Por: Yezid Arteta Dávila | octubre 01, 2013
Colombia está en un momento crucial. Las decisiones que adopten el gobierno y las FARC en un futuro cercano determinará la historia del país en la presente y la próxima década. Los líderes que integran la totalidad del arco político colombiano y los jefes guerrilleros tienen una cita con la historia. Unos y otros deben responder con realismo y sin demagogia al imaginario de paz que predomina en la gente colombiana.
Por el tamaño del país, por el tamaño de las FARC, por el tamaño de las Fuerzas Militares, por el tamaño de la población victimizada, por el tamaño del narcotráfico y por el tamaño de las organizaciones criminales, la implementación de un acuerdo de paz en Colombia, puede convertirse en una de las operaciones más complejas del siglo veintiuno. Una operación que desborda la capacidad del país y obliga el apoyo del sistema de Naciones Unidas para su ejecución.
Para el gobierno de Santos la firma de un acuerdo de paz con las guerrillas está contaminada por los cálculos electorales. La propuesta de paz del expresidente Álvaro Uribe y sus seguidores carece de realismo y es exageradamente ideológica. Y para las FARC la dejación de las armas aún les crea temor e incertidumbre. Una cuarta pieza de este tejemaneje es la incierta ruta del ELN.
El proceso de paz en La Habana puede languidecer y morir. El tiempo de cosecha y acopio está pasando y es el momento de separar el grano de la paja. Desde su fundación como república, Colombia no ha tenido la posibilidad de resolver sus grandes problemas estructurales sin violencia. Los operadores políticos, económicos y sociales del país tienen en este proceso la oportunidad de superar el ciclo de violencia política y encarar bajo un nuevo pacto los problemas estructurales que distorsionan el bienestar de la nación.
1. Lo que piensa el gobierno sobre las FARC.
El gobierno y sus defensores ven a las FARC como el embarazoso hijo psicópata de una familia burguesa a quien hay que llevar adonde el psicólogo o el siquiatra. Niegan que la enfermedad sea de tipo genético y aducen a causas fisiológicas su comportamiento. Ven a la guerrilla como una anomalía que se puede tratar con medicación.
Todo parece indicar que la oferta de negociación presentada por el gobierno de Santos se inclina por someter a las FARC a un tratamiento psicológico para que el hijo díscolo entre en razón y pueda ser aceptado en casa. Si esta estrategia no logra su objetivo queda, pues, la alternativa de choque. Algo similar a las que aplican a los locos violentos en los manicomios de cuarta categoría.
2. Lo que piensan otros sobre las FARC.
Otros, opuestos a la anterior interpretación, consideran que la guerrilla es el resultado de una sociedad enferma. Piensan que el sistema engendró a la guerrilla y las FARC no son más que la síntesis de los problemas estructurales del país y por tanto el tratamiento de la misma debe ir más allá de una simple medicación.
Recomiendan al gobierno una actitud generosa frente a las protestas sociales que se extienden por todo el territorio nacional y ven en ellas la oportunidad de hacer un cambio de ritmo para meterle mano a los asuntos estructurales del país. Una honesta e inteligente negociación con los sujetos sociales, sugieren, facilitaría el entendimiento con la guerrilla. Negociar en Bogotá el conflicto social y en La Habana la terminación del conflicto armado y la transformación de las FARC.
3. Un gobierno uribista tendría que hacer lo mismo que Santos o más para alcanzar la paz.
La estrategia del expresidente Álvaro Uribe contra las FARC durante sus ocho años de gobierno fue netamente bélica. Nunca antes un gobierno había desplegado una operación militar tan larga en lo temporal y tan extensa en lo espacial. Fue un ataque masivo y potente contra la retaguardia profunda de las FARC. El mapa de la guerra cambió sustancialmente pero no la resolvió.
De esta ofensiva, que ha continuado durante el gobierno de Santos, se han derivado varios razonamientos que varían de acuerdo al lugar desde donde se hagan.
