Foto: Selvas del Guaviare en territorio colombiano | archivo CNAI.
/ Por Paúl Sánchez Puche*. Sin entrar en discusiones jurídicas e ideológicas sobre el estatus que se le debe otorgar a la guerrilla, o en interpretaciones semánticas, es ineludible reconocer que se trata de organizaciones que habiéndose declarado en rebeldía contra el Estado colombiano, en su casi medio siglo de existencia, han hecho presencia -e incluso controlado- gran parte del territorio nacional, un 51.3% del cual es aún selvático. La guerrilla ha estado en la mayoría de los 56 Parques Naturales Nacionales del país. Aún hoy hacen presencia en 348 municipios de los 1100 que tiene el país, un alto porcentaje del territorio nacional. En estos espacios han gobernado, hecho política, impuesto su justicia e ideología, manejado la economía, la cultura y hasta el ambiente, lo que les hace parte de la cultura e historia de esta nación.
Tal es el caso de las Farc-Ep, una organización que en sus cincuenta años de lucha ha generado una serie de cambios perfilados hacia la guerra. Su influencia es evidente en regiones del país donde no se ha sentido la presencia del Estado. En paralelo, al mismo tiempo ha establecido relaciones internacionales con otras organizaciones armadas del mundo, además de con gobiernos, organizaciones no gubernamentales, grupos empresariales importantes, sectores de la Iglesia, partidos y grupos defensores de los derechos humanos, sin contar las mafias del narcotráfico.
El fracaso de la revolución armada
En Colombia la lucha armada fracasó. Puede decirse que más que a la capacidad política y militar de las sucesivas administraciones en el gobierno, ello se debió al sectarismo de la propia guerrilla; a su empeño en copiar modelos de otros países, a su abusar hasta la saciedad del pueblo a quien enunciaba defender y liberar. La guerrilla no tiene futuro; no cuenta con el respaldo del pueblo, lo que le diferencia de los países donde las revoluciones triunfaron en tiempos relativamente cortos, cual es el caso de Rusia, China, Cuba y Vietnam. En Colombia, si bien se trató de imitar dichos modelos de revolución popular -sin tener en cuenta sus condiciones específicas-, no ocurrió lo mismo. Hoy está demostrado que las Farc-Ep no podrán nunca tomarse el poder.
Los colombianos y colombianas que ya no quieren más guerra le apuestan a una salida negociada del conflicto; ojalá una que incluya justicia social y permita establecer una sociedad más equitativa, con una mejor distribución de los recursos y oportunidades; una sociedad en fin donde la educación, la ciencia, la cultura, la investigación científica y la sustentabilidad ambiental lideren el pensamiento libre y democrático de país. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos asume el riesgo de intentar, una vez más, un acuerdo que permita poner fin al conflicto, una medida ni tan aceptada ni tan popular en una sociedad que ha vivido demasiados intentos fallidos. Si esta vez resulta, como esperamos, esta negociación puede ser el camino para alcanzar el cambio con el que soñaron tantas organizaciones insurgentes, un sueño muy alejado de esta realidad expresada en miles de muertos y donde se viven hasta la saciedad todas las secuelas de una guerra regular e irregular.
De la guerra a lo ambiental
Cabe destacar como una de las consecuencias altamente negativas del conflicto su grave impacto ambiental. Basta enunciar los estragos de los bombardeos, ejecutados desde los aviones Tucano, Mirage, K-Fir, con bombas de 500 libras, cuyo radio de destrucción biótica y abiótica alcanza 50 metros a la redonda. Se han visto afectadas cientos de hectáreas de selva primaria y secundaria húmeda ecuatorial, sin ningún tipo de mitigación al daño causado, o sin que se esbocen planes para ello.
En la operación Sodoma, por ejemplo, donde se dio de baja al guerrillero Jorge Briceño, alias ‘El Mono Jojoy’, se lanzaron sobre la selva ecuatorial, donde se encuentra el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena, siete toneladas de bombas. Una reserva de enorme importancia ecológica para Colombia y el mundo. La guerrilla no se queda atrás en términos de su capacidad de daño ecológico; todos conocemos los costos ambientales de la voladura de oleoductos y torres eléctricas, entre otras prácticas, que contaminan ríos y mares, terrenos de cultivo, zonas de reserva, humedales, morichales, ciénagas, entre otros.
