Foto: Jaime Pardo Leal | Centro de Memoria Histórica
/ Por Luis Eduardo Celis*. El domingo 11 de octubre de 1987, cuando Jaime Pardo Leal venía de Villeta a Bogotá, junto a su esposa Gloria y sus tres pequeños hijos, fue interceptado y asesinado delante de su familia.
Pardo Leal fue el candidato presidencial de la Unión Patriótica, movimiento surgido de los acuerdos de la Uribe con las Farc, con la participación de fuerzas políticas legales, en 1984; compitió en el debate presidencial de 1986, obteniendo un respaldo de trescientos cincuenta mil votos, alrededor del 6 % del total de los votos, que dieron como presidente a Virgilio Barco Vargas.
Por tan exigua votación, las elites regionales, con el apoyo de militares y paramilitares, arremetieron contra este movimiento político y asesinaron a cuatro mil de sus integrantes y empujaron a las Farc a un nuevo ciclo de violencia, de la cual hoy, veinticinco años después, se siguen sintiendo sus estragos.
Pardo Leal era un hombre de cuna humilde, su padre y su madre, campesinos de Ubaque, Cundinamarca, eran gente del campo, de levantarse de madrugada y sudar duro para conseguir el sustento de la familia, lo que marcó profundamente a su hijo, quien, por esfuerzo propio y familiar, pudo estudiar Derecho en la Universidad Nacional en los años sesenta. El futuro candidato presidencial desarrolló una carrera de jurista brillante y siempre descolló por su carácter humano, sencillez y alegría.
Se interesó por la organización gremial de los trabajadores de la rama judicial y fue firme promotor de sus luchas y reivindicaciones, defendió con tesón tres derechos fundamentales de los trabajadores: de asociación, de negociación y de huelga.
¿Será posible construir una dinámica de competencia política sin violencias? Esa es la pregunta que se hace Luis Eduardo Celis Méndez al evocar una de las figuras de la Unión Patriótica y candidato presidencial, asesinado hace 25 años.
Pardo Leal siempre sostuvo en su corazón las reivindicaciones de los más débiles. Cuentan que en su condición de maestro de Derecho de la Universidad Nacional, al terminar la clase, decía: “invito a dos de ustedes a almorzar a mi casa, levanten la mano y vámonos”. Quizás era ese recuerdo de hambrunas juveniles que lo irritaban y empujaban en su rebeldía.
Tengo la convicción profunda que Pardo Leal nunca en su vida empuñó un arma, pero respetaba a quienes se habían levantado en rebelión armada desde los años cincuenta. Y consideró que un movimiento como la Unión Patriótica era la puerta de entrada para atraer a la vieja guerrilla a un nuevo momento de la vida colombiana, con reformas, inclusiones y garantías de participación, pero la tozuda realidad lo contradijo, perdió la vida junto con otros miles de colombianos y colombianas. Es una herida que sigue abierta.
El exterminio de todo un movimiento político que actuaba en la legalidad y que trataba de ayudar a construir un acuerdo de paz fue posible por la falta de acción del Estado; y peor aún, en muchas regiones el Estado local ayudó al exterminio. Desde Bogotá no hubo ni voluntad ni capacidad de parar la mano asesina, integrada por una confluencia de narcotraficantes, terratenientes y políticos que veían amenazados sus feudos, espíritus intolerantes.
Esta macabra confluencia sumió a muchas regiones en orgías de sangre como Urabá, en Antioquia, y Meta, por mencionar solo dos departamentos. Aunque también desde la orilla de las Farc faltó decisión de ir a la paz y las elites tampoco hicieron ofertas concretas para construir con ellas un pacto de paz.
Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, quien también fue candidato presidencial por la Unión Patriótica y luego asesinado en marzo de 1990, son las figuras de un movimiento aniquilado, una tragedia que, poco a poco, se ha ido conociendo en sus detalles macabros y que el Estado colombiano aún no atina a reparar; continúa con una defensa terca en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que raya en la ofensa, al no ser capaz de conciliar con los sobrevivientes de la Unión Patriótica y sus víctimas un acuerdo digno, de entereza, de gallardía, ni de asumir plenamente sus responsabilidades por acción y por omisión en semejante barbarie.
Ahora que nuevamente se abre un proceso de diálogos y negociaciones entre las Farc y el Gobierno nacional, el tema de las garantías de participación política está en la agenda, es un viejo tema no resuelto en Colombia. Derechas e izquierdas armadas han recurrido a la eliminación física de los adversarios, dejando una precaria democracia y millones de víctimas.
¿Será posible construir una dinámica de competencia política sin violencias? Superar esta larga página de odios y entrar en la competencia política civilizada y, por supuesto, cerrar el conflicto armado, pasa por el esclarecimiento y reconocimiento de las víctimas de este horror que fue el exterminio de la Unión Patriótica.
Jaime Pardo Leal fue asesinado un 11 de octubre, hace 25 años, y hoy su memoria y la de miles de asesinados nos convoca para asumir este momento de la historia nacional con la mayor responsabilidad, en la exigente tarea de lograr verdad, justicia y reparación en el tránsito del conflicto armado a una convivencia sin violencias ni exclusiones.
* Luis Eduardo Celis Méndez es investigador en temas de paz y conflicto.