Foto: Giovanni Moreno C.
/ Por Oscar Sevillano*. Tras siete años de aplicación de la Ley 975, conocida como de Justicia y Paz, y en un intento por evitar el fracaso total, el Senado de la República aprobó la reforma que pretende evitar que esta iniciativa, bajo la cual se desmovilizó un importante número de paramilitares y que hasta hace unos días se encontraba en un limbo jurídico, termine por desaparecer.
Con esta reforma, las audiencias que antes pasaban por un proceso de imputación de cargos, formulación, legalización y juicios, etapas que se volvieron largas y tediosas, ahora se reducirán a una sola en la que se hará la debida imputación de cargos, y se darán a conocer las pruebas del hecho. Cumplido este proceso, la Fiscalía tendrá un corto plazo para comprobar las acusaciones por las que el desmovilizado se encuentra judicializado, para posterior a esto pasar a una etapa de formulación y aceptación de cargos.
Se espera que con esas modificaciones se superen los actuales procedimientos, que se vieron perjudicados porque la Fiscalía General de la Nación no contaba con los elementos y la estructura necesaria para abordar las investigaciones que los casos requerían, y por la dificultad de las víctimas del conflicto armado para asistir a las audiencias.
Se espera que la Ley 975 arroje los resultados que, por lo complejo de las investigaciones, no se han dado hasta el momento y, de paso, ayude a que los colombianos cambien su percepción de lo que hasta el momento ha sido su aplicación.
Según la encuesta publicada por El Centro de Memoria Histórica “Qué Piensan los colombianos Después de Siete Años de Justicia y Paz”, el 70% de personas expertas en el tema consultados opinan que poco se ha avanzado, mientras de las personas afectadas solo 36% estiman que algo se ha logrado.
La Ley 975, o Ley de Justicia y Paz, en vigencia desde 2005, no ha tenido los efectos esperados en el juzgamiento de los paramilitares que se desmovilizaron de manera colectiva, por ello se requirió de una reforma que está para sanción presidencial.
Otro de los puntos que la reforma trata de enderezar es el que deja en claro los motivos por los cuales un desmovilizado perdería los beneficios que le otorga esta norma. También faculta a jueces y fiscales para priorizar casos y hechos de violencia, según la gravedad y el impacto que este haya tenido. Así por ejemplo, si un fiscal tiene en sus manos la investigación de la masacre de Mapiripán, puede colocarla en el primer punto de su agenda, por encima de las razones que llevaron a un paramilitar raso a portar las armas de manera ilegal. Lo anterior permitiría una investigación más eficaz de los hechos.
De paso se espera que ayude a mejorar la imagen que se tiene de la norma y de la actuación de la justicia. Según la encuesta del Centro de Memoria Histórica, el 39% de las personas que se han visto perjudicadas por el conflicto, creen que hay impunidad y que la justicia no actúa, y en el grupo de expertos consultados el 61%, opina en el mismo sentido.
El país espera la descongestión en los procesos de Justicia y Paz que se encuentran en el limbo tras siete año de incertidumbre, tiempo en el que solo se han producido 14 sentencias de un total de 38.473 hechos confesados, y que hoy por hoy le hacen ver como un ensayo de proceso transicional que fracasó al no arrojar los resultados que prometió desde el momento en que comenzó a dar su aplicación , entre otras porque no dotó a la justicia de los elementos necesarios para abordar el alto número de investigaciones que se iniciaron y que, en la actualidad, se encuentran a mitad de camino.
* Periodista del portal ArcoIris.com.co