Foto: Acción colectiva y megaproyectos
/ Por Angélica Arias*. Recientemente el Centro Internacional de Toledo para la Paz –CITpax Colombia–divulgó su V Informe de 2012: Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia. Esta investigación se articula a iniciativas de varias organizaciones no gubernamentales que han intentando explicar la compleja relación entre la ilegalidad, la criminalidad y la extracción de recursos naturales.
CITpax ofrece un recuento general y elementos descriptivos sobre la minería a manos de los diferentes grupos armados ilegales, dejando en claro que en realidad no es una actividad reciente, pues de ésta sacaron provecho los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y desde siempre ha contado con presión por parte de las guerrillas.
Lo que sucede actualmente, según el informe de CITpax Colombia, es que tanto guerrillas como las llamadas “bacrim” o herederos del paramilitarismo “se han adaptado a las dinámicas económicas y sus estrategias para influir sobre el sector extractivo son a veces un tanto más sutiles”; además, los precios de estos recursos han aumentado, así como la llegada de empresas mineras al país, lo que ha incentivado el interés de los actores armados ilegales por los beneficios que pueden obtener de este sector económico.
Con una exposición sucinta de lo ocurrido en regiones de Antioquia, Nariño, Sur de Bolívar, Córdoba, Cauca, Meta, Santander y Chocó, se explora el modus operandi de los actores armados ilegales frente a la minería legal criminal, a la minería informal-artesanal y a la minería de gran escala; estos dos últimos también son analizados en un reciente trabajo realizado entre Foro Nacional por Colombia, Azaí Consultores y Corporación Nuevo Arco Iris, titulado Violencia Colectiva y Minería en Colombia: Hallazgos preliminares de dos estudios de caso, estudio que profundizaremos en una próxima entrega.
Son múltiples los tipos de acción realizadas por los actores armados ilegales en relación al sector extractivo. En este sentido, conforme a los lugares analizados por el CITpax, aparentemente se especializaron en el desarrollo de alguna modalidad o combinaron algunas estrategias,como por ejemplo el control de la operación de maquinaría, la utilización de empresas fachada, el robo de combustibles y refinería de crudo ilegales, como proveedores de protección y de trabajadores, con servicios de seguridad privada, mediante extorsiones y secuestros, así como facilitadores de la llegada de empresas multinacionales por medio de intimidaciones, amenazas y asesinatos selectivos.
Desde hace varios años se han dado transformaciones en la manera cómo se financian los grupos armados ilegales en el país. Al narcotráfico se ha sumado la minería. Angélica Arias hace un análisis sobre el significado de estas rentas y se pregunta qué pasará si las negociaciones con las Farc llegan a buen término.
Ya sea como beneficio directo o como una participación indirecta y en favorecimiento de otros, los actores armados ilegales han vulnerado derechos de la población, de líderes y de sindicalistas para conservar la financiación que obtienen por cuenta de la minería –de todo tipo de material- y del petróleo, por las acciones históricas de sabotaje a oleoductos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es oportuno preguntarse por qué se incrementó el interés de los actores armados ilegales sobre el sector extractivo. Las respuestas son tanto por economía, como por su funcionalidad. El primer factor, porque, según CITpax Colombia, “parecen haber encontrado nuevas modalidades para captar parte de las utilidades/ganancias de las empresas así como de las regalías que el Estado redistribuye a las regiones”; y el segundo, de acuerdo con ese informe, porque “la producción y comercialización se volvieron menos complicadas y arriesgadas en comparación con la producción y procesamiento de la cocaína”.
Este último aspecto, no excluye la posible relación entre el narcotráfico y el sector extractivo, dado que en algunos casos son complementarios ya sea por el lavado de activos del narcotráfico que pueden obtener en la minería o por el robo de combustible que reduce costos en el procesamiento de estupefacientes.
El Gobierno Nacional, ha volcado sus esfuerzos mediante un gran despliegue de Fuerza Pública, para salvaguardar la seguridad y los intereses de empresas privadas, en pro de la protección de la infraestructura minero-energética del país, por medio de la creación e instalación de 11 Batallones minero-energéticos y la planeación de otros tantos para el 2013.
A las puertas del inicio de las negociaciones con las Farc en próximos días, vale la pena preguntarse cómo será tratado el tema del sector extractivo y su relación con los actores armados ilegales, las responsabilidades de las empresas a nivel internacional y tanto la sinergia y la complementariedad como el reemplazo entre el narcotráfico, la minería y la extracción de recursos naturales en general, dado que, en la actualidad, es un recurso financiero significativo dentro del conflicto armado.
Si la negociación de paz llegara a buen término y, por ende, las Farc redujeran su acción en este rédito, ¿debería disminuirse la cuota destinada a la Fuerza Pública que se ha especializado en la defensa de las actividades minero-energéticas? Probablemente la repuesta sea que en algunas zonas no, o que se deba hacer paulatinamente, pues aún quedaría trabajo con relación a las “Bacrim” y en menor medida sobre el Eln.
No obstante, es importante preguntarse qué sucederá en gran parte del territorio colombiano –en donde hace presencia las Farc– con la gran cuota de Fuerza Pública y los nuevos batallones minero-energéticos dispuestos para salvaguardar los intereses privados. ¿Se mantendrían?
* Politóloga, investigadora del Observatorio del Conflicto Armado de Nuevo Arco Iris.