Foto: Cárcel Modelo de Barranquilla | Inpec
Si los tres poderes públicos en Colombia hubiesen tomado en serio la tarea de tramitar una verdadera reforma judicial y, de paso, revisar las leyes en materia penal que rigen en nuestro país, seguramente no se estaría hablando del hacinamiento carcelario y las violaciones a los derechos humanos que les genera a los internos en las distintas cárceles del país, como lo han venido denunciando los familiares de los reclusos, congresistas de oposición y algunas organizaciones de derechos humanos.
Las denuncias van y vienen, no solamente de familiares de los presos, sino también de los mismos internos. Hablan, por ejemplo, de que una celda que tiene cupo para cuatro internos debe ser compartida por un mayor número de personas; en el lugar no solo donde duermen, también tienen que lavar sus prendas en un pequeño lavadero y hacer sus necesidades corporales en un sanitario que se encuentra instalado en su interior. Quienes están detenidos en estos lugares deben acostumbrarse a vivir en medio del mal olor por la alta concentración de excrementos. Algunas de esas celdas en mal estado se encuentran en la cárcel del Buen Pastor y en algunas Unidades de Reacción Inmediata en Bogotá.
En el mismo sentido se refiere un informe del Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos (CSPP) que revela que diez establecimientos de reclusión del orden nacional fueron construidos en zonas alejadas de la ciudad, hecho que no solo dificulta el traslado de los presos a un hospital en casos de urgencias, sino también el recorrido hasta la ciudad de los internos para que cumplan sus citas con la justicia.
Un claro ejemplo de esa situación ocurre en la Cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, donde se tomó la decisión de suspender la recepción de presos sindicados, al no poder garantizar que estos cumplieran con sus citas judiciales. El documento revela, además, que la lejanía de los centros carcelarios dificulta las visitas de sus familiares y amigos.
La construcción de estos centros carcelarios fue autorizada por los Conpes 3277 y 3412 de 2006, y el 3575 de 2009. Las ciudades favorecidas fueron Medellín, Puerto Triunfo, Bogotá (La Picota), Guaduas, Florencia, Acacías, Yopal, Jamundí, Cúcuta e Ibagué. Lo anterior se hizo con la idea de mejorar las condiciones de hábitat de los reclusos, según lo expresado por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
Sin embargo, según el documento del CSPP, en estas nuevas edificaciones “los detenidos de la Picota, por ejemplo, se quejan de que en los patios corre viento constantemente y deben soportar largas jornadas de frio cuando salen de sus celdas”.
Mucho se viene hablando de la situación de hacinamiento y vulneración de derechos humanos en las cárceles colombianas. El tema no es nuevo y las discusiones sobre las posibles soluciones pasa por varias estrategias.
A esto se suma que las personas detenidas deben estar encerradas las 24 horas del día, porque la cárcel no cuenta con un patio al aire libre y los reclusos deben realizar sus tareas bajo una luz fluorescente. Los que deseen ver la luz del sol se tienen que acercar a las mallas, donde no caben todos.
En la nueva cárcel de Medellín, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, la luz solar no entra en los pabellones, lo que ha motivado varias huelgas de hambre de los presos exigiendo condiciones dignas.
Otra denuncia que hace el informe es que no se tuvieron en cuenta las diferencias climáticas entre una ciudad y otra. Prueba de ello es la cárcel de Guaduas, que fue construida con diseños similares a la Picota en Bogotá, pero sin tener en cuenta que los reclusos se verían sometidos a soportar el hacinamiento bajo condiciones climáticas de calor extremo, como efectivamente sucede.
Servicio médico, una falencia
El servicio médico en las prisiones de Colombia se encuentra a cargo de Caprecom, EPS del Estado que cubre los servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS). El contrato se realizó entre esta entidad y la Unidad Penitenciaria y Carcelaria del Ministerio de Justicia y no con el Inpec, como sucedía en el pasado. “Dicho cambio ha sido lamentable”, según lo expresado por el director del INPEC, general Gustavo Adolfo Ricaurte de la Policía Nacional.
El oficial aseguró en entrevista para Arcoiris.com que mientras el contrato se hizo directamente con el Inpec se tenía una unidad médica las 24 horas del día en los centros de reclusión; pero bajo el nuevo contrato, el servicio se redujo en un 50%. En la misma dirección se refiere el informe del CSPP, que revela que “quienes definen qué casos deben ser atendidos son los guardianes y, en algunos casos, los reclusos, quienes son designados para esta labor”, desatendiendo las sugerencias de la Procuraduría quien se manifestó en contra de estas decisiones.
Al respecto, el general Ricaurte reconoció que le preocupa esa situación porque según el, “actualmente hay bastantes cirugías y citas médicas represadas, y que en el entre tanto a los pacientes se les debe brindar los primeros auxilios y suministrarle medicamentos básicos, para calmar los malestares”
Arcoiris.com pudo constatar en un recorrido por la cárcel del Buen Pastor en Bogotá que en ella existen personas en situación de discapacidad, mujeres en avanzada edad y madres lactantes, quienes, por su condición, requieren medidas especiales, como una celda con las condiciones adecuadas para este tipo de población, pero deben convivir en lugares húmedos y poco higiénicos.
Problemas de hacinamiento
El hacinamiento en las distintas cárceles del país ha llegado a situaciones extremas, como tener utilizar los baños como lugares de dormitorios, como sucede en los patios 4 y 5 de la Modelo en Bogotá, en donde este problema se ha convertido en un problema de salud pública. En este penal, se tomaron medidas extremas, como restringir las visitas, por la epidemia de varicela y tuberculosis que actualmente padecen algunos presos.
Un informe de la Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario (UTP) advierte que entre enero de 2002 y agosto de 2012 la población interna en las cárceles aumentó en un 177%, en contraste con la capacidad de los centros penales, que tan solo fue del 78%. A la anterior situación se suma el bajo incremento de la planta de personal, que fue de tan solo el 29%. Según el documento de la UTP, esas circunstancias afectaron el normal funcionamiento de los distintos sitios de reclusión en el país.
Según los reportes del Inpec, hasta el agosto 10 de 2012 el total de la población carcelaria era de 111.314 personas, que sobrepasa la capacidad de las prisiones, que es de 75.676 individuos. Una circunstancia que ha evitado el hacinamiento son las medidas de detención y prisión domiciliaria, a través de las cuales se mantienen por fuera de los penales cerca de 22 mil personas. Según el general Ricaurte, la justicia no está aplicando las penas alternativas a la prisión, como el trabajo comunitario y libertad condicional, que ayudarían en buena medida a descongestionar los centros de reclusión.
Para solucionar el problema de hacinamiento se requieren medidas que vayan más allá de la construcción de cárceles, como lo propone la actual ministra de Justicia Ruth Stella Correa. Según el Director del Inpec, es necesario regular las penas que se están aplicando y las medidas de aseguramiento que se vienen dando desde el momento que se comenzaron a aplicar las leyes de seguridad ciudadana y de pequeñas causas, que son parte de las razones por las cuales el sistema carcelario está colapsando.
En igual sentido se pronunciaron los representantes a la Cámara Simón Gaviria y Ángela María Robledo, para quienes la solución al hacinamiento carcelario pasa por la aplicación de penas alternativas y la descongestión en los procesos judiciales de las personas que se encuentran en calidad de sindicados. Sin embargo, éste es apenas el comienzo de un debate que promete ir para largo sobre una realidad que, en últimas, es consecuencia de las falencias estructurales de la justicia en Colombia.
/ Por Oscar Fernando Sevillano