Foto: Archivo CNAI | revista Arcanos
/ Por Pedro Santana*. El punto central que permitió el arranque las negociaciones entre el Gobierno colombiano y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) fue el reconocimiento de ésta organización guerrillera como un actor político levantado en armas contra el Estado.
Este reconocimiento no es de poca monta pues durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se le redujo a una organización terrorista y con un intenso trabajo de lobby se logró que la Unión Europea y los Estados Unidos la catalogaran como organización terrorista.
Quizás sólo la rama judicial del poder y específicamente la Corte Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se negaron a extender este calificativo a las Farc y en dos sentencias éste último tribunal sostuvo que a pesar de que esta organización comete actos terroristas o se financia con recursos provenientes de actividades relacionadas con el narcotráfico y comete también delitos de lesa humanidad, no es por ello una organización terrorista o de narcotraficantes. Su naturaleza es el ser una organización política levantada en armas contra el Estado (Sentencias Sala Penal Corte Suprema de Justicia: 11 07 07 y 05 12 07).
Ahora bien, el tema de la agenda política de la negociación consignado en el acuerdo en su punto 3 plantea un conjunto de temas y subtemas que deberán ser abordados en la mesa de negociaciones. El primero de ellos es quizás uno de los más complejos y tiene que ver con el papel que los jefes de esta agrupación van a desempeñar en la vida pública del país.
Como acertadamente lo señaló el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en una reciente entrevista a la cadena de televisión norteamericana CNN, las guerrillas no han sido aniquiladas y son agrupaciones de carácter político que llegarán a la sociedad a hacer política y ello supone que deberá encontrase una fórmula para que los jefes guerrilleros puedan incorporarse a la vida política del país.
Una alternativa que nos parece viable es un marco de justicia transicional en que a cambio de una amplia verdad y reparación a las víctimas así como de garantías de no repetición las penas que pesan ya sobre los jefes guerrilleros puedan ser suspendidas y se les habilite para tomar parte en la vida política del país. Las víctimas de las guerrillas tienen derecho a la verdad y a la reparación, y el proceso debe garantizar este derecho inalienable de las víctimas, pero, al mismo tiempo se deberá encontrar una salida para que las guerrillas se puedan reincorporar a la vida política.
Las víctimas de las guerrillas tienen derecho a la verdad y a la reparación, y el proceso debe garantizar este derecho inalienable de las víctimas, pero, al mismo tiempo se deberá encontrar una salida para que las guerrillas se puedan reincorporar a la vida política.
Luego hay temas que seguramente se pondrán sobre la mesa tales como medidas legislativas que les permitan organizarse como movimiento o partido político, transformaciones en la legislación electoral y aquí hay temas cruciales que son, por ejemplo, la composición y forma de elección y conformación del Consejo Nacional Electoral, que ha devenido en una extensión de los partidos políticos que dista mucho de ser un tribunal electoral autónomo e independiente.
No podemos olvidar que una de las razones esgrimidas en el pasado por las guerrillas para su levantamiento en armas era la falta de independencia, el fraude y la no transparencia de las autoridades electorales. Camilo Torres, el sacerdote guerrillero, acuñó el término de que en Colombia quien escruta elige.
En la actualidad, el Consejo Nacional Electoral es todo lo contrario a un organismo que genere confianza y trasmita una imagen de transparencia e independencia y en la coyuntura más reciente dio muestras de su falta de independencia, por ejemplo, frente al referendo que buscaba un tercer período para el entonces presidente en ejercicio, Álvaro Urbe Vélez. El espectáculo que dio este organismo fue realmente bochornoso y aún no termina de pronunciarse a pesar de que un fallo de la Corte Constitucional dejo sin piso constitucional dicha reforma constitucional.
Este organismo tampoco ha sido prenda de garantía para lograr un equilibrio informativo en el cubrimiento de las campañas políticas. Como se sabe actualmente este organismo es elegido por el Congreso de la República de acuerdo con la representación que tienen los partidos en dicho organismo, es un tribunal electoral totalmente politizado y al servicio de quienes lo eligen.
Un tema de la mayor trascendencia es el que tiene que ver con las garantías y la seguridad de los integrantes de ese nuevo movimiento político. No se puede repetir la historia de la Unión Patriótica. Es verdad que este proceso es diferente en la medida en que las Farc parecen decididas a abandonar la llamada combinación de todas las formas de lucha y su renuncia al camino de la lucha armada para tomar el poder político. Esta es la diferencia con los procesos anteriores, pero esto hace que el tema de la seguridad y la protección de los ex guerrilleros sea crucial y tiene que ser garantizada por el Estado.
Asimismo, estarán sobre la mesa temas como el de circunscripciones especiales de Paz sobre todo en aquellos territorios con el control o con una fuerte presencia de las Farc y/o del Ejército de Liberación Nacional (Eln) si se llegaré a concretar también un proceso de negociación con esta guerrilla. Este tema es de la mayor importancia si realmente se quiere un proceso sólido.
En esos territorios se debe garantizar un programa de consolidación de los acuerdos que pasa por temas como la redistribución de la propiedad agropecuaria, la construcción de infraestructura vial, el mercadeo de sus productos, los cultivos alternativos y rentables para eliminar en esos territorios los cultivos de uso ilícito y su incorporación a la economía legal. En esas zonas se tendrá que hacer un acuerdo con la insurgencia y se deberá garantizar la participación de los excombatientes para incorporar esos territorios al régimen Estatal con presencia de la fuerza pública, con escuelas, hospitales, juzgados, servicios públicos, es decir, un verdadero plan para incorporarlos al Estado y al orden constitucional.
* Pedro Santana Rodríguez es presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía