Foto: Humberto de la Calle y alias ‘Iván Márquez’ de las Farc, en Oslo, Noruega.
/ Por Luis Eduardo Celis*. A comienzos de esta semana, el país se enteró que en la mesa de diálogo en La Habana, Cuba, entre el Gobierno nacional y las Farc hay un intercambio de ideas sobre cómo debe ser la participación ciudadana y a través de qué mecanismos. Algo del debate ha trascendido a la opinión público, bien sea por las posturas públicas del grupo insurgente o por algunas consideraciones discretas de los voceros de gobierno sobre el punto.
En plata blanca, el debate se circunscribe a que las Farc quiere involucrar a sectores sociales y dinámicas regionales al proceso de negociaciones, con la lógica de lograr mostrar su capacidad de articulación y dialogo político con estas expresiones, y el Gobierno prefiere un proceso exclusivo con la organización insurgente y una mínima interlocución con personas concretas, nada de foros, audiencias, reuniones en regiones para discutir los temas de la agenda y mucho menos los que no hacen parte de ella.
Las FARC en su IV texto desde La Habana, se refiere de manera específica al punto de la participación ciudadana en el proceso y lo enmarca de la siguiente forma: “En el ‘Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, las partes hemos convenido atender el gran clamor de la población por la paz, tomando en consideración que su construcción es asunto de la sociedad en su conjunto. Por ello, ‘la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras, a las que invitamos a unirse a este propósito…’, ha sido colocado como aspecto central del ropaje democrático que debe tener el proceso que iniciará sesiones el 15 de noviembre en la Habana (Cuba). Que atino este, el de no considerar que los problemas de la guerra y de la paz son asunto de manejo exclusivo del gobierno. Gran avance, ciertamente, en el camino de búsqueda de la justicia social y la reconciliación, sencillamente porque su esencia es la de irle abriendo campo a la democracia aún dentro del ambiente guerrerista que mantiene el régimen. Fue sensato Juan Manuel Santos cuando decidió pactar através de sus voceros ‘la disposición total de llegar a un Acuerdo, y la invitación a toda la sociedad colombiana…’, que debe ser la verdadera protagonista de este emprendimiento”.
El aplazamiento por cuatro días de los inicios formales de los diálogos entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc debido a discusiones sobre la participación de la ciudadanía en el proceso es una muestra de la importancia que tiene el tema en esta etapa.
Del texto de las Farc no queda claro el alcance del protagonismo de la sociedad, su papel en el proceso y de manera específica en la construcción de un acuerdo sobre la agenda definida; hay mucha generalidad que, por supuesto, enciende las alarmas del Gobierno, que hace bien en mantener cautela, lo cual no significa que éste no sea un punto clave, por supuesto que lo es.
Hasta el momento, y aún sin iniciar trabajos la mesa de diálogos, hay una diversidad de posturas y consideraciones sobre lo que debe ser la participación social en un proceso de tanta complejidad y en el que se juega el cierre de un conflicto armado de medio siglo o su prolongación, con todos los costos nefastos para ampliar la democracia, emprender la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de lo sucedido, y asumir las causas que originaron el conflicto, que están en la actual agenda: desarrollo rural y participación política.
Las posturas sobre lo que debe ser la participación social, van desde quienes quieren ser parte de la mesa, tener allí voz y voto y plenos derechos para decidir sobre su rumbo, lo cual es totalmente inadmisible para algunas voces autorizadas. En ese sentido, recordamos a Augusto Ramírez Ocampo, quien era tajante al defender la tesis de que la negociación es un asunto exclusivo entre gobierno y guerrillas, sin ningún tercero involucrado en la mesa de manera directa; en tanto que otras voces han abogado por un proceso donde la participación social sea plural y desde allí se construyan las bases de un acuerdo, tal como lo ha promovido, desde 1997, la guerrilla del Eln, idea contenida en su propuesta de Convención Nacional.
La discusión sobre la participación ciudadana no es un tema banal; es, ni más ni menos, uno de los puntos que dieron origen al conflicto, sobre todo en relación a las garantías de participación política y la desconfianza hacia el poder legitimo del Estado de comunidades organizadas y sectores políticos diversos.
Este es un punto que se puede resolver si las dos partes, Gobierno y Farc, y eventualmente con el Eln, se aprestan a buscar formulas de entendimiento. En ese sentido es bueno que se hayan dado más tiempo para trabajar el tema en estos días en La Habana. A diferencia de los presidentes de Senado y Cámara que han salido a criticar el alargue de las reuniones para definir temas procedimentales y de manera particular la forma en que se dé la participación social y ciudadana en este proceso, hay que ver de manera positiva que este punto tan crucial esté ocupando a los negociadores. No es cualquier punto y bien merece la pena que sobre él se siga trabajando.
Un diseño aceptable de procesos y mecanismos de participación social que abra el dialogo con sectores sociales, gremiales y políticos, es bueno para ambas partes y no le hace daño al proceso. Unos mecanismos agiles y organizados, que combinen con las posibilidades que dan hoy los grandes avances en la informática y las telecomunicaciones y, por supuesto, que brinde garantías de seguridad a quienes participan, sería empezar a mostrar que en Colombia se puede participar, opinar y proponer sin temor a que una bala lo elimine o un acoso lo desplace o un ambiente de hostilidad lo silencie. Esos son los temas que este proceso de reordenamientos en la forma de hacer política y asumir el debate social debe garantizar.
*Periodista del portal ArcoIris.com.co