“El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia”

Numerosos desplazados internos colombianos han sido víctimas de asesinato y amenazas de muerte generalizadas por intentar reclamar su tierra, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado en Bogotá.  Los abusos contra familias desplazadas que procuran regresar a su hogar casi siempre quedan impunes, al igual que los delitos originales de expulsión y despojo de sus tierras.

El informe de 203 páginas, titulado: “El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia”, documenta asesinatos, amenazas de muerte y nuevos incidentes de desplazamiento forzado cometidos contra desplazados que estarían vinculados con su esfuerzo por recuperar sus tierras. Muchas de las personas agredidas reclaman sus terrenos a través de la Ley de Víctimas, promulgada por el Presidente Juan Manuel Santos en 2011 para restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a desplazados.

“El Presidente Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguirán siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo”.

Desde 1985, los abusos y hechos de violencia asociados al conflicto armado interno colombiano han forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así la población de desplazados internos más numerosa del mundo. Se estima que los desplazados de Colombia se han visto obligados a abandonar 6 millones de hectáreas de tierra, gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros, y continúan en poder de estos.

Durante un año y medio, Human Rights Watch realizó investigaciones in situ que incluyeron entrevistas con más de 250 reclamantes y líderes de restitución de tierras y funcionarios públicos. Los investigadores documentaron abusos contra víctimas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, y también de Bogotá, que intentaban recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución.

Human Rights Watch documentó 17 casos de asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras ocurridos desde 2008, en los cuales perdieron la vida 21 personas, y cuyas circunstancias ofrecen evidencias convincentes de que los ataques se debieron al activismo de las víctimas.

Human Rights Watch también documentó más de 80 casos de reclamantes de tierras que habían recibido graves amenazas, y más de 30 nuevos casos de desplazamiento, en los cuales los reclamantes debieron abandonar su hogar una vez más tras sufrir abusos vinculados con sus intentos de restitución o activismo.

A través de datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de información, se observó que estos casos documentados de asesinato, amenazas y nuevos desplazamientos conforman un patrón mucho más amplio. En agosto de 2013, la Fiscalía General de la Nación informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” cometidos en la mitad de los 32 departamentos de Colombia desde el año 2000. Estos casos reportados incluían 56 homicidios.

Desde enero de 2012, más de 500 reclamantes y líderes de restitución de más de 25 departamentos han informado a las autoridades que recibieron amenazas. Las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes amenazados se encuentran en una situación de “riesgo extraordinario” debido a sus actividades vinculadas con la restitución de tierras.

“Las amenazas y los ataques persistentes son absolutamente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados que reclaman tierras”, comentó Vivanco. “Los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas contra reclamantes de tierras desplazados y sus líderes en represalia por sus esfuerzos de restitución”.

También son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a las personas que obligaron en un primer momento a los reclamantes a desplazarse y se apropiaron de sus tierras.

De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que se ocupa de estos delitos en toda Colombia, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena.
En enero, esta unidad de la Fiscalía había conseguido en total apenas cinco condenas en casos de desplazamiento forzado ocurridos en Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Tolima, en ese entonces los cinco departamentos de Colombia con mayor cantidad de solicitudes de restitución de tierras, y donde al menos 1,7 millones de personas han sido desplazadas desde 1985, según datos proporcionados por el gobierno.
Debido a la falta de justicia por los desplazamientos forzados y despojos, los actores más interesados en conservar el control de las tierras que obtuvieron ilegalmente no están bajo el escrutinio de las autoridades y pueden fácilmente frustrar mediante actos de violencia el retorno de los ocupantes originarios, señaló Human Rights Watch.

Las autoridades no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares, y esto también implica una amenaza directa para la seguridad de los reclamantes de tierras. Dichos grupos heredaron las operaciones delictivas de la coalición paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) luego de que estas participaran en un proceso de desmovilización con graves falencias implementado por el gobierno anterior. Hasta el momento, los grupos sucesores del paramilitarismo han sido los autores de gran parte de los ataques y las amenazas contra reclamantes de tierras.

Asimismo, algunos terceros que se apropiaron de las tierras luego de que fueron expulsados sus ocupantes originarios (a veces en connivencia con paramilitares), al igual que el grupo guerrillero de izquierda denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también han atacado y hostigado a reclamantes y líderes que intentaron recuperar su propiedad.

El programa de protección gubernamental, pionero en la región, ha otorgado medidas de protección a cientos de reclamantes de tierras y líderes en riesgo, incluidos chalecos antibalas y escoltas. Si bien son muy importantes, se trata en definitiva de medidas paliativas, puesto que no contribuyen a controlar ni juzgar a los grupos armados, las mafias delictivas ni otros actores que amenazan las vidas de los reclamantes, expresó Human Rights Watch.

Las limitaciones del programa de protección gubernamental se tornan evidentes si se toma en cuenta que, a menudo, debe reubicar a reclamantes amenazados debido a que las autoridades no pueden garantizar su seguridad en el lugar donde viven. Desde enero de 2012, el programa ha reubicado temporalmente a más de 90 reclamantes de tierras y líderes de restitución de tierras en nuevas zonas a causa de graves amenazas contra estos.

Hasta junio de 2013, la Unidad de Restitución, encargada de implementar la Ley de Víctimas, había logrado que se dictaran sentencias de restitución en el 1 por ciento de las más de 43.000 solicitudes de restitución recibidas. Hasta julio, solamente una familia había regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias dictadas en el marco de la Ley de Víctimas, y con el apoyo de la oficina gubernamental encargada de coordinar el retorno de los desplazados, si bien muchos otros beneficiarios de estas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas.

