/ Por Jorge Ernesto Salamanca Cortés*. El corte de cuentas para la administración del Alcalde Gustavo Petro comienza por reconocer los tropiezos que debió afrontar en los primeros meses de su gestión, producto de su negativa a reconocer la legitimidad del Concejo y el papel de esta Corporación en la formulación de los programas y proyectos. Más tarde, gracias al trabajo de sus principales funcionarios, particularmente de los Secretarios Eduardo Noriega de la Hoz, Guillermo Raúl Asprilla Coronado y María Mercedes Maldonado, se logró construir un Plan de Desarrollo concertado, con la participación de las diferentes fuerzas políticas y sociales de la ciudad, pero ante todo, libre de exigencias y ofrecimientos.
Ahora bien, acerca del funcionamiento de las entidades distritales, una de las más controvertidas ha sido sin lugar a dudas, la administración de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Esto obedece a los desafíos que tiene la ciudad en múltiples frentes, como es el caso de su gestión operativa y comercial, el suministro de agua a los municipios de la región, la ampliación de su objeto social para participar en el servicio público de aseo con la recolección, barrido y limpieza, como también el esquema de saneamiento del Río Bogotá.
Desde un principio, su gerente, Diego Bravo Borda, recibió una lluvia de críticas al solicitarle a la Junta Directiva de la EAAB, que se le incrementara su salario básico en un 50% por gastos de representación, para conseguir una asignación mensual de $25 millones de pesos. Esta solicitud se dio en medio de un llamado a la contención de gastos y austeridad, pues las utilidades operacionales de la Empresa registraban una caída del 52.34%, al comparar el resultado de este indicador en los primeros cuatro meses de gestión, frente a la vigencia inmediatamente anterior.
Superado este primer impase, el Gerente de la EAAB sostuvo que la venta de agua en bloque era una actividad económica ilegal, al considerar que la concesión de agua que se tramitó por parte de Bogotá ante la autoridad ambiental – CAR Cundinamarca, no le permite suministrar el preciado líquido por fuera del perímetro urbano. Así las cosas, importantes compañías extranjeras que pretendían la construcción y puesta en funcionamiento de una planta productiva en la sabana de la ciudad, no la pudieron ejecutar. Igual suerte corrieron varios proyectos urbanísticos, incluidos varios de interés social, no lograron tramitar sus licencias.
Producto de esta situación, el Gobernador de Cundinamarca gestionó ante la Asamblea, la posibilidad de constituir una Empresa de Acueducto Departamental. Los buenos oficios por parte de la Alta Consejera para Bogotá y la Región, junto al Ministro de Vivienda, Dr. Germán Vargas Lleras, siguen encaminados en lograr un acuerdo para destrabar este proceso y permitir el suministro de agua potable. La única alternativa que ha contemplado el Gerente del Acueducto, es la prestación directa de este servicio por parte de la EAAB.
Otro componente que requiere ser estudiado, es la decisión de terminar a partir del 1 de enero de 2013, con el modelo de gestores implementado durante los últimos diez años, bajo el cual se dividió la ciudad en cinco zonas y se entregó a privados la gestión comercial y operativa de redes, la cual considero favorable.
El proceso de modernización de la Empresa de Acueducto adelantado entre los años 2001 a 2003, le significó a la ciudad un gasto por cerca de 900 mil millones de pesos, sin embargo no permitió la contención de gastos, no generó resultados significativos en la reducción de la cartera de difícil recaudo, ni redujo el índice de agua no contabilizada, que se ubica en un promedio del 37%, prácticamente igual que desde su comienzo. Solamente evaluando este indicador, se registraron pérdidas para la Empresa cercanas a 100 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que el tope estimado por la Comisión Reguladora es del 30%.
Dos temas centrales han sido motivo de largas discusiones políticas y técnicas en la Alcaldía de Bogotá: el manejo de la empresa de acueducto y alcantarillado, y el manejo de la salud.
Es natural que se sienta temor por retroceder en los logros obtenidos en cuanto a la calidad en la atención de los usuarios y en la reparación oportuna de los daños y procesos de mantenimiento; pues fueron las únicas metas ciertas que se conseguieron.