Los razonamientos que llegan desde los mentideros rigurosamente políticos o desde meras columnas de opinión publicadas en los periódicos, ven la derrota de las FARC como un asunto que está a la vuelta de la esquina y la única promesa posible a los alzados es el sometimiento absoluto y sin contraprestación.
Otra cosa es cuando los análisis lo hacen hombres vestidos con trajes de fatiga desde un puesto de mando y observando mapas y ordenes de batalla mientras escuchan por un radio de alta frecuencia a un capitán que reporta un feroz ataque contra la unidad bajo su mando. Son oficiales que saben de guerra y han dirigido operaciones reales de combate.
Estos oficiales de las Fuerzas Armadas consideran que las FARC no podrán tomarse el poder por las vía de las armas, es decir que están vencidas estratégicamente, pero esta derrota, agregan, no es definitiva puesto que los rebeldes conservan su capacidad de ataque y destrucción y pueden existir indefinidamente en el tiempo.
El ejército de tierra de Colombia es el más capacitado y eficiente en el planeta para librar guerras irregulares. La ofensiva contra las FARC ha sido la operación militar más compleja y sofisticada contra una fuerza guerrillera en la historia reciente. A pesar de la perdida de numerosos mandos y haber recibido varios reveses en los últimos años, las FARC cuentan todavía con cuadros, hombres y medios logísticos para reproducir sus acciones.
Durante estos años de dura ofensiva las FARC demostraron que tienen una asombrosa capacidad de manejarse en condiciones inhóspitas. En la selva remota consiguieron crear formas económicas y administrativas de autoabastecimiento. A diferencia del Vietcong y el FMLN que tuvieron a China y Nicaragua respectivamente como aliados logísticos en la frontera, las FARC se han valido por sí solas para aprovisionarse y reproducirse en un ambiente internacional enrarecido.
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Por ocho años Uribe dispuso de la Política de Seguridad Democrática que ejecutó con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa. Aunque logró alejar a las Farc de los centros urbanos, no pudo derrotarlas por la vía militar. FOTO: Presidencia de la República
¿Cómo pudo mantenerse un subejército, una subcultura, una subsociedad como los son las FARC y su mundo agrario en las profundidades de la geografía colombiana? Son respuestas que deben explicarle los expertos militares a los políticos que se identifican con el ex presidente Álvaro Uribe y sus conmilitones a fin de que puedan darle realismo a sus propuestas de guerra y paz. Ofrecer cuatro, ocho o doce años más de guerra parece una idea disparatada si se observa con realismo, pero rentable como estrategia electoral dirigida a un público pasional que no ve más allá de la hora que está viviendo.
Un corresponsal de guerra que ha cubierto los conflictos de Irak, Afganistán, Sur de Líbano y Libia no encontraba explicación a la manera como ha sobrevivido las FARC a una potente operación ejecutada por el ejército de tierra más diestro y profesional del mundo, amén de que dichas maniobras llevan más de una década ininterrumpida. Si se mira en términos puramente militares, aseguró el reportero, lo que ha hecho las FARC es una obra de arte.
4. El gobierno y las FARC unidos a un mismo cordón umbilical.
Hay dos tiempos en un proceso de paz. El tiempo para firmar un acuerdo y el tiempo para implementarlo. La firma es la formalidad y la implementación es la realidad. La suscripción de un acuerdo para finalizar el conflicto es lo que en realidad desata a un proceso de paz. La riqueza de un proceso de paz está en su implementación y no en la firma.
Qué pierden las FARC firmando. Nada. En cambio pueden ganar ahora y más en la fase de implementación. La firma del acuerdo puede ser pronto pero la fase de transición debe ser lenta, organizada y viable. Firmando un acuerdo las FARC contribuyen a despejar el camino de la izquierda colombiana y ahorran interminables discusiones que restan antes que sumar. Una firma que posesionaria a Cuba y Venezuela comprometidos honestamente con este proceso y robustecería el compromiso del bloque de países de la izquierda latinoamericana en favor de la paz y la integración regional.
