COMUNICADO 01.
El día 24 de agosto de 2013, partió desde Bogotá una misión humanitaria conformada por organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas independientes, con el fin de efectuar una verificación de la situación de derechos humanos en el Departamento de Boyacá, en momentos en que se desarrolla el paro nacional agrario y que surgen denuncias por graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas presuntamente por integrantes de la Fuerza Pública.
En su paso por los primeros cinco municipios la Misión ha recibido un gran número de denuncias, informes y material probatorio que da cuenta de excesos en el uso de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- de la Policía, agentes de cuerpos de inteligencia e integrantes de la Policía Nacional. La Misión ha podido verificar la ocurrencia de violaciones sistemáticas, generalizadas e indiscriminadas a los derechos humanos de los pobladores boyacenses y de los participantes del Paro Agrario. A esto se suma la participación directa de agentes de estos cuerpos de seguridad en la comisión de actos vandálicos.
De acuerdo a la información recibida y lo que esta Misión ha verificado, denunciamos que los pobladores de los municipios visitados padecen de la implantación de un Estado de Excepción no declarado, actualmente se encuentran suspendidas las garantías y derechos de quienes se encuentran en ellos, son múltiples las denuncias y llamados de urgencia que estamos recibiendo en los momentos en que se redacta este comunicado (9:30 p.m.) que da cuenta de ello. Así mismo de las reuniones sostenidas con autoridades civiles, órganos de control, organizaciones sociales y pobladores en general hemos tenido conocimiento que se han desarrollado reuniones entre altos mandos de la Policía y las autoridades municipales, en las cuales se les ha puesto en conocimiento de las denuncias que estas últimas han recibido, sin que la Policía dé respuestas a los requerimientos de las autoridades administrativas, limitándose a anunciar que en estos momentos se encuentran cumpliendo órdenes del nivel nacional.
A partir de la información documentada por la Comisión, encontramos que la Fuerza Pública ha cometido ataques múltiples contra diversos derechos fundamentales como la Dignidad Humana, La vida, integridad personal, y en general las libertades civiles y políticas de la población.
De manera preliminar nos permitimos destacar los siguientes hechos que han sido documentados por la Comisión y que serán objeto de un completo informe que se dará a conocer al finalizar su visita de verificación:
Disparos indiscriminados con arma de fuego de uso privativo de las fuerzas policiales contra la población, causando varios heridos, principalmente en los sectores de Germania, Altos de Moral y Puente Boyacá.
Heridos con arma blanca y elementos contundentes, en hechos en que se involucra a agentes del ESMAD.
Abuso sexual contra jóvenes (hombres y mujeres) por parte de agentes policiales, además de reiteradas amenazas provenientes de estos funcionarios de agredir sexualmente a las mujeres, esposas e hijas de los campesinos.
Actos de tortura y otros malos tratos que involucran el uso arbitrario de gases lacrimógenos en sitios cerrados, incluso en hogares infantiles ocupados con niños entre 3 y 6 años, lo mismo que el uso de estos elementos que se lanzan y aplican de manera directa el cuerpo de los pobladores.
Ataques contra jóvenes y menores de edad, en condiciones de indefensión, pues se efectúan por fuera de las manifestaciones y en lugares solitarios.
El lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos desde helicópteros, en lugares de concentración de los campesinos.
El ingreso arbitrario en los lugares de habitación y la destrucción de los bienes de los campesinos.
La identificación, señalamiento, persecución y amenazas contra líderes y lideresas del Paro Agrario en Boyacá.
La detención masiva y arbitraria de manifestantes y otros pobladores en todo el Departamento.
El saqueo, robo de dinero y comisión de otros delitos comunes a manos de la fuerza pública, con el acompañamiento de miembros de la SIJIN, incluso en la capital del departamento.
La ocupación de bienes protegidos por el DIH, como la Institución Educativa Panamericano, Escuela Nueva Sede Bolivariana y la Escuela Paloblanco, ubicadas en Puente Boyacá, al parecer con autorización del rector de las mismas.
El uso de ambulancias para el transportes de miembros del ESMAD, lo cual constituye igualmente una violación al DIH, el uso irregular de emblemas humanitarios y un grave ataque a la Misión Médica.
Ante esta situación, las Organizaciones que conformamos la Comisión de Verificación de derechos humanos.
ALERTAMOS Que ante la falta de escenarios de concertación y diálogo en los que se escuche a los campesinos, sumado a las directrices de reprimir violentamente las manifestaciones, ponen en grave riesgo la vida e integridad personal de las comunidades.
SOLICITAMOS URGENTEMENTE
El acompañamiento y verificación de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como su intermediación para que se abran espacios eficaces de interlocución y diálogo con las comunidades.
De igual manera, hacemos un llamado a la Comunidad Internacional para que acompañe y verifique los hechos aquí denunciados y solicite al Estado colombiano cesar cualquier tipo de agresión contra manifestantes y pobladores del departamento de Boyacá.
EXIGIMOS De las autoridades judiciales y organismos de vigilancia y control, que se inicien de manera inmediata las investigaciones penales y disciplinarias por estos hechos de violación de derechos humanos.
HACEMOS UN LLAMADO URGENTE
A los medios masivos de comunicación para que visibilicen la grave situación ocasionada por la represión indiscriminada contra la población civil del departamento de Boyacá y divulguen SIN CENSURA lo sucedido en la región, teniendo en cuenta su responsabilidad social frente al derecho a la información de todos los ciudadanos y ciudadanas. La Misión de Verificación de Derechos Humanos está conformada por las organizaciones: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare, Centro de Atención Psicosocial, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Colectivo de Abogados José Albear Restrepo, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, Equipo Nizkor, Periodistas independientes, con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz. Apoya: la Mesa de Derechos Humanos de Tunja.