilidad para las comunidades; y proporcionar a las comunidades garantías explícitas que permitan la inevitable comunicación local con las FARC con propósitos humanitarios, reconociendo a la vez que estas acciones, otros contactos incidentales o la mera proximidad geográfica no convierte a miembros de la población civil en simpatizantes de la guerrilla;
(e) las FARC deberán liberar inmediatamente a los secuestrados que estén todavía en su poder y proporcionar información acerca de quienes lo estuvieron anteriormente y cuyo paradero sea desconocido; detener los ataques con carros bomba y otros artefactos con efectos indiscriminados que impliquen riesgos significativos para los civiles; abstenerse de atacar fuentes de agua y de energía, así como a la infraestructura eléctrica y de realizar paros armados; y levantar todas las restricciones existentes para el acceso de los actores humanitarios.
A todas las partes en las negociaciones, incluyendo a los facilitadores internacionales:
9. Asegurar que las mujeres contribuyan efectiva y sustancialmente en todos los aspectos y elementos del proceso de paz, y comprometerse a cumplir con todas las normas internacionales relevantes, incluyendo aquellas consagradas por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad y textos asociados.
A la comunidad internacional, en particular a los mayores donantes incluyendo a los Estados Unidos y a la Unión Europea:
10. Fortalecer y renovar el apoyo político y financiero a las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones humanitarias de la población afectada, incluyendo el desminado, el retorno de los desplazados, la reintegración y la reparación de las víctimas.
11. Mantener y, de ser posible, incrementar los niveles de financiamiento para los defensores de derechos humanos, iniciativas locales y regionales de paz y los programas de construcción de capacidades para los movimientos sociales y las ONG; y apoyar a la sociedad civil en su participación crítica, activa, autónoma y constructiva en el proceso de negociaciones y en la sociedad post conflicto.
12. Anunciar su voluntad de asistir con medios técnicos, financieros y de otro carácter cuando así sea requerido por las partes para la implementación de los acuerdos.