El gobierno de Santos y las FARC están umbilicalmente unidos en está intentona de La Habana. Ambos pueden salir golpeados o salir beneficiados. Tal como van las cosas el gobierno y las FARC son dos náufragos que consiguieron hacerse a una canoa en medio de un siniestro en altamar y si quieren llegar a tierra firme deben gobernar la embarcación de forma rítmica. Están obligados a remar juntos hacia una misma dirección a riesgo de extraviar el rumbo o chocarse contra una devastadora tormenta.
En el momento actual el gobierno y los rebeldes están unidos a una misma matriz: el proceso de paz. Pero si firman estarán muchísimo más unidos. La mayor responsabilidad en un proceso de transición recae en el Estado porque es la parte que cuenta con los medios y la legitimidad ante la comunidad de naciones. La guerrilla también tiene su trozo de responsabilidad y su papel en la transición es la que pacte con el gobierno.
A la sociedad colombiana hay que decirle sin rodeos que en La Habana no se está negociando la rendición de las FARC sino un final acordado del conflicto. La opinión pública debe entender que para alcanzar la paz deseable es necesario firmar un acuerdo que, para efectos prácticos, convierte a las FARC en un socio del Estado en la fase de implementación.
5. La tormenta perfecta.
Los procesos de paz son tormentas con su propio ambiente climático. Si se toman medidas de protección se puede disminuir el impacto de la tormenta. Si el gobierno de Santos, las FARC, las Fuerzas Armadas, el ELN y las fuerzas opositoras a la negociación no logran entender el momento decisivo que vive el país lo más probable es que se junten una serie de factores climáticos que conduzcan a una tormenta perfecta y aniquiladora.
Son vectores que por sí solos pueden ser conjurados si hay compromisos nacionales ajenos a la mezquindad política o electoral. En cambio si estos mismos factores se juntaran a consecuencia de una salida en falso – tan habitual en el medio ambiente político nacional – de las negociaciones de paz, Colombia puede verse avocada a una situación similar o peor de la que está viviendo México o naciones como Guatemala y El Salvador donde hubo aplaudidos procesos de paz, aunque en realidad sus resultados han sido muy violentos.
Aquí una lista de estos factores:
Un territorio 55 veces más grande que El Salvador, con una geografía remota y una topografía complicada.
Una cultura de violencia endémica y una criminalidad que no es una excepción sino que está inmersa en toda la sociedad.
Organizaciones gansteriles, con un largo historial desestabilizador y con sustrato social que están listas para llenar cualquier vacío creado por un acuerdo de paz.
La existencia de estructuras criminales con capacidad de realizar acciones a gran escala.
Estructuras sicariales con largo prontuario dispuestas a venderse al mejor postor.
Producción de drogas a gran escala y un mercado internacional cada vez más insaciable.
Ausencia del Estado en vastas regiones del territorio nacional.
Una alto índice de pobreza y desempleo estructural que facilita el reclutamiento de peones para finalidades criminales de gran tamaño.
En los países que se han adelantado procesos de paz han existido uno, dos o tres vectores de los mencionados en la anterior lista, pero Colombia los reúne todos, y si todos se juntaran a consecuencia de un vacío, todo está dado para una tormenta perfecta que puede devolver al país a un tiempo más peligroso y violento que los vividos durante la guerra de los carteles contra el Estado a principio de los noventa o al de las despiadadas masacres ocurridas durante la hegemonía del paramilitarismo en toda la costa norte colombiana.
6. Transformación de las FARC en oposición a la desmovilización.
El abc de los procesos de paz contemplan tres fases para los combatientes inmersos en los acuerdos: Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). Algo parecido se hizo en Colombia con organizaciones guerrilleras como el M-19, EPL, PRT, Quintín Lame y CRS. La cifra de desmovilizados, según el Ministerio del Interior, fue de 3690 entre hombres y mujeres pertenecientes a las cinco agrupaciones citadas. Una cifra muy inferior a lo que eventualmente pueden ser el número de combatientes de las FARC comprometidos en un acuerdo de paz.
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La década del 90 dejó 3.600 miembros de las guerrillas fuera de la guerra. Ahora el solo pie de fuerza de las Farc superaría los 9.000 combatientes. FOTO: Semana.
