La Corte Constitucional dice que se evidencia desorden estatal y falta de recursos.
Ante el aumento del número de desplazados en el país, la Corte Constitucional ha realizado innumerables pronunciamientos. A pesar de las alarmas, el Gobierno no toma cartas en el asunto. Por esa razón y mediante un auto, este miércoles el alto tribunal le llamó la atención a la Nación.
El documento, rotulado con el número 099/13 y firmado por el magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas Silva, deja claro que hoy es prácticamente imposible que un desplazado acceda a una ayuda humanitaria, la cual debe otorgar el Gobierno gratuitamente y por ley.
Según el auto de 189 páginas, conocido por Semana.com, la Corte considera que las faltas son graves y afectan el derecho que tienen las víctimas a acceder a los beneficios. “Estas falencias se encuentran presentes desde el momento mismo en el que la población desplazada trata de acceder a las autoridades responsables para solicitar la ayuda humanitaria, y se manifiestan a través de sus distintas facetas”, dice el documento.
Para el alto tribunal, el problema radica en una desorganización estatal, la cual se evidencia en la falta de recursos para atender a la población desplazada. “Las autoridades municipales responsables ni siquiera cuentan con procedimientos definidos para entregar la ayuda inmediata, o los procedimientos con los que cuentan son muy precarios”.
El tema es tan grave, que la Corte Constitucional le envió otro mensaje de urgencia al Gobierno en el que le recuerda que “el Estado tiene la obligación constitucional y legal de reservar el presupuesto necesario para proveer oportunamente la Ayuda Humanitaria de Emergencia”. También le aclara que la ausencia de recursos no se puede convertir en una excusa para someter a la población desplazada a una espera desproporcionada de la asistencia.
La reacción del alto tribunal surge a raíz de la respuesta del Gobierno en la que señala que, por la falta de presupuesto, se ha demorado la entrega de ayudas en distintas zonas del territorio nacional.
Al respecto, el magistrado Vargas indica que el Estado no puede hacerse el de la ‘vista gorda’ con la ayuda a los desplazados, ya que el país podría enfrentarse a sanciones internacionales de gran calibre debido al incumplimiento y la violación de los derechos de este grupo vulnerable.
“La Corte ha establecido, además, que no se puede negar la ayuda humanitaria aduciendo únicamente que esta ya se entregó en una determinada ocasión, sin ir más allá de esa entrega puntual y considerar las condiciones materiales en las que se encuentra la población desplazada”, concluye el documento.
Revista Semana.