Foto: tomada de Notiagen | noticias de Colombia
/ Por Oscar Sevillano*. En mayo de 2011, el Presidente de la República Juan Manuel Santos, en compañía de la entonces Fiscal General de la Nación Viviane Morales y de la Contralora General Sandra Morelly, advirtió cómo las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), en connivencia con funcionarios públicos de la rama y personas inescrupulosas, montaron todo un cartel que, poco a poco, ha venido desangrando los dineros del sistema general de la salud en Colombia.
Hoy, cuando ha pasado más de un año de es advertencia y se conoce la manera cómo a las EPS se les hacían pagos indebidos, realizaban cobros de facturas de medicamentos con valor superior a los del mercado, recobro de cuentas con cédulas de personas fallecidas, cédulas falsas, y demás métodos fraudulentos que sin duda alguna tienen al sistema de salud en estado de coma, las quejas no han cesado y las investigaciones y auditorias de la entidades de control dejan un sin sabor en los usuarios porque da la impresión de que no hubo mayor vigilancia y control sobre estas entidades.
La reciente decisión de la superintendencia de salud de ordenar la liquidación de Emdisalud y SaludCondor, por considerarlas financieramente inviables y prestarse a irregularidades como autorizaciones médicas a personas fallecidas, suministro de medicamentos que nunca fueron entregados y pagos a IPS fantasmas que eran registradas en el mismo domicilio, demuestra que lo hasta ahora conocido no es ni la mitad de lo que en realidad puede estar sucediendo con el sistema de salud en Colombia.
La más reciente auditoria de la Contraloría General de la República a nivel nacional, entregada en agosto de 2012, habla de hallazgos en el municipio de Tunja, departamento de Boyacá, donde de las once EPS habilitadas para la prestación del servicio de salud, 9 se encuentran con medida cautelar de vigilancia especial.
Esta ciudad a 31 de julio de 2012 tenía una cartera vencida de 1.280 millones de pesos, correspondiente al nivel 1 de atención, en la cual la EPS Caprecom tiene el 43% del total de la deuda, seguida por Emdisalud con el 38%. El documento revela, además, que “en los casos en que la cartera supera los 360 días, siempre se levantan actas de cruce, pero no se establecen acuerdos de pago ni se cumplen los compromisos adquiridos”.
Por otro lado, la auditoria llevada a cabo por la Contraloría General de la República en la ciudad de Neiva, revela que el monto total de la deuda que las EPS tienen con el Hospital Universitario Hernando Moncaleano asciende a los 88 mil millones de pesos y presenta en algunos casos, vencimientos superiores a los 360 días.
En el caso de Carmen Atrato, el ente de control fiscal encontró que mientras el documento Conpes 148 de 2012 autorizó un monto de 1.023 millones de pesos para atender los temas de salud, el total de ingresos registrados en el presupuesto de rentas y gastos del municipio fue de 1.035 millones de pesos. El documento de la Contraloría dice que el ente territorial no reportó los actos administrativos mediante el cual se hicieron las respectivas modificaciones que permitieron la diferencia entre lo autorizado y lo girado.
En la ciudad de Quibdó por su parte, entre las falencias encontradas en la auditoría llevada a cabo por el órgano de control fiscal están las diferencias de los totales de las deudas que reportan las EPS con las cifras que muestran las cuentas del Municipio.
Así por ejemplo, mientras Caprecom registra montos que ascienden a los 5.011 millones de pesos, las del Municipio de Quibdó registran un total de $2.191 millones de pesos; por su parte la EPS Comparta registra un monto de 689 millones de pesos y el Municipio 636 millones de pesos. Lo mismo sucede en los casos de Comfachocó y Barrios Unidos, donde al igual que en los casos ya mencionados, las cifras de las EPS son mayores que las del Municipio, hecho que pone a la Contraloría en una cacería de brujas y llevar a cabo una investigación de mayor rigor para asi poder establecer cuál de las dos partes tiene la razón.
La corrupción carcome el sistema de salud en Colombia. No sólo por culpa de empresarios privados que utilizan las EPS para esquilmar las finanzas públicas, sino por acuerdos clientelares de políticos inescrupulosos que buscan beneficios particulares.