La fuerza principal de las FARC son sus combatientes armados cuya pertenencia a la organización carece de límites temporales y con los que cuentan las 24 horas del día mientras estén vivos. Sean 8000 o 10.000 está clase de combatientes son en sí un subejército. Esto sin contar a otros miles de milicianos y núcleos de apoyo ¿Es viable aplicar un modelo de desmovilización típico para este componente de fuerza? Pienso que no. Preferiría emplear el concepto de transformación de las FARC y desecharía el modelo de desmovilización que usualmente se han efectuado en el país y otras latitudes.
Para la seguridad nacional e internacional es recomendable observar a una FARC coherentes y bajo el mando y control de sus jefes durante buena parte de la fase de transición. Liberar de la noche a la mañana a miles de combatientes entrenados en golpes de mano, manejo de armas y explosivos, uso de comunicaciones operativas, asaltos y emboscadas, técnicas de francotirador y otros tantos etcéteras es un acto de irresponsabilidad en un territorio que reúne las condiciones para absorber y transformar en criminales a ex combatientes despistados o con hambre. El fracaso de un proceso de paz puede venir precisamente de una desmovilización exprés tal como lo piden algunos impacientes.
Lo más racional, pienso, es conseguir la transformación de las FARC en un proyecto viable y actuante en la vida política, económica y social del país. Nadie conoce mejor a la tercera parte del territorio colombiano como las FARC y esta particularidad puede ser útil para construir y ampliar las ramificaciones del Estado en extensas regiones del país en las que las instituciones y la legalidad no son más que meras ficciones.
El éxito del proceso de paz se podría medir por la capacidad que demuestre el Estado y la Comunidad Internacional en conseguir la transformación de las FARC.
7. Las FARC tienen que hacer su propia transición.
La treintena de delegatarios que hoy representan a las FARC en las negociaciones partieron a La Habana desde sus trincheras de combate. Hombres y mujeres agiles para atacar y eludir a sus enemigos pero con las entendibles limitaciones de quien ha puesto la mayor parte de sus esfuerzos mentales en garantizar su supervivencia y la del grupo en condiciones agrestes.
Hay una distancia entre las primeras declaraciones de los negociadores de las FARC y las sucedidas unos cuantos meses después. El acceso pleno a la información, los intercambios con dirigentes políticos y expertos, las relaciones diplomáticas, los foros temáticos realizados en Colombia, la tranquilidad para escuchar y pensar…en fin…todas estas y más circunstancias han contribuido a que las FARC hayan decantado y acompasado muchas de sus ideas a una realidad que va más allá de sus campamentos de campaña.
Hoy se ven unas FARC que transan con la pluralidad y aceptan que en Colombia existen líderes y organizaciones genuinamente transformadoras más allá de ellas mismas.
Las armas fueron útiles para que las FARC llegaran a una mesa de diálogo y negociación. No es necesario lanzar una moneda al aire o deshojar una margarita para elegir el camino a seguir. El camino ya está. Es uno solo. No hay dos caminos. El camino es el presente y las armas son el pasado. Entre más lejos vayan quedando las armas más cerca se está del poder y sólo llegando al poder se puede ejecutar un programa de transformación social. Una mesa de negociaciones tiene muchísimas limitaciones el poder menos.
Este paso requiere una transición interna. Una transición que deben hacerla las propias FARC y con la contribución de otros. Las FARC deben adaptar a su organización para un nuevo tiempo político que no permite llevar un fusil de asalto colgado al hombro. Los cientos de integrantes de las FARC son listos para resolver los quehaceres de la guerra pero no tanto para moverse en los escenarios puramente políticos.
A más del contenido la política moderna exige unas formas y un lenguaje que no corresponden a una estructura absolutamente militar. Y aunque parezca frívolo decirlo la política de hoy se complementa con movidas cosméticas y estéticas. La única batalla que el establecimiento le ganó a la guerrilla fue la mediática y la dirigencia de las FARC debe tomar nota de esta situación para volver su organización más atractiva a los sentidos y la mente del público.