Si bien preocupa la burocratización y clientelización de la Empresa, dada la carga laboral que se pueda generar, esto no es excusa para la construcción de un modelo público empresarial técnica, económica y financieramente sostenible. Las actividades de instalación, operación de redes, mantenimiento correctivo y preventivo de acometías, son actividades históricamente desempeñadas por la Empresa y se goza de completa experticia para reasumirlas. La discusión sobre el servicio de aseo en la ciudad y el esquema de saneamiento de los cuerpos de agua y recuperación del Río Bogotá, requieren de mayor claridad por parte de la administración distrital y merecen posteriormente un capítulo especial.
De otro lado, otro de los frentes de trabajo prioritario es la crisis financiera de la red pública hospitalaria, producto de los inmanejables niveles de cartera que asciende a más de $650 mil millones de pesos, sin embargo la gestión del nuevo gobierno, no ha impedido frenar esta tendencia (Al 31 de diciembre de 2011 era de $627 mil millones de pesos). Esta cifra se explica por las deudas de las EPS de los regímenes subsidiado y contributivo, de los entes territoriales y demás pagadores, quienes dilatan el reconocimiento de sus cuentas, imponen elevadas glosas y “cabalgan” su sostenibilidad financiera a costa de la iliquidez de los hospitales. De esta forma, se configura un perverso sistema donde los aseguradores trasladan la administración del riesgo al operador, quien está obligado a ofrecer los servicios de salud sin ningún tipo de barrera en el acceso y atención de los pacientes.
Sumado a lo anterior, el Distrito debe afrontar una segunda preocupación, toda vez que también participa en el sistema como socio mayoritario en una EPS del Régimen Subsidiado, de naturaleza mixta, denominada CAPITAL SALUD EPS-S. Bajo estas circunstancias, padece las graves consecuencias de haberse ordenado por parte del Gobierno Nacional, la unificación de beneficios del POS para el régimen subsidiado, al mismo paquete de servicios y medicamentos dispuestos para los afiliados al régimen subsidiado; sin que se equiparare la unidad de pago por capitación, para cada uno de los usuarios.
Las cifras concretas dan cuenta de una UPC para el régimen contributivo de 580.496 pesos, que además se pondera por grupos etáreos, donde la tarifa por un paciente mayor de 75 años alcanza los 2 millones 288.264 pesos y para menores de un año es de 1 millón 741.493 pesos. Por su parte, el régimen subsidiado debe sobrevivir con una cuota fija de 466.192 pesos, sin distingo de edad, por lo que bajo ninguna fórmula financiera, el sistema resulta sostenible y el desequilibrio es alarmante. Producto de esta situación, entre enero y septiembre de 2012, CAPITAL SALUD EPS-S acumula pérdidas por más de $10 mil millones de pesos, superando el 50% de su patrimonio y ha llevado a esta empresa a una inminente liquidación.
En este momento está en riesgo la totalidad del modelo de aseguramiento en salud para cerca de un millón doscientos setenta y nueve mil usuarios del régimen subsidiado en Bogotá. Lo más sorprendente es que Capital Salud, junto con Caprecom, son las dos únicas EPS del régimen subsidiado que no están intervenidas o en proceso de retiro y/o liquidación.
Si bien el Gobierno Distrital, en cabeza del Secretario de Salud y el propio Alcalde Mayor de la ciudad, han logrado un nivel de sintonía con el recientemente posesionado Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aún no se ha encontrado una solución viable, ya sea a través de la creación de una EPS totalmente pública o de la administración directa de los recursos transferidos para el régimen subsidiado. Pese a las declaraciones dadas por el Distrito, en el sentido de tener la capacidad de asumir la totalidad de los usuarios, en este momento carecen de las condiciones técnicas y financieras para lograrlo.
Se rescata por supuesto, la gestión ante el Gobierno Nacional y el Congreso para la liberación de los 757 mil millones de pesos de la cuenta maestra que acumulaba el Distrito, con los cuales realizará una inyección de capital de trabajo a la red hospitalaria, adelantará inversiones en infraestructura y tecnología, acciones de atención primaria en salud, el pago de los servicios ofrecidos a la población pobre no asegurada y la prestación de aquellos no incluidos en el POS.
* Jorge Ernesto Salamanca Cortés, concejal de Bogotá por el Partido Liberal