ALERTA TEMPRANA POR MINGA SOCIAL, INDÍGENA Y POPULAR -POR LA VIDA, EL TERRITORIO, LA AUTONOMÍA Y LA SOBERANÍA-”
Bogotá D.C., 16 de octubre de 2013
Señor
JORGE ARMANDO OTALORA GÓMEZ
DEFENSOR NACIONAL DEL PUEBLO
La Ciudad
Señora
PATRICIA LUNA PAREDES
Defensora Delegada Para Los Indígenas Y Otras Minorías Étnicas
Defensoría del Pueblo
La Ciudad
Señor
JORGE ENRIQUE CALERO CHACÓN
Defensor Delegado para la Evaluación deRiesgos de la Población Civil como Consecuenciadel Conflicto Armado
Defensoría del Pueblo
La Ciudad
Señor
ANDRÉS GONZÁLEZ
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
La Ciudad
Señora
SILKE GATERMAN
Oficial de Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
Para los Derechos Humanos
La Ciudad
Señora
CYBELE HAUPERT
Oficial de Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
Para los Derechos Humanos
La Ciudad
Referencia: Alerta temprana para la protección de los Pueblos Indígenas movilizados en la “Minga Social, Indígena y Popular -Por la Vida, el Territorio, la Autonomía y la Soberanía-”, agrupados en el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC);Asociación De Cabildos Indígenas del Valle Región Pacífica (ACIVA R-P); Organización Regional Indígena de Quindío (ORIQUIN); Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) y; Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí; Tule del Departamento del Chocó (ASOREWA) y Organización Regional Indígena de Casanare (ORIC).
Estimados(as) Señores(as),
El presente escrito tiene como propósito ALERTAR a su Despacho, sobre la decisión de los pueblos indígenas de Colombia y en especifico de los pueblos agrupados en las organizaciones de la referencia, de participar en la Minga Social Indígena y Popular -Por la Vida, el Territorio, la Autonomía y la Soberanía-, convocda por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y sus 44 organizaciones filiales en todo el país.
La participación de estas organizaciones y Pueblos Indígenas en los departamentos de Caldas, Valle del Cauca y Risaralda se concentrarán en los puntos que a continuación nos permitimos referenciar:
|
Departamento |
Municipio |
Punto de movilización |
Organización |
| Caldas | Irra | Vía entre Medellín e Irra | CRIDEC |
| Valle del Cauca | Buenaventura | La Delfina, Kilómetro 72, vía Cali – Buenaventura | ORIVAC Y ACIVA |
| Risaralda | La Virginia | Remolinos | ORIQUÍN, CRIR y ASOREWA |
| Casare | Yopal | ORIC |
Por tal motivo resulta de vital importancia que desde la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de sus funciones constitucional y legalmente establecidas, se generen las garantías necesarias, propendiendo por la salvaguarda de la vida e integridad de los de los marchantes, en respeto por el legítimo derecho a la movilización pacífica.
ANTECEDENTES
En reiteradas ocasiones los Pueblos Indígenas de Colombia, nos hemos visto obligados a usar las vías de hecho para exigir el cumplimiento de nuestros derechos. Sin embargo, el día en que el presidente Juan Manuel Santos llegó a la Presidencia de la República, y realizó su posesión simbólica en la Sierra la Nevada de Santa Marta, confiamos en su palabra y en el compromiso que el nuevo mandatario adquirió con los Pueblos Indígenas cuando le fueron entregadas cuatro Tumas sagradas que representan el agua, la tierra, la comida y el gobierno.
Posteriormente, en ejercicio de su mandato, el Presidente y el Gobierno han debido dar cumplimiento a diversas decisiones de la Rama Judicial que en varias sentencias, le ordenaban consultar con los Pueblos Indígenas importantes Políticas Públicas. Estas dos exigencias: una de carácter espiritual, y otra de carácter jurídico, hacen que el gobierno del Presidente Santos decida sentarse con los Pueblos Indígenas, y activar varios de los escenarios de Concertación Nacional, entre otros, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas.
Los Pueblos Indígenas estábamos preparados para retomar las propuestas estructurales que se habían quedado archivadas en las oficinas de algunas entidades del Estado: derechos humanos, paz, territorio, autonomía e identidad, seguían vigentes en nuestras agendas. Y en la nueva coyuntura, otros temas empezaron a sumarse: los autos emitidos por la Corte Constitucional, en seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, de especial connotación, el Auto 004 de 2009 que declaró la situación de exterminio físico y cultural de por lo menos 34 Pueblos Indígenas. En conclusión, seguíamos dispuestos a cumplir con la misión de defender el territorio y la vida en todas sus dimensiones.
Un sin número de temas fueron situados sobre la Mesa. Los Pueblos Indígenas demostramos nuestra capacidad de diálogo, de interlocución, formulación y concertación de propuestas, y en un acto de fraternidad y de solidaridad con las víctimas no indígenas del conflicto armado colombiano, lanzamos un salvavidas al proyecto de ley de víctimas que cursaba en el Congreso (hoy Ley 1448 de 2011).
El camino en estos escenarios de concertación no fue nada fácil: nos encontramos con múltiples obstáculos que iban desde las trabas jurídicas, funcionarios que no entendían nuestras reivindicaciones, limitaciones presupuestales, dilaciones en el cumplimiento, que sumadas al final resultaron en la falta de voluntad política del Gobierno para asumir y hacerse responsable de los compromisos adquiridos; mantuvimos nuestra voluntad de dialogo hasta el final. Entendimos que más valieron las presiones de los amigos de la guerra, y los grandes intereses económicos, que la defensa de la vida.
