Foto: archivo CNAI
El país de manera mayoritaria esta entusiasmado y anhelante de que este conflicto armado de medio siglo se cierre en un pacto político, tarea nada fácil, por lo que es pertinente preguntarse por los obstáculos a superar.
A diferencia de lo que piensa el Uribismo, el presidente Juan Manuel Santos y las Farc –y esperemos que en las próximas semanas con el Eln– han acordado una agenda de temas sustanciales, sobre los cuales se debe construir el acuerdo político. Son los temas que dieron origen al alzamiento armado y que se deben corregir si queremos lograr un pacto con las guerrillas.
Entonces es la construcción de un acuerdo con contenidos políticos lo central y no rendición, como lo anhelan los Uribistas, quienes serían los principales contradictores de los cambios que este proceso va a desarrollar, puesto que son ellos los que se han beneficiado de la exclusión rural y política, y colocado una alta cuota de sangre en sus vínculos con el paramilitarismo.
La sustancia del acuerdo político son los temas de agenda, que son pocos, pero de un alcance enorme: desarrollo rural, participación política, narcotráfico y victimas. Cuatro temas en los que el país ha venido dando pasos en este gobierno y que en un proceso de acuerdo con las guerrillas deberían ganar mayor alcance y ritmo, pues una de las criticas a los dos años de gestión del Presidente Juan Manuel Santos es que hay muchos avisos de reformas, pero poco alcance y calidad en la acción de gobierno. Esto nos plantea el primer reto que, a su vez es un interrogante: ¿en los próximos meses se puede construir un conjunto de acuerdos sobre temas de tanta envergadura en donde, por supuesto, hay mucho camino de reflexión, propuestas y sujetos sociales y políticos que tienen mucho que aportar?
Muchos coinciden en que los diálogos entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc no será un camino fácil, de lo que se trata es de comenzar a identificar los retos y trabajar para superarlos.
Un segundo reto es cómo el Gobierno y las guerrillas pueden trabajar sobre los acuerdos de manera ágil y discreta, pero contando con la participación social, gremial y política. No se puede construir un acuerdo a puerta cerrada, sin promover el dialogo y la consulta con la pluralidad de actores que tienen interés y puntos que aportar; es más, no solo tienen el deber de hacerlo, sino el derecho de concurrir a este proceso, lo cual va a implicar un diseño de consultas y participación que sea creíble, ágil y efectivo.
Lo anterior coloca a las partes, Gobierno y Farc, que tienen el punto en el acuerdo firmado y anunciado, en la obligación de proponer un proceso de calidad; lo cual tampoco es asunto del otro mundo, con las posibilidades que hoy brindan las tecnologías de la comunicación y el diseño de procesos participativos. Aquí viene bien la formulación de que no es posible todo mundo metido en la mesa de diálogos y negociaciones, pero tampoco una mesa en la Habana decidiendo a puerta cerrada.
Un tercer reto es cómo lo acuerdos que se construyan se validarán social y políticamente; es decir, lo que se decida emprender en materia de desarrollo rural, participación ciudadana y política, narcotráfico, derechos de las victimas, cómo logrará ser promovido en la sociedad colombiana y llevarlo por los cauces institucionales para su desarrollo. Hay que estar atentos a su evolución y en qué forma este acuerdo va a requerir ir al Congreso de la Republica y a otras instancias. No es descartable la utilización del mecanismo de un referéndum o una asamblea constituyente con agenda cerrada y centrada en los temas centrales del acuerdo y que pueden requerir validación constitucional. Es prematuro arriesgar formulaciones concretas, pero el desarrollo del acuerdo deberá mostrar qué tipo de procesos, mecanismos y formulaciones concretas serán las pertinentes para la validación y apropiación social y política de lo que se defina como acuerdo político para poner fin a medio siglo de alzamiento armado.
Por ultimo y tema anunciado por el presidente Santos y por el jefe de las Farc, es controlar a los que quieran sabotear este proceso con violencia. Esperemos que esto no se presente, pero es recurrente en la historia colombiana oponerse a cualquier tipo de ampliación de la democracia y del ordenamiento social, político y económico, por la vía de la violencia. Esa es una de las razones del conflicto y que está en la agenda acordada como garantías para participar social y políticamente, sin ser atacado a bala. Saboteadores pueden haber y es menester controlarlos.
En un proceso de esta complejidad es mejor ser cauto y entender que hay voluntad para avanzar por las dos partes, pero se requiere de capacidad de gestionar un proceso de enormes complejidades, para avanzar en la política, promover la participación social y política con eficacia y controlar a los que se opongan con violencia.
Y si construir el acuerdo es complejo, lo que viene, cuando sea el día de implementarlo, será aún más difícil.
/ Por Luis Eduardo Celis
Coordinador de incidencia política de la Corporación Nuevo Arco Iris.