8. Desarme o dejación de armas.
Parece ser lo mismo pero no lo es. El desarme es un acto material mediante el cual un combatiente entrega su arma a un organismo pactado entre las partes. En cambio la dejación de armas es un proceso material y mental que desarrolla el combatiente cuando tiene la certeza de que su desarrollo político y social es seguro y el empleo de un arma se vuelve obsoleto y carente de sentido.
Hay que ponerse en el pellejo de un combatiente que ha sobrevivido a una guerra gracias a su industria táctica y su arma. Desarmarlo de la noche a la mañana no es un acto sencillo y más en Colombia que posee un infame historial de guerrilleros que no murieron en combate y luego los mataron como en la novela de Kafka: como perros.
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Casos como los falsos positivos del Ejército y los secuestros de las Farc merecen un especial capítulo de los acuerdos, donde se sepa toda la verdad y se garanticen vías de no repetición de estas dolorosos episodios. FOTO: Archivo Dos Orillas.
Hay que pensar en un proceso gradual y verificable de dejación de armas que garantice la seguridad de los mandos y combatientes de las FARC, lo mismo que la seguridad de las poblaciones que han constituido su base de apoyo.
Los temas finales de un proceso de paz son los más importantes. La manera como se resuelva el asunto de la dejación de armas y la seguridad de los combatientes y de las zonas de retaguardia profunda, condicionará el éxito o fracaso del proceso de paz en Colombia.
El asesinato de uno o varios jefes guerrilleros o la ejecución de una masacre por cuenta de grupos criminales con motivación política en una de las bases de apoyo de la guerrilla pueden llevar a los combatientes en proceso de transición a volver a las armas. Siempre quedarán armas escondidas para ser empuñadas. Casos abundan en el mundo.
Desarmarse y volver armarse es una contingencia cierta que sólo se puede conjurar si la implementación de los acuerdos crea un clima propicio que lleve, en este caso a las FARC, a un escenario irreversible de tal manera que cualquier intento de tornar a disparar se vuelva una operación ruinosa para sus intereses políticos.
La firma de un acuerdo en La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC en los próximos meses llevaría inmediatamente a las partes a acordar los términos del alto al fuego bilateral definitivo y verificable. Durante el periodo de alto al fuego es cuando las partes, con el apoyo internacional, deben crear las condiciones materiales para la dejación de armas. No antes.
9. Igual o más Ejército para la transición.
Una pareja romántica diría: si se firma el fin del conflicto hay que reducir drásticamente el tamaño de las Fuerzas Militares y con los recursos liberados se puede hacer inversión social. Las cosas no son tan sencillas mis queridos románticos.
Comencemos con un ejemplo evidente. La publicitada Ley de Víctimas se ha vuelto inoperante porque no hay garantías de fuerza que disuadan a las agrupaciones que matan a los campesinos cuando tratan de recuperar sus tierras. El acuerdo sobre desarrollo rural acordado entre el gobierno y las FARC desencadenará un considerable flujo campesino tras la posesión de la tierra. Son miles de labriegos que necesitan ser protegidos. ¿Quién los protegerá?
Hay que dar por descontado la presencia de fuerzas extranjeras en las tareas de protección de los miembros de la guerrilla durante el proceso de transición. Pero la protección de la población civil local es una misión que debe desempeñar el Estado mediante el ejército y la policía.
Durante la fase de implementación de los acuerdos la persecución, neutralización o aniquilamiento de las organizaciones criminales con finalidades políticas que operan en diversas regiones del país es una faena que no le corresponde a las FARC ni de las fuerzas de disuasión internacional. Esto tiene que hacerlo el aparato militar del Estado.
El problema no es la disminución de las fuerzas gubernamentales. El problema real es la mentalidad con la que asuman los miembros de la Fuerza Pública su papel en la implementación de los acuerdos. Eso significa que las fuerzas militares y de policía deben hacer también su propia transición.
