/ Por Ariel Ávila*. Ad portas del inicio de las negociaciones de la paz en Oslo, Noruega, comienzan a aparecer los primeros obstáculos al proceso; también diferentes actores sociales empiezan a manifestar sus reservas frente al mismo. Estos obstáculos podrían dividirse en dos: los internos, derivados de las propias dinámicas del diálogo; y los externos, que hacen referencia a diferentes actores sociales que se opondrán al mismo. En lo que sigue, se trabajarán los primeros.
Los riesgos internos del proceso son múltiples, pero valdría la pena destacar algunos. En primer lugar, las garantías judiciales dentro del diálogo tal vez marcarán uno de los debates más intensos; por un lado, será difícil esperar que, luego de 50 años en la guerra, la comandancia de las Farc haga dejación de armas a cambio de años en prisión; de otro lado, será muy complejo que la comunidad internacional y la propia sociedad colombiana acepten una negociación que signifique cero prisión. Por ello será fundamental el acompañamiento de la comunidad internacional, con la participación del gobierno norteamericano, por el tema de extradición y narcotráfico, así como de la comunidad europea y el sistema interamericano en temas de derechos humanos. Lejos estamos de los procesos de paz de la década de los ochentas del siglo pasado, cuando las leyes de punto final sin verdad y reparación eran una opción.
A su vez se requiere un trabajo fuerte de sensibilización a la opinión pública, en el que se parta de la premisa de que una negociación se sustenta en la necesidad de conceder algunas garantías judiciales a los grupos guerrilleros. Resulta notorio como en la reciente encuesta de Ipsos Napoleón Franco, un 77% de los colombianos apoya el proceso de paz, pero al indagar por temas de condenas judiciales y participación política, la población colombiana se mostró por debajo del 50% de apoyo a conceder este tipo de garantías.
Esta situación reflejada en la encuesta puede tener varias interpretaciones, pero se deduce que la opinión puede ir cambiando a medida que pase el tiempo y se comiencen a ver avances en el proceso de negociación. Además, podría también significar que la paz no va a ser a cualquier precio y, al final, los acuerdos necesitarán una refrendación social. El modelo bilateral de negociación si bien puede tener el beneficio de ser más ágil en tiempo y más acotado en agenda, tiene la dificultad de que, una vez aprobado, no sea ratificado o reconocido por la población.
Las conversaciones de paz que se avecinan no serán fáciles. Circunstancias internas en un acercamiento de este tipo, luego de más de 40 años de confrontación, y otras externas, que harán presión constante, se convertirán en retos a superar.
Un segundo riesgo que tiene esta negociación es que se desarrollará en medio de un proceso electoral. Si bien podría verse como una virtud, lo cierto es que la negociación de paz puede quedar atrapada en una polarización electoral en el que el afán reeleccionista lleve a presionar la mesa de negociación para que se pacte rápidamente, lo que podría llevar al fracaso de la misma o bien a que alguno de los actores bloquee la mesa ante la inminencia de las elecciones. Igualmente, a medida que se aproximen las votaciones, los actores en contra de este proceso con las Farc comenzarán a multiplicarse y a hacer esfuerzos para torpedearlo. En este punto, los tiempos de la negociación jugarán un papel importante.
Un tercer riesgo, tal vez el más debatido en la actualidad y uno de los más inmediatos, tiene que ver con el desarrollo de la negociación en medio de hostilidades. Obviamente, el Gobierno nacional ha dicho que no habrá cese al fuego. La presión social y del uribismo, y el mismo hecho de su actual ofensiva, lo lleva a tomar esta decisión. Sin embargo, la voluntad de paz se debe medir luego de un ataque de gran magnitud de las Farc. En ese momento saldrán voces contra el proceso, pero es precisamente ahí cuando se debe entender la necesidad de la paz.
De hecho, luego de casi tres semanas del anuncio del presidente Santos sobre el acuerdo firmado entre su Gobierno y la guerrilla de las Farc, que estableció la hoja de ruta de unas negociaciones que iniciarán la primera quincena de octubre, han quedado fuera de combate poco más de un treintena de guerrilleros y cerca de 20 militares en diferentes acciones armadas en todo el país. Es bastante probable que una vez se inicien estas conversaciones la intensidad de la confrontación aumente y justamente en ese momento quedará a prueba la voluntad de paz de los actores sentados en la mesa.
Un último reto tiene que ver sobre las garantías de cumplimiento de lo acordado; por ejemplo, el Estado tendrá que velar para que no se repita el genocidio de la UP. La protección de los líderes y militantes de las Farc después de un acuerdo de paz es fundamental para el éxito del proceso; a su vez, el grupo guerrillero deberá hacer esfuerzos para garantizar que abandonen las armas el mayor número de combatientes. Del cumplimiento de estos acuerdos dependerá que el post-conflicto que viva el país sea lo menos violento posible, y con ello evitar situaciones de rearme y cooptación territorial criminal.
El tema de reinserción de combatientes es mayúsculo. Se podría calcular que contando combatientes, milicianos y redes de colaboradores al final del proceso ambas guerrillas podrían entregar algo más de 30 mil hombres y mujeres, los que necesitarán programas de apoyos inmediatos y claros. Igual sucede con las Fuerzas Militares, en tiempos de paz tendrá que reducir los efectivos en cerca de 50 mil miembros, mientras que la Policía tendrá que aumentar su pie de fuerza en cerca de 20 mil para afrontar el post-conflicto. Estos 50 mil miembros que debe ser licenciados, en su mayoría deberían ser soldados profesionales, personal que a la hora de reinsertar a la sociedad es un reto igual de grande al de reinsertar un guerrillero de la columna Teofilo Forero de las Farc.