Así se implantó la violencia en el campo colombiano

Foto: archivo revista Cambio.

A partir del próximo lunes 19 de noviembre, las delegaciones del Gobierno colombiano, liderada por Humberto De La Calle, y de las Farc, con ‘Iván Márquez’ a la cabeza, iniciarán la discusión sobre el primer tema de la agenda, el desarrollo rural integral, para intentar construir un acuerdo que ponga punto final a un conflicto armado de medio siglo.

Si se revisa la amplia literatura producida por nacionales y extranjeros sobre las razones de este conflicto, la inmensa mayoría lo explican como un levantamiento armado con raíces campesinas, por la inconformidad con un modelo de desarrollo excluyente, autoritario y que ejerce la violencia como mecanismo para concentrar la propiedad o defenderla.

Esas son las razones y son muy pocos los que de manera cínica no reconocen que tenemos un campo donde se incubó y desarrolló esta sangrienta confrontación, que ha dejado miles de muertos, miles de viudas y huérfanos, y cientos de comunidades desplazadas, las cifras oscilan entre 4 y 6.5 millones de personas que partieron de sus tierras defendiendo la vida.

Al finalizar la década de los sesenta, cuando apenas se empezaba a experimentar el fin de la violencia partidista de mediados del siglo XX, el país seguía sin resolver el conflicto agrario, la tierra continuaba concentrada en pocas manos y persistía un poder político construido sobre un orden social inequitativo, excluyente y poco abierto a la democracia.

El terreno estaba abonado para la irrupción de un nuevo ciclo de violencia: un intento de reforma agraria durante la década del sesenta fue bloqueado, se desvaneció la irrupción vigorosa del movimiento campesino, se instalaron el narcotráfico y actores armados varios, se debilitó la institucionalidad en el sector rural y las economías campesinas y el desarrollo rural quedaron sujetos a las leyes del mercado.

La guerrilla de las Farc es, en esencia, una fuerza campesina que si bien se encontró con unos jóvenes urbanos que optaron por el camino de la rebelión armada, logró mantener sus raíces luego de medio siglo de confrontación; por eso, al pactar una agenda de reformas que lleven al fin de la guerra, colocaron en el primer punto el tema rural, lo cual es perfectamente lógico, puesto que allí empezó esta trágica historia.

Este grupo insurgente es el producto de la decisión de elites de no reconocer derechos al campesinado, de excluirlos de la posibilidad de participación política y de buscar su sometimiento a un orden rural cruzado de inequidades y violencias, esa es la dura realidad, a la cual la Colombia urbana le dio la espalda.

Poco a poco esta rabia campesina hecha organización fue creciendo en un país que expulsó a los márgenes de la frontera agrícola a los campesinos que sin tierra, no tuvieron otra alternativa que abrir selvas y montes para levantar una familia y se encontraron en que el único Estado en estas regiones sin Dios ni ley fueron las guerrillas de las Farc y el Eln. Con ellos convivio por intereses compartidos o por mera sobrevivencia. Es la historia de las zonas de colonización iniciadas en los años sesenta.

El conflicto armado colombiano surgió como una disputa por la tierra. Allí están sus raíces y por ello es el primer punto de la agenda entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en este nuevo proceso de diálogo para ponerle fin a la guerra.

La insurgencia armada echó raíces conectada con algunos sectores de campesinos y en las regiones más desarticuladas de infraestructura y con precaria presencia estatal. La reforma agraria que intento el presidente Carlos Lleras Restrepo fue reversada con el Pacto de Chicoral y  sustituida por una política de subsidios para facilitarles a los medianos propietarios el acceso a un mercado imperfecto de tierras. Se instaló y prosperó la economía ilegal de las drogas y arrastró consigo las peores expresiones de criminalidad.

Guerrillas, paramilitares, sectores de las Fuerzas Armadas, carteles de la droga y bandas criminales de todo tipo se ensañaron contra la población civil y las comunidades rurales. Precisamente, por ellos, se hizo el tránsito violento desde la lucha por la tierra hacia la lucha por el control del territorio.

En síntesis, la configuración de un nuevo campo en los años ochenta y hasta el presente ocurrió en un contexto de expansión y degradación de dos fenómenos centrales en la historia reciente del país: el narcotráfico y el conflicto. Muchas regiones de Colombia se vieron impactadas por  la penetración de criminalidad organizada,  el desplazamiento forzado y el despojo de tierras y la lucha por el control de territorios entre actores armados y el Estado.

El Estado igualmente puso su cuota al abandonar iniciativas como el Plan Nacional de Rehabilitación y los programas de desarrollo rural, porque se introdujo un paradigma productivista compatible con la apertura económica.

Fue notable, también, el proceso de debilitamiento institucional del sector, por lo demás, diseñado para responder a una visión signada por lo agropecuario, y, si acaso, obsesionado por lo productivo. La ruralidad se transformó, pero la institucionalidad no tomó nota y la poca que fue quedando se especializó en subsidios sectoriales para el empresariado (en detrimento de las economías campesinas tradicionales),  y relegó a un segundo plano la provisión de bienes públicos para todos, especialmente para los más excluidos y vulnerados.

Este es el campo que tenemos hoy: el 65% de la población vive en situación de pobreza; todos los indicadores sociales son más precarios si se los compara con los de las ciudades; tenemos muchas regiones sin infraestructura social y la presencia estatal sigue siendo duramente disputada por ilegales de muchos pelambres, con el agravante que en un conflicto tan prolongado y donde el Estado no se ha comportado de manera debida y respetuosa, por ello es precaria su legitimidad ante los ojos de muchas poblaciones.

Esta situación de concentración de la tierra, abandono del campesinado y ejercicio de la violencia, ahora se ve agravada con las llamadas locomotoras mineras y de desarrollo agroindustrial a gran escala, que puede pasarles por encima a muchas comunidades, de ahí que el reclamo de las Farc de discutir la forma en que se está dando la ampliación de estas dinámicas económicas no es impertinente, muy por el contrario, si se quiere construir un acuerdo de convivencia hay que ver las formas en que se puede hacer minería y desarrollar sectores del campo, con intensificación de grandes inversiones, teniendo en cuenta la presencia e interés del campesinado, los indígenas y los afrocolombianos.

En La Habana, Cuba, se deberá discutir cómo lograr un campo con equidad y democracia, lo cual ha sido bandera de las Farc, pero ante todo es un interés de quienes queremos una Colombia en paz, que respete y de oportunidades a un campesinado como esencia de una nación democrática.