En todo caso el Gobierno Nacional utilizó estos escenarios de concertación como modelo ante la opinión pública, nacional e internacional, mostrando resultados y avances inexistentes.
Lo más grave es que mientras se desarrollaba el diálogo político entre los pueblos indígenas y el Gobierno nacional, la violencia sociopolítica, el conflicto armado, las limitaciones del territorio, los ataques a nuestros derechos, persistieron e incluso se incrementaron en algunas situaciones violatorias de los derechos humanos.
Persistimos en el diálogo hasta que la situación se volvió insostenible: a pocos meses de finalizar este gobierno, el balance sobre los 96 acuerdos contenidos en el anexo IV del Plan Nacional de Desarrollo, la falta de voluntad política para entregarnos la administración integral de nuestros sistemas, la desidia institucional, incluso, se promovieron acciones de desarticulación del movimiento indígena como una estrategia intencional del Gobierno Nacional.
Por todo lo anterior, y recogiendo el sentir de nuestros pueblos y autoridades, decidimos convocar a la Minga Social Indígena y Popular -Por la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía.- A partir de allí definimos cinco temas estructurales de la agenda, los cuales están estrechamente relacionados:
1. Derechos Humanos, conflicto Armado y Paz
2. Territorio
3. Política Minero Energética del país
4. Política Económica y Agraria Colombiana
5. Autonomía Política, Jurídica y Administrativa
SOLICITUD
1. Activar el Sistema de Alertas Tempranas para garantizar los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, autonomía, identidad y libre movilización de los pueblos indígenas agrupados en el Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC); Asociación De Cabildos Indígenas del Valle Región Pacífica (ACIVA R-P); Organización Regional Indígena de Quindío (ORIQUIN); Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR); Asociación de Cabildos Indígenas Embera, Wounaan, Katío, Chamí y Tule del Departamento del Chocó (ASOREWA) y; y Organización Regional Indígena de Casanare (ORIC).
2. Se disponga la presencia permanente de la Defensoría del Pueblo en las zonas de concentración relacionadas, asegurando la especial protección de los(as) compañeros(as) indígenas que participan en la “Minga Social, Indígena y Popular -Por la Vida, el Territorio, la Autonomía y la Soberanía-”; impidiendo cualquier vulneración de derechos el ejercicio exacerbado de la fuerza, restricción del derecho a la movilización, en cabeza de la fuerza pública, entidades e instituciones del Estado.
3. Requerimos que a través de su Despacho sean alertadas las siguientes autoridades civiles, policivas y militares sobre esta situación: Procuraduría General de la Nación, Programa Presidencial para la Formulación de Estrategias y Acciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Colombia, Programa Presidencial de Derechos Humanos y de la Vicepresidencia de la República, Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías del Ministerio del Interior, Gobernaciones de los departamentos deCaldas, Valle del Cauca y Risaralda; alcaldías municipales respectivas y demás autoridades civiles y militares con jurisdicción en los Departamentos con competencia en la zona señalada.
ALERTAMOS
Al Estado Colombiano, a la Comunidad Internacional, a organismos de derechos humanos y la opinión pública en general sobre esta situación, solicitando la adopción de medidas preventivas que protejan la vida, integridad, movilización, autonomía y demás derechos de los pueblos indígenas en Colombia.
EXIGIMOS AL ESTADO COLOMBIANO
-Prestar con al diligencia requerida a esta alerta temprana para garantizar la vida e integridad física y cultural de los Pueblos Indígenas agrupados en las citadas organizaciones.
-Activar el Sistema de Alertas Tempranas para garantizar los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, autonomía, identidad y libre movilización de los pueblos indígenas
Cordialmente,
AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA – ONIC
y ORGANIZACIONES FILIALES
OIA (Antioquia), CRIDEC (Caldas), CRIR (Risaralda), ORIQUIN (Quindío), ORIVAC y ACIVA (Valle del Cauca), CRIC (Cauca), CRIHU (Huila), ASO´UWA (Boyacá, Santander y Norte de Santander), UNIPA, ACIESNA y CAMAWARI (Nariño), ASOREWA y FEDEOREWA (Chocó), CRIT (Tolima), ASOPBARI (Norte de Santander), PUEBLO MUISCA, (Cundinamarca), UNUMA (Meta), CAMAEMKA (Alto Sinú, Córdoba), ASCATIDAR (Arauca), ORIC (Casanare), CRIVI (Vichada), AIPEA, ACITAM, ATICOYA, AZCAITA, OIMA, AZICATCH y ASOAINTAM (Amazonas), CRIOMC y ORUCAPU (Caquetá), ASOCIACIÓN WAYA WAYUU, ORGANIZACIÓN WAYUU ARAURAYU, RESGUARDO DE MAYABANGLOMA, AACIGWASUG, PAINWASHI y YANAMA (La Guajira), OWYBT (Cesar, Magdalena y La Guajira), OIK y PUEBLO YUKPA (Cesar), PUEBLO ETTE ENAKA (CHIMILA) (Magdalena y Cesar), CABILDO MAYOR REGIONAL ZENU (Córdoba y Sucre), CABILDO MAYOR MOKANA (Atlántico) y CABILDO MAYOR EMBERA KATÍO DEL ALTO SAN JORGE (Córdoba).