Foto: El clan Sánchez de Oca, una familia política cuestionada, los hermanos Astrid, Odín y Patrocinio.
Una vez más el Congreso de la República se encuentra en el ojo de la opinión pública, esta vez por cuenta de la llegada de Astrid Sánchez Montes de Oca al Senado, quien ocupará la curul que le correspondía a Eduardo Carlos Merlano, uniéndose a la larga lista de herederos de la llamada parapolítica como Heriberto Arrechea, Yahir Acuña, Héctor Julio Alfonso López y Teresita García, entre otros.
La discusión de la llegada de Sánchez Montes de Oca al Senado de la República se centra no tanto en ella, sino en los intereses que representará. Es claro que al quedar sus hermanos por fuera del juego político, luego de sus inhabilidades judiciales y disciplinarias, necesitan de alguien que les permita tener cierto manejo en el poder local, en este caso el departamento del Chocó, y de paso al hacer parte de la bancada del presidente Santos, lograr un grado de influencia en las decisiones que se tomen en el Palacio de Nariño. Y quien mejor que alguien de las entrañas de su grupo que no tenga ningún tipo de impedimento legal.
Astrid es hermana de Patrocinio Sánchez Montes de Oca, exalcalde de Quibdó y exgobernador del Chocó, y uno de los caciques electorales más importantes en la última década en ese departamento. Desde el 2010 afronta procesos penales por malos manejos administrativos, entre ellos detrimento patrimonial y peculado por apropiación a favor de terceros, cuando estuvo al frente de la Alcaldía de la capital chocoana en el periodo 2001 – 2003. En la actualidad se encuentra detenido.
A esos problemas se le suman sus presuntas relaciones con grupos armados ilegales. Luis Omar García Argüelles, desmovilizado del Eln, aseguró ante un fiscal de Justicia y Paz que Patrocinio recibió apoyo político de ese grupo insurgente en su campaña a la Alcaldía. Según el exguerrillero, el trato con el grupo armado consistió en colaborarle en Quibdó y los corregimientos aledaños a cambio de cuotas políticas, inteligencia o bienes.
Dos hermanos de Astrid Sánchez Montes de Oca, integrante de una familia que ha regido los destinos del Chocó en la última década se encuentran presos. Uno por corrupción y el otro por nexos probados con grupos paramilitares.
El segundo cuestionamiento que pesa sobre Astrid Sánchez Montes de Oca corre por cuenta de su otro hermano, Odín, condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueva años de prisión por vínculos con el exjefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias ‘el Alemán’, de quien según las investigaciones del máximo tribunal de justicia en Colombia, recibió ayuda económica del exjefe del bloque Élmer Cárdenas de las Auc, que operó en el Urabá antioqueño y chocoano.
A la polémica por las actuaciones de sus hermanos ni la misma Astrid se escapa, pues deberá enfrentar un proceso en el Consejo de Estado por presunto fraude electoral, gracias a una demanda instaurada por el diputado antioqueño Andrés Guerra, quien asegura que durante el reconteo de votos luego de las elecciones de octubre de 2010, se comprobó que había votos que no aparecían en los formularios E-14 y luego sí en los E-24.
Ante esa inconsistencia, el Consejo Nacional Electoral anuló cerca de 4.000 votos por diferentes irregularidades. Así las cosas, Astrid pasó de tener 41.120 votos a 37.024, ubicándose detrás de Carlos Eduardo Merlano Morales, con una diferencia de 171 votos.
Con todos estos antecedentes, la nueva Senadora llega a ocupar la curul de Eduardo Carlos Merlano, quien fue destituido por la Procuraduría General de la Nación y al igual que la política chocoana, llegó al Legislativo a cuidarle el lugar a un familiar preso por parapolítica.
Con el caso de Astrid Sánchez Montes de Oca queda una vez más en entredicho la manera cómo está integrado el Congreso de la República y quedan en evidencia los procedimientos de aquellos políticos que, con tal de no perder posibilidad de maniobra en el juego de la política, colocan toda su maquinaria electoral a favor de las personas que le son más cercanas, para que estos lleguen al sitio que deben abandonar al ser condenados por la justicia y cuiden de sus intereses.