/ Por Paul Rios*. Por fin se ha desvelado la incógnita y el 21 de octubre se celebrarán las elecciones. El País Vasco es una comunidad autónoma y, por tanto, cuenta con su propio parlamento. Serán unas elecciones constituyentes, no en un sentido clásico, sino porque tendrán lugar en un momento de gran importancia.
El pasado 20 de octubre de 2011 ETA anunció el final de su actividad armada. Más recientemente, el Tribunal Constitucional de España se ha pronunciado a favor de la legalización de Sortu, el partido que representa a la izquierda independentista. De esta manera, las elecciones de octubre serán las primeras de nuestra historia sin la violencia de ETA y con todos los partidos políticos legalizados.
Estas circunstancias representan una gran oportunidad de celebrar unas elecciones en un escenario de relativa normalidad. Más allá, y pensando en el futuro, el nuevo parlamento que salga elegido tendrá ante sí el importante reto de consolidar el proceso de paz. Estando todas las tradiciones políticas representadas, y sin la amenaza de la violencia de ETA, se darán las condiciones para que los representantes puedan dialogar y llegar a acuerdos que contribuyan a superar las grandes diferencias políticas existentes. La sociedad vasca es muy plural en cuanto a su identidad. Hasta ahora, estas diferencias se han abordado de manera destructiva. En esta etapa de transición post-violencia, tienen la responsabilidad de buscar soluciones de manera compartida, inclusiva y constructiva.
Es más. El nuevo parlamento y el nuevo gobierno tendrán que impulsar el proceso de reconciliación que tan necesario es para reparar las heridas y evitar que en el futuro se repitan estos años de sufrimiento. Este proceso requiere de una nueva cultura política, donde desaparezcan los lenguajes «de guerra» y donde se respete al que piensa diferente. Un primer paso para conseguirlo sería desarmar los mensajes de la campaña electoral, apostando más por la cooperación que por la confrontación.
Las próximas elecciones de octubre en el País Vasco podrían ser un ejemplo para Colombia. Se realizarán sin la violencia que generaba en el pasado ETA y bajo un ambiente democrático.
Mientras tanto, el proceso de paz avanza con dificultades. Lo positivo es que ETA mantiene su compromiso con el final de la violencia y que el Gobierno no ha tomado ninguna medida radical que pudiera poner en peligro lo conseguido hasta ahora, aunque tampoco está colaborando. Mantiene una política inflexible respecto a los presos y sigue sin mostrar la voluntad de contactar con ETA para abordar el desarme. Ahora bien, es innegable que está sometido a la fuerte presión de una parte de la opinión pública española que le pide nuevas ilegalizaciones y mayor dureza con los presos.
Un ejemplo es lo sucedido este verano. El Gobierno se ha mostrado favorable a la libertad condicional de un preso de ETA gravemente enfermo, lo que ha generado una crisis en el propio Partido Popular y muy duras críticas de algunas asociaciones de víctimas. Durante años tanto el PP como muchos medios de comunicación han apostado por una línea dura para lograr la paz en el País Vasco, basada exclusivamente en la persecución policial y judicial, las ilegalizaciones, duras condenas y ataque a cualquier posibilidad de diálogo, llegando hasta el punto de acusar de traición al Presidente Zapatero cuando en 2006 inició conversaciones con ETA. Ello ha generado una posición de gran dureza en la sociedad española. Como consecuencia, una parte importante de ella considera que nada ha cambiado con el final de la violencia y que hay que mantener una línea dura contra ETA y su entrono político. Es un ejemplo de la importancia que tiene que los partidos políticos y los medios de comunicación actúen con responsabilidad. De lo contrario, cuando llega la oportunidad, como ha sucedido ahora, pueden encontrarse sin apoyo.
Este caso puede servir también para Colombia. Me llena de alegría y esperanza saber que se ha abierto una oportunidad para abrir un proceso de paz. La sociedad colombiana se lo merece después de tantos años de violencia. Ahora bien, he podido leer declaraciones de algunos líderes políticos y sociales que rechazan el diálogo y que lo consideran una traición. Conviene que tanto el Gobierno como los líderes sociales y políticos hagan un esfuerzo para explicar a la sociedad colombiana por qué es necesario y positivo dicho diálogo. Deben hacerlo sin complejos, con transparencia. De lo contrario pueden carecer del apoyo de la opinión pública. Sin ese soporte es muy difícil que la sociedad ayude a superar los momentos de dificultad o bloqueo con los que inevitablemente se va a encontrar el proceso.
*Paul Ríos es Coordinador de la Red por el Acuerdo y la Consulta Lokarri en el País Vasco.