Por Alejo Vargas Velásquez
Se produjo el cambio de la cúpula militar y como sucede con frecuencia en Colombia esto genera todo tipo de especulaciones –por supuesto los opositores aprovechan para generar suspicacias y claro están en lo suyo-. Pero en aras de claridad no debemos olvidar que el Presidente es el Comandante Supremo de la Fuerza Pública y por lo tanto tiene la potestad de producir estos cambios cuando lo considere pertinente, pero adicionalmente, en instituciones de tipo jerárquico-piramidal como lo son las militares y policiales, los relevos deben ser periódicos para permitir que los oficiales que vienen en los grados inmediatamente siguientes tengan la oportunidad de asumir las responsabilidades de comando. Creo que igualmente es un poco fantasioso la existencia de militares troperos y otros no troperos, en general la gran mayoría de los oficiales tienen similar formación y cumplen su tarea adecuadamente, dentro de una Fuerza Pública, en lo fundamental orientada a la contrainsurgencia y sin duda de las más competentes en esa tarea.
Lo importante a destacar es que en una democracia las relaciones civiles-militares se caracterizan por la supremacía civil. Y como lo señalamos en un reciente artículo nuestro (“Las Relaciones Civiles-Militares en Colombia. De la indiferencia y la subordinación formal hacia una mayor subordinación real”), la supremacía del poder civil sobre el poder militar en una democracia se puede entender como “la capacidad que tiene un gobierno democráticamente elegido para definir la defensa nacional y supervisar la aplicación de la política militar, sin intromisión de los militares…la supremacía civil lleva a eliminar la incertidumbre respecto de la lealtad de largo plazo de las fuerzas armadas a las autoridades civiles…” (Rut Diamint). Samuel P. Huntington, y otros politólogos
norteamericanos contemporáneos, son reiterativos en varias de sus obras al respecto, la necesaria subordinación del poder militar al poder civil como pre-requisito de la democracia y señala que “el primer elemento esencial para todo sistema de control civil es la minimización del poder militar”; por su parte Robert Dahl añade a las anteriores formulaciones que “el control civil de las fuerzas armadas y la policía es una condición necesaria para la poliarquía”. (Felipe Agüero). El general Charles E. Whilhelm Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos lo reitera cuando anota, “su subordinación al liderazgo civil no es un lema vacío o un objetivo distante, es una realidad actual… (y añade más adelante) la relación entre la democracia y las Fuerzas Militares que la protegen y la sostienen es una relación casi teológica, no se construye sobre relaciones, leyes o procedimientos; su fortaleza está en el carácter e integridad de los líderes civiles y militares y en la confianza entre unos y otros.”
Pero la subordinación del poder militar al poder civil conlleva a su vez responsabilidades mutuas que no siempre parecen estar claras. Al respecto menciona Eduardo Pizarro: “Si uno de los fundamentos centrales de un régimen democrático es el de la subordinación militar al poder civil, este último debe ejercer un papel fundamental en el diseño y la conducción de la política militar, lo cual exige un conocimiento de las fuerzas militares, su historia, sus aspiraciones, su autoimagen.”
En el mismo sentido y enfatizando la necesaria responsabilidad que tendrían las elites políticas de la orientación de la política de defensa y seguridad y por supuesto de conducir políticamente la guerra, si ésta llegare a presentarse, se expresa el oficial francés Vincent Desportes: “El derecho del político a conducir la guerra le confiere deberes y responsabilidades: en primer lugar, el de definir finalidades, carácter y medios de la guerra… A la política igualmente determinar el carácter del conflicto –su intensidad y la naturaleza de los medios empleados-…”
Clausewitz plantea con gran claridad la necesaria subordinación de lo militar a lo político: “subordinar el punto de vista político al punto de vista militar sería absurdo, porque es la política la que ha creado la guerra. La política es la guía razonable y la guerra simplemente el instrumento, no a la inversa; no hay otra posibilidad que subordinar el punto de vista militar al punto de vista político.”
Todo lo anterior se sitúa en el marco de las relaciones civiles-militares, que en una democracia se expresan por lo menos en tres dimensiones:
relación entre el Estado en su conjunto y el Gobierno legítimamente electo, en particular, y las Fuerzas Armadas, que conlleva siempre la tensión entre subordinación y autonomía del poder militar;
relación entre la población civil y las Fuerzas Armadas y de Policía, que se materializa en la actividad cotidiana de la Fuerza Pública y que se mueve en el eje confianza-legitimidad o desconfianza-incredibilidad;
relación entre el sistema de partidos políticos y las Fuerzas Armadas y de Policía-, que se expresa en la relación partidismo – apartidismo de la institución militar y/o policial.
A continuación revisaremos algunas definiciones acerca de cómo entender las relaciones civiles-militares, para contextualizar más el tema:
La primera es la que nos da Naison Ngoma, quien nos dice que, “una definición sencilla de relaciones cívico-militares es la que hace referencia a la interacción entre las fuerzas armadas y el resto de la sociedad. Aunque las fuerzas armadas son parte de la sociedad, en el sentido en que provienen de ella, la separación de los militares y los civiles, deviene en el desarrollo de una cultura única que puede no coincidir con la de la sociedad en la que tuvieron su origen”.
Para Glen Segell, “las relaciones cívico-militares envuelven una multiplicidad de relaciones entre los militares, sus instituciones, y sus intereses, por una parte, y diversos, y con frecuencia, conflictivas instituciones civiles, e intereses por otra. (…) El concepto abarca la relación de las fuerzas armadas como un todo y la sociedad como un todo. La relación entre el liderazgo de las fuerzas armadas (el cuerpo de oficiales) como una elite y otras elites y la relación entre los comandantes de las fuerzas armadas y los principales líderes políticos de la sociedad. En las
relaciones cívico-militares radica la administración del uso de la fuerza y las Fuerzas Armadas”.
Por su parte, Suzanne Nielsen, señala que “Samuel Huntington identifica las relaciones cívico-militares como una política de seguridad sobre lo militar, que junto con las políticas de seguridad
interna y situacional, es un aspecto de la política de seguridad nacional que opera en los niveles operacional e instrumental. El rol de la política de seguridad sobre lo militar es minimizar o neutralizar los esfuerzos por debilitar o destruir la nación por parte de las fuerzas armadas operando fuera de sus confines institucionales y territoriales. En el soldado y el Estado, una de las hipótesis metodológicas de Huntington es que es posible definir un equilibrio llamado “control civil objetivo” que asegura el control civil y maximiza la seguridad al mismo tiempo”.
Todo lo anterior nos lleva a señalar que el actual relevo en la cúpula militar y policial es normal y que el Presidente de la República y el Ministro de la Defensa, en el cual delega el Presidente la conducción política de la Fuerza Pública, han tomado soberanamente una decisión y lo que esperamos es que los nuevos responsables de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional cumplan con la mayor eficiencia y en el marco de la Constitución y la Ley sus responsabilidades y que esto se refleje en una mejora sustancial en los indicadores de seguridad y en las percepciones de los colombianos.
* Profesor Titular Universidad Nacional Twitter: @alejovargasve