La transición en el seno de las Fuerza Pública tiene un nombre: depuración. Un oficial de inteligencia que piensa que un líder de izquierda es un enemigo al que hay que combatir no puede continuar dentro de la institución castrense. Un oficial superior con un prontuario de violación de los Derechos Humanos o bajo la sospecha de sus vínculos con actividades criminales o narcotráfico no puede lucir un uniforme de las fuerzas militares o de policía.
La legitimidad de un componente militar está determinada por su relación con la Constitución y la ley. Hay avances importantes en las fuerzas militares de Colombia en este aspecto pero, empleando el lenguaje oficial, aún no son suficientes.
Se podría pensar en un adelgazamiento del componente militar colombiano pero a largo plazo, pero esto no puede ocurrir durante la implementación de los acuerdos. Si el núcleo duro de la criminalidad con finalidades políticas no es derrotada durante la transición el escenario que le espera a Colombia probablemente será el de una violencia extendida en términos territoriales y una violencia indefinida en términos temporales. La violencia de Guatemala multiplicada por 11 o la violencia de El Salvador multiplicada por 55. Así sería el tamaño de la violencia en Colombia si esta historia fracasara.
10. Quien debe ayudar a la transición.
Hace más de 20 años la misión de Naciones Unidas para la implementación del proceso en El Salvador (ONUSAL 1991-1995) costó 107 millones de dólares y emplearon 1339 funcionarios, entre ellos 631 observadores de policía[1].
La actual Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) tiene un presupuesto aprobado (1 de julio de 2013-30 de junio de 2014) de 576 millones de dólares. Hay desplegados 8.754 efectivos uniformados en el terreno pertenecientes a 62 países y casi 2000 civiles entre funcionarios internacionales, locales y voluntarios de las Naciones Unidas[2].
Estos dos casos nos dan una idea de lo que puede costar la implementación de un acuerdo de paz en Colombia, teniendo en cuenta el tamaño del país, las fuerzas involucradas y los desastres creados como consecuencia del conflicto armado.
Por razones de índole regional le correspondería a la CELAC y UNASUR jugar un papel prioritario en la implementación de un acuerdo de paz en Colombia. Pero estas dos organizaciones de muy reciente creación no tienen aún ni los huesos ni las carnes para acometer una misión que se perfila titánica.
Sólo las Naciones Unidas pueden conseguir los recursos para financiar una transición de tal envergadura. Sólo las Naciones Unidas pueden garantizar a través de un mandato del Consejo de Seguridad desplegar fuerzas, recursos y funcionarios para garantizar la verificación de un alto al fuego y proteger a los miembros de la guerrilla hasta la dejación de armas, su legalización y participación en la vida regular del país.
Conclusiones Finales
1. El fin del conflicto debería definirse en los próximos meses a riesgo de un nuevo fracaso.
2. El proceso de paz va dirigido a la nación colombiana y a todas las víctimas. No está concebido para llenar las expectativas de un partido u una ONG en particular.
3. Existen los instrumentos legales para acordar un modelo de justicia transicional genuino que transforme a los rebeldes y satisfaga los derechos de la víctimas.
3. La transición será chocante para el establecimiento y para las guerrillas pero ambos deben entender que hay un país más allá de ellos mismos con el que deben convivir.
4. Las FARC y las Fuerzas Militares deben demostrar generosidad y reconocimiento reciproco.
5. El objetivo de la transición es llegar a un estado en que los conflictos políticos, económicos y sociales puedan ser resueltos sin el empleo de la violencia.
6. Las FARC no pueden concebir un escenario mixto de participación: legal y armado. El único escenario viable es el legal y sin armas.
7. El concurso de las Naciones Unidas es vital para la implementación y verificación de los acuerdos.
8. Hay que guardar un sentido de las proporciones. En La Habana no se verán resueltos los grandes problemas estructurales del país.
9. El sentido real de la negociación en La Haba es el de llegar a una dimensión posbélica pactada.
10. El fracaso del proceso de paz afectaría a toda la sociedad pero a unos sectores más que a otros. Cabe preguntar cómo se vería afectada las FARC, cómo la izquierda legal y cómo los movimientos sociales.
[1] Fuente de las Naciones Unidas [2] Fuente de las Naciones Unidas