Con el señalamiento al Senador Jorge Robledo de ser el responsable de promover los paros en el país, la presentación de dos propuestas de los campesinos del Catatumbo para comenzar a solucionar la crisis, el anuncio del paro camionero, el mantenimiento del paro minero, bloqueos, detenciones, heridos, muertos y la tentativa de suspender la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, finalizó la semana previa a la conmemoración del 20 de julio día del grito de la independencia.
Comenzando la semana el Ministro Fernando Carrillo denuncio que “tras labores de inteligencia detectaron que las guerrillas de las Farc y el ELN tienen planes de filtrar las movilizaciones mineras de este miércoles, y así alterar el orden público en varias zonas del país”. Y el presidente Juan Manuel Santos ofreció “mano dura” a quienes bloqueen vías en el territorio nacional.
Sin embargo el paro minero comenzó el 17 de julio tal como estaba anunciado. Trabajadores de la minería artesanal pertenecientes a 80 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Choco, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Boyacá, Nariño, entre otros, terminaron comprometidos en el paro, a pesar de las acciones represivas ejecutadas en los puntos de encuentro o bloqueos realizados en diversas vías donde los manifestantes se concentraron.
Las razones que esgrimen los mineros para salir a las calles son las promesas incumplidas del gobierno nacional desde acuerdos pasados, que se firmaron en el 2011 y el 2012, para evitar el cese de actividades que había anunciado ese sector.
Esta vez los mineros sí decidieron parar y salir a marchar, porque sienten que es la única manera de que se cumpla lo pactado. “El Gobierno nos ha demostrado, con su negligencia, que el único lenguaje que parece entender es el de la protesta”, expresó Federico Taborda, secretario general de Federación Minera del Chocó (Fedemichocó), una de las filiales que apoyan el paro.
En el pacto firmado el 30 de noviembre del 2011, el Gobierno aseguró que se suspenderían por seis meses los operativos que la fuerza pública estaba haciendo contra las minas informales. En el acuerdo del 27 de julio del 2012, el Estado se comprometió a respetar las garantías laborales de los mineros que estuvieran en un proceso de formalización.
Pero los mineros se sostienen en que ninguno de estos puntos se ha cumplido. “No estamos pidiendo nada diferente a la ley y a los principios constitucionales”, explica Taborda. Algunas de las marchas obstruyeron tres vías nacionales, siendo la principal la de Buenaventura, por donde se mueve el 50 % de las exportaciones colombianas. Las otras dos fueron en Risaralda, que impidió el paso al occidente de ese departamento, y en la vía que comunica Manizales con Medellín. La orden presidencial es evitar que se bloqueen las carreteras, por lo que dispusieron 5.000 policías en las zonas de los paros.
Sobre la crisis y protesta social que se mantiene en la región del Catatumbo el presidente Juan Manuel Santos reaccionó con contundencia y ante la insistencia por establecer una zona de reserva campesina aclaró que nunca permitirá que se imponga una medida como ésta a la fuerza. “La zona de reserva campesina está inclusive autorizada por la ley y ahí no habría ningún problema pero lo que nunca, nunca voy a permitir, es que me impongan las zonas de reserva campesina a la fuerza…por ningún motivo”, señaló.
Por su parte los campesinos del Catatumbo respondieron con dos propuestas directas a la presidencia:
Propuesta 1.
1. Una ruta de declaratoria de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Catatumbo. 2. Financiamiento de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC del Catatumbo. 3. Financiamiento del programa de sustitución gradual y concertada de los cultivos de coca en el marco del PDS de la ZRC. 4. Otorgamiento de un subsidio de reparación a las víctimas de la erradicación forzada y violenta de los cultivos de coca, de un millón y medio de pesos mensual, por dos años, mientras se implementa el programa de sustitución de estos cultivos. 5. Garantías jurídicas para los participantes de la movilización campesina del Catatumbo.
Con estos acuerdos se producirá un desbloqueo de las vías y el retorno a la normalidad.
Propuesta 2.
Se inicia un proceso de distensión de la situación de bloqueo de la vía Tibú – Cúcuta, con la implementación de caravanas alimentarias, de carácter comercial y humanitaria(con distribución gratuita de alimentos) para los municipios del Catatumbo. Las caravanas se realizarán de 7 de la mañana a 2 de la tarde, día de por medio. Para llegar a esta distención el gobierno se compromete a conformar un equipo competente con capacidad de toma de decisiones para llegar a acuerdos. El compromiso incluye llegar a dos primeros acuerdos durante el primer día de reanudación de la mesa de interlocución y acuerdo, acuerdos en materia de declaratoria de ZRC y en materia de subsidios para las víctimas de la erradicación forzada de los cultivos de coca. La distensión se irá aumentando en la medida en que se vaya llegando a acuerdos. Con la firma final de los acuerdos se producirá el desbloqueo total y el retorno a la normalidad plena.
A estos dos movimientos sociales tienden a vincularse el sector camionero con mas de 200.000 vehículos paralizados, el gremio cafetero, los agricultores que convocaron un paro nacional a partir del 19 de agosto, los campesinos del Putumayo y los indígenas del Cauca que también discuten la posibilidad de protestar por los incumplimientos a sus reivindicaciones.
Si bien la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se mantiene, a regañadientes, hasta el 2014; otras fuerzas políticas como el partido Liberal exhortan al Gobierno Nacional a no suspender bajo ninguna medida las conversaciones que se adelantan con los campesinos en la región del Catatumbo y la represión se agudiza contra la protesta social; el gobierno nacional parece estar ciego ante la realidad que se vive y se dedica a buscar culpables en “el ojo ajeno” para justificar su incapacidad de prevenir conflictos sociales que estaban “cantados” desde hace años cuando se firmaron acuerdos que no se han cumplido. Esa es la verdad, lo demás es quien se pueda aprovechar de ellos.
“Culpar a Jorge Robledo de aliado de las Farc, del Eln, de incitador de la violencia es no conocer nuestra realidad política; que el señor presidente se asesore mejor”. Expresó un dirigente político consultado sobre el tema.
Resumen de prensa: Agencia Prensa Rural. Caracol radio, El Tiempo.com., El Espectador.com, Revista Semana.
Por: Félix Cuatindoy Guerrero