Por *Alonso Ojeda Awad
Del mecanismo que se escoja dependerá en parte el futuro de dichos acuerdos de paz. Efectivamente, los delegados de las FARC vienen insistiendo en el mecanismo conocido como Constituyente y que después del encuentro entre los dirigentes máximos del ELN y de las FARC Nicolás Rodríguez y Timoleón Jiménez toma más fuerza como la opción que respalda todo el movimiento guerrillero.
El Gobierno Nacional a través del Presidente Juan Manuel Santos se ha manifestado en sendas declaraciones que no está de acuerdo con este mecanismo y que más bien propone los que tengan que ver con una consulta popular o referéndum.
Realmente, el mecanismo que tiene más fuerza constitucional, que garantiza la implementación de una verdadera reforma política y que blinda a las FARC y al ELN de posibles extradiciones, es la Constituyente. Pues esta es la expresión más soberana que puede asumir una sociedad y en la cual sus articulados, no están sujetos a leyes de exigencia internacional, como la extradición de nacionales. Desde ese punto de vista sería preferible este mecanismo, pues protege el presente y el futuro del proceso de paz contra las conocidas “leguleyadas” que comúnmente utilizan los enemigos de la paz y de la reconciliación nacional.
Pero también hay que dar la razón que es un paso peligroso pues se pondrían en riesgo logros de orden social y político muy importantes, que trajeron al proceso nacional, los articulados de la Constitución de 1991. Hay que reconocer que son muchos los “enemigos agazapados” de la Constitución Nacional, nacida en la década del noventa, sobre todo lo que tiene que ver con el nacimiento de una corte muy importante para la vida del país como es la Corte Constitucional y para el futuro de una herramienta vital en el reconocimiento de los derechos de los colombianos como es la Tutela.
Sin embargo, hay que admitir que los tiempos que vivimos son muy importantes para lograr por fin la ansiada paz entre los colombianos y que esta posibilidad, real y efectiva, no se puede correr el riesgo de perderse por posiciones inamovibles de quienes están negociando en la Habana.
Bien puede la insurgencia estudiar a profundis el caso del referendo en Irlanda del Norte donde al decir del profesor Rodrigo Uprimny “la ciudadanía aprobó abrumadoramente el llamado “Acuerdo de Viernes Santo” que fue suscrito por los partidos políticos y recogía las negociaciones secretas con el IRA, lo cual confirió una gran legitimidad al proceso. Pero en cambio, en Guatemala, el mismo mecanismo fue un desastre: Tres años después de firmada la paz, la ciudadanía rechazó la reforma pactada, lo cual menguó el impacto democratizador de la paz”(1)
Y bien pude también el Gobierno Nacional analizar y estudiar la propuesta de una Asamblea Constituyente, no soberana como la de 1991, sino una Constituyente restringida a temas y puntos específicos y amarrada a decisiones de nuestros máximos organismos jurídicos, sin que se corra el riesgo de borrar de un plumazo todo lo conseguido en el reconocimiento y el avance del goce de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que se pudo concretar en varios articulados, sobre todo en la creación de la Defensoría del Pueblo, que tantas esperanzas y posibilidades reales, de un mejor vivir, significa para la nación colombiana.
Allí está planteada la discusión. Desde la Universidad Pedagógica Nacional y su Programa de Paz que siempre han estado trabajando y estudiando por una nación en pleno reconocimiento de sus derechos constitucionales esperamos, que la sindéresis y buen juicio orienten a los negociadores y se escoja el mejor mecanismo que permita refrendar los acuerdos y consolidar por siempre la paz entre todos los colombianos.
*Ex – Embajador de Colombia.
(1) El Espectador domingo 9 de junio de 2013