Una de las conclusiones que arroja la Contraloría General en esta auditoría es que existen deficiencias en los procesos de seguimiento por parte de las entidades de vigilancia en el tema de salud, lo que le daría la razón a la ex ministra Cecilia López, quien aseguró en su más reciente entrevista con Arco.com.co que la Superintendencia de Salud se convirtió en un enano en comparación con las EPS, que crecieron de manera exorbitante y, hoy por hoy, está en serias dificultades para llevar a cabo el papel de veeduría a la gestión en el sistema de salud.
Bogotá tampoco se escapa de los desfalcos
A los problemas de corrupción administrativa que enfrenta Bogotá, luego del triste paso de Samuel Moreno Rojas por la Alcaldía Mayor, se suman las investigaciones judiciales que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra funcionarios y concejales del Distrito por la manera cómo se realizaron los contratos en la red hospitalaria durante su administración.
Investigaciones periodísticas han advertido que esta contratación “es un negocio redondo y jugoso”, por cuanto se subcontratan servicios asistenciales, médicos y personal jurídico y administrativo e, incluso, obras de construcción. Solo basta con tener un gerente amigo para colocar las fichas en los puestos claves de determinado hospital o contratar con los proveedores que el político del caso o empresario contratista indique. En ambos casos siempre habrá ganancias para el funcionario.
Es así como funcionarios de los hospitales distritales, junto con el ex secretario de Salud, Héctor Zambrano, y algunos concejales, entre ellos Hipólito Moreno y Fernando Cepeda, han sido mencionados en las distintas etapas de la investigación que sobre el carrusel de la salud en Bogotá.
Y es que no solo el mal proceder de las EPS tienen en jaque las finanzas de la red hospitalaria en Bogotá. El llamado “carrusel de la contratación” también agrega lo suyo, pues capturó la compra de suministros y elementos necesarios para la prestación del servicio de salud, dejó las obras de construcción civil inconclusas en los hospitales de Kennedy, Bosa y Meissen, por ejemplo, e hizo de las suyas con el servicio de ambulancias, un tema del cual se vienen conociendo sus detalles.
El caso de las ambulancias ha llamado la atención que la licitación pública No. FFDS-LP-006-2009 se haya entregado a una unión temporal de tres firmas, de las cuales solo una tiene experiencia en prestación de servicios médicos (Transporte Ambulatorio Medico Ltda); las otras dos son Suarez y Silva Ltda., que se dedica a la minería, y J.A. Asociados S.A., cuyo objeto es la construcción de obras civiles.
Pese a la falta de experiencia, esta unión temporal logra que se les otorgue el contrato No 1229 de 2009, firmado por el Fondo Financiero Distrital de Salud, bajo el cual se dispuso la prestación de servicios de 55 ambulancias y 15 vehículos de respuesta rápida, junto con 27 vehículos de reposición disponibles.
Según la auditoría llevada a cabo por la Contraloría de Bogotá en diciembre de 2011, “estos vehículos estuvieron por fuera de servicio en tiempos determinados sin que haya existido reemplazo alguno por otro móvil de similares características, con excepción de tan solo seis ambulancias del total contratadas y por las cuales la Secretaría Distrital de Salud ha pagado una gran cantidad de dinero”.
Esta serie de circunstancias tienen pensando a las autoridades distritales en qué hacer para que el sistema de salud en la capital del país no termine por colapsar ante el desangre de sus finanzas y las millonarias deudas que tienen las EPS con los hospitales de la capital.
Ante todo ello, Guillermo Alfonso Jaramillo, actual Secretario Distrital de Salud, prometió ejercer una mayor vigilancia, entre otras razones porque muchos de los recursos comprometidos fueron girados a través de préstamos hechos por el Banco Mundial que luego son pagados con los impuestos que tributan los bogotanos.
Mientras surte efecto el control que prometió el Secretario Distrital de Salud, es esencial que las entidades de control fiscal, disciplinario y judicial continúen su labor de indagar e investigar hasta dónde pudieron extenderse las prácticas corruptas y cuánto han afectado la salud en Colombia.
* Periodista del portal ArcoIris.com.co