El panorama resultante es preocupante: selvas con grandes extensiones deforestadas, montañas erosionadas, especies de flora y fauna –incluso endémicas- desaparecidas; ríos, ciénagas y otros cuerpos de agua contaminados a un nivel casi irreversible. Se ha venido destruyendo buena parte de la biodiversidad del país, con seguridad el más mega-biodiverso del planeta; se ha establecido que supera incluso a Brasil, en particular por ser Colombia el país con mayor diversidad de páramos en el mundo, ecosistema con el que Brasil no cuenta, lo cual marca la diferencia.
La salida negociada a un conflicto que ha tomado a la selva y a sus comunidades como escenario de la confrontación armada debería tener en la agenda los temas ambiental y cultural, que no han sido tocados con la debida profundidad en el país. Una parte de los guerrilleros desmovilizados deberían dedicarse a la erradicación de las minas antipersonal y la reforestación.
El tema ambiental y cultural –ubicado en medio de un conflicto que ha tomado a la selva y a sus comunidades como escenario de la confrontación armada-, no ha sido tocado con la debida profundidad en el país. Las organizaciones guerrilleras parecen no tener claridad sobre lo que nuestra biodiversidad representa para la continuación de la vida humana y de la biosfera del planeta; el gobierno entre tanto pone un énfasis casi que exclusivo sobre los costos ambientales y ecológicos asociados a los llamados cultivos ilícitos, con lo cual la responsabilidad se desplaza sobre campesinos y colonos.
Tal vez por lo anteriormente enunciado no sorprende del todo la posición del presidente Santos en la Cumbre de Río + 20, donde expone la resolución 0045 de Julio de 2012, con arreglo a la cual se “convertiría, alrededor de 17 millones de hectáreas de la Amazonía, Orinoquía, y Chocó en áreas estratégicas mineras” (El Espectador, 16/09/12). Cabe preguntarse, no obstante, si el contexto de una paz posible no dará al traste con uno de los aspectos positivos de la presencia guerrillera en las zonas selváticas, constituida como una barrera a las pretensiones de empresas nacionales y de muchas multinacionales que desean explotar y arrasar con los recursos naturales del país. Además donde se encuentran asentamientos indígenas, en pleno corazón de la selva.
La conservación del Rio de los siete colores, Caño Cristales, ubicado en el Parque Natural la Macarena, se debe en buena parte a la presencia allí de los frentes 7, 27, 40, 42; de la columna Antonio Nariño y del Frente Yarí o 62, de las Farc-Ep. De no estar en la región es altamente probable que la acción antrópica hubiese acabado, o como mínimo contaminado, este patrimonio natural, único en el mundo. Cabe resaltar que la preocupación ambiental generalizada es un asunto de reciente cuño; hace unas décadas no existían los argumentos ni los límites que, al menos en el papel, se plantean hoy para darle un adecuado manejo ambiental a las explotaciones mineras y de otro tipo.
Preocupa entonces que en la negociación con la insurgencia armada no se discuta, y garantice, el que bajo ningún pretexto se podrán afectar nuestras fuentes de agua, nuestra biodiversidad y nuestros recursos naturales en general. Es por ello que consideramos que la siguiente propuesta debe estar en las mesas de negociación:
Propuesta ambiental
Que el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, con el apoyo de los países garantes y cooperantes del proceso, propongan ante las Naciones Unidas la financiación de un proyecto que permita a los excombatientes de esa organización guerrillera, de un lado desminar el territorio y, de otro, participar en la reforestación de las zonas afectadas de la selva, poniendo al servicio de esta tarea su conocimiento de años de los procesos naturales de estas áreas para favorecer la propagación de especies nativas y contribuir así a recuperar este ecosistema afectado indiscriminadamente por el conflicto.
Tal propuesta se justifica atendiendo a la composición campesina de la inmensa mayoría de los guerrilleros, su conocimiento del territorio, de la ubicación de las minas, y de la naturaleza de estas zonas. Ello les permitiría además de estudiar, recibir un salario sin abandonar las zonas rurales ni desplazarse a las grandes ciudades, espacios donde se les dificulta más la posibilidad de consolidar un nuevo proyecto de vida y donde sus saberes no tienen ni cabida ni valor alguno. A ello se suma el gran beneficio que un trabajo de este orden podría prestar a los recursos naturales, a la mitigación del cambio climático y del efecto invernadero, favoreciendo que nuestras selvas sigan contribuyendo a la limpieza del Dióxido de Carbono (CO2) presente en la atmósfera, al mantenimiento del régimen de lluvias y del caudal de nuestros ríos. Se contribuiría en suma al equilibrio ecológico dinámico del planeta.
De esta manera, los guerrilleros que un día sembraron minas para la muerte, ahora sembrarán árboles para la vida y la biodiversidad.
*Paúl Sánchez Puche es filósofo y ambientalista.