El balance positivo de lo avanzado en las conversaciones de paz que se realizan en La Habana, no logra ocultar que se ha pasado a un momento difícil en el cual el forcejeo de las partes está tensionando el hilo que va de un lado a otro de la mesa. Como estaba previsto en el Acuerdo General, le llegó la hora a la agenda de la apertura democrática y las reformas políticas.
El documento de 11 páginas divulgado al cabo de la décima ronda resume actuaciones y sobre todo ilustra el esfuerzo realizado para encontrar puntos comunes entre el modelo rural de macroproyectos y concentración de uso de tierras y apropiación de territorios y el modelo de desarrollo con énfasis en los derechos campesinos y la producción de pequeña y mediana escala. Acceso a la tierra, catastro rural actualizado y progresivo, fortalecimiento de la economía campesina son los temas convergentes desde posiciones muy opuestas. Los asuntos pendientes, que se retomaran al final, no son de poca monta pues darán la medida de las concesiones que están dispuestos a hacer gobierno y FARC y de las rutas para dirimir las diferencias sin armas, en la próxima década.
El debate del segundo tema y los subtemas pactados ha comenzado con la presentación por parte de la guerrilla de un decálogo de transformaciones de fondo al Estado y al sistema político. Y desde el gobierno con los discursos radicales del Presidente ofreciendo intensificación de la “guerra al terrorismo” y advirtiendo que “no se va a discutir el modelo político” ni a reformar el Estado.
“(Dijimos que) no íbamos a discutir ninguna política pública, ninguna reforma fundamental del Estado. Lo que íbamos a discutir son unas reglas de juego para que las FARC, y ojalá el ELN, cambien las balas por los votos. Para que cambien las armas por los argumentos”.
A juicio del gobierno, las FARC intentan ampliar el contenido de los subtemas y responde con afirmaciones que los limitan solo a las garantías para la entrega de armas y paso a la vida civil en un régimen sin reformas. Este juego de tira y afloje parece inevitable cuando se está construyendo el escenario para salir de cincuenta años de conflicto armado y política con violencia y armas. Pero puede ser peligroso si no se moderan las pretensiones de utilizar la tribuna para exigir el cambio de Constitución y de Estado o, desde el otro lado, para imponer la idea de un pacto de paz sin reformas democráticas que permitan la superación del régimen corrupto y adicto al monopolio político del bipartidismo y sus nuevas formas.
En el catalogo de reformas propuestas por las FARC para la “democratización del Estado y del régimen político”, puede diferenciarse lo que se ajusta a los subtemas acordados para construir el pacto y aquello que se sale de ese marco por proponer una “sustitución constitucional”. Es obvio que el reemplazo de la actual carta política no puede, en las actuales condiciones de Colombia, ser resultado de una negociación bilateral gobierno – guerrilla. Esa pretensión supone una situación revolucionaria o un colapso institucional inminente que obliga al cambio de Estado. El temario acordado está lejos de ese escenario y en cambio se orienta a identificar y darle viabilidad a reformas importantes que son indispensables para hacer real el Estado Social de Derecho y la Democracia Participativa, proclamados en 1991 pero que tienen tareas pendientes y hasta retrocesos evidentes.
Si se criba el texto de las FARC de aquellos puntos que implican “sustitución constitucional” y que pueden ser parte del debate en la fase 3 y en toda la transición, quedan propuestas que retoman muchas de las presentadas por sectores sociales y partidos políticos en el Congreso y en otros espacios legales. Incluso la idea de reformas por medio de una Constituyente está consignada como vía posible de cambios en el artículo 376 de la Constitución Política aprobada en la Asamblea de 1991. La propuesta de un Acuerdo Político Nacional como vía hacia cambios más profundos es un reconocimiento de la limitación de la mesa bilateral y de la necesidad de consensos más amplios para la construcción de la paz.
Para que se pueda avanzar con el mismo espíritu con el cual se tramitó el punto uno de la agenda, ahora es urgente que se mantenga el trabajo de la mesa de La Habana en los limites de los subtemas a sabiendas de que ellos permiten hablar de cambios importantes para, como dice el texto anunciado en Oslo, lograr “Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, igualdad de condiciones y con garantías de seguridad. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación”.
Es oportuno que el Presidente y su Ministro del Interior, que se han precipitado a rechazar cualquier reforma del régimen político, vuelvan a leer este enunciado que firmaron para delimitar los acuerdos y lo mismo deberían hacer los delegados de las FARC. Si siguen entre el estatus quo o la revolución por contrato, no solo proyectaran la imagen de un pacto imposible, sino que se merecerán entrar a la galería de los que “matan el tigre y se asustan con el cuero”.
Camilo Gonzalez Posso
camilogonzalezposso@gmail.com
Bogotá D.C. junio de 2013