Foto: archivo CNAI
/ Por Remco Bouma*. Hay bases razonables para creer que los falsos positivos sí han sido una política de Estado, afirma la Corte Penal Internacional (CPI) en su más reciente informe sobre Colombia, en el que además precisó que el país seguirá siendo objeto de exámenes preliminares en los cuales la Corte decidirá si abrir o no una investigación.
Según el informe, “hay una base razonable para creer que estos actos se cometieron conforme a una política adoptada en ciertas brigadas de las Fuerzas Armadas, lo cual constituye la existencia de un Estado o una política organizada como marco dentro del cual se cometieron estos crimenes.” Las cámaras de la Corte han encontrado subrayan que “una política de Estado no necesariamente tiene que concebirse en el más alto nivel de la maquinaria estatal, sino que puede ser adoptada por órganos estatales locales o regionales. Incluso una política adoptada local o regionalmente puede ser catalogada como política de Estado”.
La Corte está investigando 1.669 casos de falsos positivos con un número de víctimas que llega posiblemente a 2.896. Subraya que el fenómeno creció en los ochenta, pero que la mayoría de los casos se cometió entre el 2004 y 2008. Atribuye la mayoría de los casos a miembros de las Fuerzas Armadas, quienes han “asesinado a miles de civiles con el fin de incrementar el éxito en el contexto del conflicto armado interno, y para obtener beneficios monetarios de fondos estatales,” y que operaban a menudo en conjunto con paramilitares y civiles.
Destacó además que desde el primero de noviembre de 2002, hay una base razonable para creer que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad entre ellos asesinatos y desapariciones forzadas. La Corte continuará investigando si la tortura u otro crimen de lesa humanidad, se cometió de manera sistemática y organizada. A los actores armadas no estatales, las Farc, el Eln y los paramilitares, la Corte supone de una base razonable para poder probar crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desplazamiento forzado, secuestro, tortura, y violencia sexual.
Hay bases razonables para creer que los falsos positivos sí han sido una política de Estado, afirma la Corte Penal Internacional (CPI) en su más reciente informe sobre Colombia.
Al ratificar el Estatuto de Roma de la Corte en el año 2002, Colombia emitió una declaración según la cual no estaría sujeta a su jurisdicción por crímenes de guerra en un periodo de siete años. Por lo tanto, la Corte tiene autoridad para investigar crímenes de lesa humanidad en el país a partir del primero de noviembre de 2002, y crímenes de guerra a partir del primero de noviembre 2009. Esto importa en el caso de los paramilitares, a los cuales sí puede investigar por crimenes de lesa humanidad pero no por crímenes de guerra, puesto que en el 2009 ya se habían desmovilizado.
Sin embargo, el informe destaca que la Corte Penal Internacional está analizando hasta qué medida los ‘grupos sucesores’ pueden ser calificados como grupos armados organizados que participan en el conflicto armado, o si encuentra los requisitos para considerarlos como grupos organizados con el fin de cometer crimenes de lesa humanidad, con lo cual les aplicaría la misma jurisdicción que al Estado y los grupos guerrilleros.
El informe titulado ‘Situación en Colombia’ no cambia el estatus de Colombia ante el Corte: el país sigue siendo objeto de exámenes preliminares desde que la Corte abrió la investigación en 2004. Según el informe, es “excepcional” que la Corte publique informes sobre investigaciones que siguen en marcha, no obstante, han decidido publicarlo por su alto nivel de interés público que genera lo encontrado.
* Colaborador internacional del portal ArcoIris.com.co