El próximo 9 de abril tendrá un carácter especial. La marcha por la paz y la defensa de lo público hará de este día una fecha de la memoria activa, que puede mirar de frente a Gaitán igual que a la esperanza de la solución política del conflicto.
El establecimiento de los días nacionales de la memoria referidos a procesos de guerra y/o genocidio, es reciente en el mundo. La “era de la conmemoración” fue declarada por Pierre Norá en 1998, cuando se dieron las primeras conmemoraciones oficiales en Alemania por las quemas de libros, y sólo hasta el año el año 2005 se declaró al 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, en la Organización de las Naciones Unidas.
Los años 90 en América Latina fueron también los de la disputa de los movimientos sociales por la resignificación de conmemoraciones, como las del 11 de marzo en Brasil o del 11 de septiembre en Chile, usadas por los gobiernos represivos como significativas del heroísmo anti-comunista y ordenador de la sociedad. La batalla que empezó a ganarse, hoy determina movilizaciones gigantescas como las que ocurren en Argentina el 24 de marzo, y que el año pasado tuvieron como consigna: “Los grupos económicos también fueron responsables de la dictadura”.
La verdadera solidaridad con las víctimas implica que la sociedad asume su parte en la recuperación de su proyecto de vida inconcluso.
En Colombia, el 9 de abril ha sido también disputado y usado durante años. Como lo investigó el politólogo Vladimir Melo, después del asesinato de Gaitán esta fecha fue usada para la proclamación de candidaturas presidenciales, así como para la convocatoria de grandes movilizaciones reprimidas con la figura del Estado de Sitio; quiso ser celebrada como el “Día de la Revolución del Orden”, por la élite conservadora, hasta que se convirtió en el preludio simbólico del encuentro entre la fuerza del M-19 y su emblemático represor, Julio César Turbay, que la apropiaron con banderas distintas en 1978.
Con todo, en el 2012 se produjo un hecho que aún no ha sido atendido suficientemente en su significación política. Por cuenta de la Ley de Víctimas esta fecha es hoy, oficialmente, el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (sic), suscitando un debate necesario. A lo impuesto (y no consultado) por la Ley 1448 le faltó el sentido transgresor del 9 de abril, su papel como clave para rastrear las causas del conflicto, más allá de la solidaridad frente a las víctimas que el Congreso, en cambio, no ha querido oficializar en fechas como el 11 de octubre, reivindicado por las victimas y sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica.
Por todo esto, la convocatoria a una marcha por la paz y la defensa de lo público el 9 de abril de 2013, tiene un significado especial. La convocatoria propuesta por la Marcha Patriótica, y la sumatoria que comenzó a darse desde la Alcaldía de Bogotá, cobra gran valor frente a la necesidad de defender el proceso de paz de la Habana, permanentemente atacado por lo más obtuso de la política nacional. Pero también frente a la reivindicación de la memoria que se concreta en verdadera solidaridad cuando implica que la sociedad asume su parte en la recuperación del proyecto inconcluso que representan las víctimas, es decir, su derecho a un lugar responsable en la solución política del conflicto. Allí, hablar de paz con justicia social, y de defensa de lo público es hablar de lo mismo, con un sentido transgresor como corresponde a una herencia digna.
Así las cosas, por la memoria y por la paz, nos vemos en la calle el próximo 9 de abril.
/ José Antequera Guzmán