Foto: archivo revista Arcanos
De esta manera, al disminuir las tierras bajo control de la pequeña propiedad descienden las áreas asignadas a cultivos temporales, propios de la producción parcelaria. La reducción de la oferta agrícola ha sido compensada desde entonces con importaciones crecientes de bienes de origen agrícola y pecuario, pero sin una adecuada reasignación de la mano de obra desalojada de la producción agrícola
Es pertinente promover desde el ámbito local disposiciones orientadas a la garantía del derecho, desde una perspectiva que además promueva el cultivo, la producción y la comercialización de alimentos propios de la dieta de cada una de las regiones y la identidad cultural de la población campesina.
Así, iniciativas como los mercados campesinos, resultan muy importantes, ya que han permitido sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de la economía campesina y su relación con la comercialización alternativa de alimentos y soberanía alimentaria. Los mercados han permitido una relación directa entre productores y consumidores generando una serie de beneficios económicos, sociales, políticos y culturales. Además y no menos importante estos mercados han visibilizado al campesinado y ha puesto en debate el modelo agroalimentario nacional, reivindicando la necesidad de apoyar la producción agrícola regional con el propósito de garantizar el derecho a una alimentación adecuada.
Los mercados campesinos pretenden, garantizar la protección reforzada de la población campesina y el derecho a la alimentación, reivindicar la autonomía local en materia de producción y comercialización de alimentos adecuados culturalmente, contrarrestar la comercialización y consumo de productos importados en el marco de acuerdo comerciales, proteger la economía campesina y privilegiar la siembra, producción y comercialización de alimentos, en lugar de cultivos de gran escala y de rendimiento tardío.
Definitivamente no es cierto que el campesinado sea ineficiente. Así, en Brasil, ejemplo latinoamericano destacado de la expansión de los grandes agronegocios, la agricultura familiar tiene un papel muy importante, las investigaciones han demostrado su eficiencia y su capacidad para aprovechar mejor los recursos de tierra y el crédito en el estado brasilero de Minas Gerais y en todo Brasil. Vietnam, de ser un importador de arroz se convirtió en el segundo exportador mundial y actualmente es también el segundo exportador de café y de nuez de marañón y, un gran productor de ñame. Esto a partir de un decreto de 1981 que promovió el predominio de las parcelas familiares y el respeto y fomento de la iniciativa campesina. A partir de ahí, la agricultura vietnamita se convirtió en un éxito de dimensión mundial. La producción de alimentos pasó de 18,4 millones de toneladas en 1984, a 33,8 millones en 1999.
Germen jurídico
La sentencia de la Corte reivindicó el papel del campesinado. Aunque la demanda presentada el 16 de diciembre de 2011 profundizó en los cargos de violación de la seguridad alimentaria, de la soberanía nacional y de la reserva legal en materia de baldíos, la Corte se centró en defender el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y descartó por mayoría cualquier posibilidad de entregar baldíos a empresas y por unanimidad el traspaso a empresarios de tierras adquiridas con subsidio.
Esta defensa jurídica del artículo 64 de la Constitución puede tener consecuencias prácticas económicas y sociales. Gobiernos y legisladores se comportaron como si ese artículo fuera un saludo a la bandera y la Corte les recordó que la norma sobre el acceso progresivo a la propiedad es de aplicación inmediata. El 64 es integral y se refiere también, a la asistencia técnica, el crédito y el mercadeo.
La realidad nacional hace que esta decisión de la Corte sea la semilla para un cambio en la política agropecuaria. En Colombia hay una alta concentración especulativa de la propiedad de la tierra, que determina que 16,5 millones de hectáreas aptas para la agricultura estén siendo desperdiciadas, especialmente en grandes propiedades, y se registran altos precios de la tierra comparados con los del resto del mundo, los mayores de la región. Esta sentencia es un llamado a resolver los graves problemas de uso del suelo que se presentan adentro de la frontera agrícola en lugar de avanzar sobre los baldíos y los bosques y en vez de despojar de sus tierras a los campesinos, indígenas y afros.
Para la Corte, los artículos demandados del Plan Nacional de Desarrollo resultaban regresivos, pues propiciaban más concentración de la propiedad rural en un país afectado por el acaparamiento de tierras, en desmedro de los trabajadores agrarios que dejan de ser propietarios e implicaban un retroceso en el deber del Estado de promover su acceso progresivo a la propiedad, además de revertir los esfuerzos que se han efectuado en materia de titulación de tierras.
El importante fallo marca una línea jurisprudencial de gran relevancia, alienta el trabajo cotidiano de organizaciones agrarias y campesinas de todo el país, que ven en este fallo, una posibilidad para acceder a las tierras que por tanto tiempo han trabajado, encuentran también en el respaldo a la demanda efectuada por organizaciones internacionales y nacionales como FIAN Internacional, GRAIN Internacional Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios (Argentina), Agrosolidaria Viani, Asociación de Desarrollo Campesino (ADC), Colectivo José Alvear Restrepo, Corporación Compromiso, Mesa de Unidad Agraria – Anuc-ur, los indígenas del Llano de la Asociación Indígena Unuma y el Resguardo Indígena Awaliba y el Grupo Semillas, un impulso unitario para continuar con la discusión acerca de las tierras, y política agraria en el país, que verdaderamente cuente como principales actores a los campesinos y campesinas, con la certeza de que sus justas reclamaciones tendrán eco y acompañamiento en muchos lugares.
Al mismo tiempo reconocer la importante labor realizada por los congresistas Wilson Arias y Jorge Robledo y sus equipos de trabajo, quienes de manera juiciosa radicaron el pasado 16 de diciembre la Acción Pública de Inconstitucionalidad, luego de presenciar la manera como el gobierno presentó en el Plan Nacional de Desarrollo, una verdadera contra reforma agraria, como la bautizaron los congresistas, en el momento del trámite al interior del Congreso, con su posterior aprobación sin mayor discusión de lo que implicaban esos 3 artículos. Muy a pesar de que se desarrollaron sustanciales debates en la Comisión V del Senado, advirtiendo las implicaciones de la aprobación de dichos artículos. Básicamente estos dos congresistas fueron los únicos que se opusieron en las plenarias de ambas corporaciones a esos artículos, pero finalmente se tuvo el resultado que conocimos: la aprobación a pupitrazo del PND. Resaltando finalmente que esa reforma a la Unidad Agrícola Familiar en el gobierno anterior intentó por lo menos en tres oportunidades presentarse sin éxito alguno.
En lugar de seguir proponiendo y aprobando normas inconstitucionales como han sido las leyes forestales, el estatuto rural y los tres artículos tumbados del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno debería ayudar a que crecieran las semillas que ha sembrado la Corte: el respeto a la diversidad étnica y cultural y a la vía campesina del desarrollo rural. Cambiar la visión de lo rural es imperioso, no se pueden desconocer al campesinado, no se puede anteponer el mercado y la producción a economías como la campesina. Requerimos una política que permita que los campesinos accedan a la tierra y puedan trabajar y vivir en ella de manera autónoma. Es esa la vía como el país recuperaría su soberanía alimentaria y se cumpliría el artículo 65 de la Constitución que ordena proteger la producción nacional de alimentos, ahora lesionada por las importaciones, los Tratados de Libre Comercio y las locomotoras minera y energética.
* Héctor Mondragón es consultor de ILSA y Paula Alvarez Roa, politóloga e investigadora