Si Colombia no adopta medidas adicionales para poner freno a los abusos, es probable que el problema se agrave considerablemente, aseveró Human Rights Watch. Es predecible que el nivel de amenazas y violencia aumente a medida que avancen las miles de solicitudes de restitución en curso, las familias empiecen a retornar a sus hogares y quienes pretenden preservar las tierras que obtuvieron ilegalmente vean afectados sus intereses de manera más directa.

La Fiscalía debería trabajar en colaboración con las autoridades que intervienen en la restitución de tierras para perseguir enérgicamente los delitos cometidos contra reclamantes en las zonas donde hay procesos de restitución en curso. Deberían coordinar sus actividades para poder aprovechar la concentración de denuncias relativas a casos relacionados. Esto permitirá a las autoridades judiciales efectuar investigaciones sistemáticas de los desplazamientos forzados, despojos, amenazas, asesinatos y otros abusos contra desplazados que reclaman tierras.

El gobierno colombiano debería además redoblar los esfuerzos por desarticular a los grupos sucesores de paramilitares, especialmente erradicando los vínculos corruptos que mantienen con funcionarios locales de algunas regiones, comentó Human Rights Watch.

“En Colombia, intentar recuperar tu tierra a menudo implica asumir riesgos y vivir atemorizado, mientras que quienes obligan a los campesinos a desplazarse, se apropian de sus tierras y los atacan por intentar recuperarlas prácticamente nunca tienen que rendir cuentas por sus actos”, observó Vivanco. “El problema no se solucionará con chalecos antibalas y escoltas. Sólo se podrá garantizar verdaderamente la protección de las víctimas si se juzga a sus agresores y se rompe el control que las mafias paramilitares aún ejercen en varias zonas a las cuales intentan retornar familias desplazadas”.

Los casos documentados por Human Rights Watch sobre amenazas y ataques contra reclamantes y líderes de restitución incluyen:

Abusos reiterados —incluidas amenazas de muerte, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y asesinatos— cometidos desde 2008 contra más de una decena de miembros del capítulo en Urabá de Tierra y Vida, una asociación de población desplazada que promueve la restitución de tierras. Uno de esos casos es el del líder de Tierra y Vida Albeiro Váldez Martínez, quien retornó a su finca en el corregimiento de Totumo, Antioquia, en noviembre de 2009. Denunció haber sido amenazado por el ganadero que inicialmente había ocupado el predio después de su desplazamiento, y fue hallado muerto en mayo de 2010. Al mes siguiente, el alcalde devolvió el predio de Váldez al ganadero. Hasta el momento no hay imputados en relación con el asesinato de Váldez, y los familiares que persistieron en su intento por recuperar la tierra en Totumo siguieron recibiendo amenazas.

En 2012 y 2013, las sucesivas amenazas contra líderes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar, un comité municipal creado para permitir la participación de víctimas en la implementación de la Ley de Víctimas, obligó a seis de estas personas a abandonar el pueblo, al menos momentáneamente.

Ermes Vidal Osorio y Ever Cordero Oviedo, dos reconocidos líderes de población desplazada de la Mesa de Víctimas de Valencia, Córdoba, fueron asesinados con una diferencia de 3 semanas en marzo y abril de 2013. Decenas de familiares de Cordero abandonaron Valencia tras el homicidio.
Diversos líderes que promueven el retorno de desplazados a sus tierras en el sur del departamento de Tolima informaron haber sufrido amenazas graves y frecuentes por parte de las FARC. Por ejemplo, Germán Bernal y otros líderes desplazados indicaron que durante encuentros obligatorios mantenidos por las FARC en zonas rurales del sur de Tolima, estas anunciaron que se oponían a que los desplazados regresaran a sus hogares y declararon a sus líderes como “objetivos militares”.

Varios residentes y líderes que retornaron a territorios colectivos en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó han sufrido numerosos abusos, incluido el secuestro y homicidio de Manuel Ruiz y su hijo de 15 años en marzo de 2012. El orden secuencial en que se produjeron los hechos vinculados con el secuestro plantea graves interrogantes acerca de la posible tolerancia, por parte de policías locales, frente a las operaciones de los miembros del grupo sucesor de paramilitares señalados como responsables de la muerte de Ruiz y su hijo.

DATOS Y CIFRAS

• 4.866.844Colombianos desplazados entre 1985 y agosto de 2013, según el gobierno [1].
• 360.000 Solicitudes de restitución que el gobierno previó que procesaría a través de la Ley de Víctimas para 2021 [2].
• 43.590Cantidad de solicitudes de restitución presentadas a través de la Ley de Víctimas hasta el 30 de junio de 2013 [3].
• 8.477Cantidad de solicitudes de restitución presentadas a través de la Ley de Víctimas que estaban siendo examinadas por la Unidad de Restitución el 30 de junio de 2013 [4].
• 446Cantidad de solicitudes presentadas a través de la Ley de Víctimas que han dado lugar a sentencias judiciales de restitución hasta el 30 de junio de 2013 [5].
• 1Cantidad de familias que, en julio de 2013, habían regresado a vivir a su tierra como resultado de sentencias en el marco de la Ley de Víctimas y con el apoyo del organismo gubernamental que coordina el retorno de los desplazados [6].