Este 29 de octubre de 2013 en todas las ciudades del país.
Médicos generales y especialistas, odontólogos, enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, estudiantes, docentes, internos, residentes y ciudadanía en general.
Todos están convocados a participar de esta gran jornada.
No dejemos que la salud se siga hundiendo y que los gremios económicos la dominen.
Trabajadores de la salud presentan un pliego de peticiones al Gobierno y ratifican el paro laboral
Cuatro puntos principales son los que conforman el Pliego Nacional Unificado que la Alianza Nacional de la Salud -Ansa-, reiteró ante el Gobierno nacional, en el marco del paro nacional, al cual se ha unido el sector salud a través de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios y de la Salud (Anthoc).
Los agremiados aseguran que dicho pliego tiene como propósito que se garantice el derecho fundamental a la salud de toda la población colombiana, con énfasis en la inclusión de las poblaciones marginadas de las zonas urbanas y rurales, indígenas y afrodescendientes, en la erradicación del enfoque de mercado del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en la garantía de condiciones dignas de empleo y trabajo de todos los trabajadores de la salud de Colombia.
En un primer capítulo sobre la garantía de este derecho, el documento exige que se erradique el llamado paseo de la muerte, donde «El estado colombiano garantizará plenamente el derecho fundamental a la salud de manera autónoma sin condicionarlo a la capacidad de pago ni restringirlo a un plan de beneficios, a través de la eliminación del Sisben, la cobertura universal del sistema y la participación ciudadana y comunitaria en las decisiones que afecten la salud de los colombianos».
Así mismo solicitan eliminar la sostenibilidad fiscal como criterio para delimitar y garantizar el derecho a la salud. Desarrollar un sistema público de salud, eliminar toda barrera que impida el acceso a la Acción de Tutela como mecanismo para garantizar la exigibilidad y el cumplimiento del derecho a la salud y eliminar las empresas intermediadoras en la prestación del servicio de salud, llámanse EPS o gestores. De igual manera piden que el Gobierno se comprometa a garantizar el uso equitativo y eficiente de los recursos de la salud con base en las necesidades de las poblaciones y de los territorios.
Un segundo capítulo del pliego relacionado con la red pública hospitalaria exige el pago inmediato de la deuda contraída con los hospitales públicos y privados por parte de las EPS y las entidades territoriales, el fortalecimiento científico, tecnológico, organizacional y de la infraestructura de la red pública hospitalaria financiada por el Estado y que el valor de las nóminas y de las plantas de personal de la red pública de hospitales sean asumidas directamente por el Gobierno Nacional.
En un tercer punto, relacionado con la protección del trabajo formal, Ansa, pide que se garantice la autonomía de la práctica del personal sanitario en su ejercicio profesional, el vínculo laboral para el sector público y privado con estabilidad y demás garantías de negociación y contratación colectiva y libertades sindicales, en igualdad de condiciones.
Y un cuarto capítulo del pliego único convoca a la conformación de una mesa nacional permanente entre el Gobierno, organizaciones sociales, sindicales, asociaciones de pacientes y de usuarios cuya misión será la de formular el contenido de las políticas a ser incluidas en una nueva ley de salud que recoja los elementos acordados en este Pliego Unificado y trabajar en su reglamentación futura.
A este documento se suma la posición de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que ratificaron su rechazo a la recién aprobada Ley Estatutaria de la Salud, por considerar que «desconoce derechos de los pacientes y empleados, no resuelve el problema financiero de los hospitales, no termina con la intermediación y continúan las barreras de acceso al servicio en el sistema de salud, a tal punto que hace más complejo ejercer el derecho a la tutela y la aplicación de la sentencia dependerá de los recursos económicos.
Adicionalmente según la CUT, dicha ley estatutaria afecta aún más a los empleados de la salud, puesto que «Cambia la denominación de los empleos, a «servidor de la salud», generando inestabilidad en empleados y trabajadores oficiales, sólo se contratará personal de acuerdo al número de pacientes por turno y servicio, los recargos dominicales no serán del 300% sino del 100% y se limita el derecho de asociación sindical».
ANSA presenta pliego de peticiones al Gobierno
El pliego de peticiones que la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud (ANSA) presentó al gobierno nacional para que se garantice el derecho humano y fundamental a la salud de toda la población colombiana, con énfasis en la inclusión de las poblaciones marginadas de las zonas urbanas y rurales, indígenas y afro descendientes, la erradicación del enfoque de mercado del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud, y la garantía de condiciones dignas de empleo y trabajo de todos los trabajadores de la salud de Colombia, recibió en las últimas horas la adhesión de la Federación Médica Nacional, ASMEDAS Antioquia y la Asociación Nacional de Residentes e Internos –ANIR- .
A continuación, les presentamos el contenido completo del pliego:
CAPITULO PRIMERO: GARANTIA DEL DERECHO A LA SALUD
QUE SE ERRADIQUE EL PASEO DE LA MUERTE.
1. El estado colombiano garantizará plenamente el derecho fundamental a la salud a toda la población colombiana de manera autónoma, sin condicionarlo a la capacidad de pago ni restringirlo a un plan de beneficios. Para tal fin se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
a) No más SISBEN ni clasificaciones socioeconómicas para acceder al servicio. Habrá un solo sistema de salud para todos los colombianos.
b) Garantizar cobertura universal del sistema de salud, acceso a los servicios de acuerdo a la necesidad y atención con igual calidad, integral y sin barreras de acceso administrativas, geográficas, económicas o culturales (no más negación de servicios, no más copagos ni pagos de cuotas moderadoras o de recuperación).
c) Participación ciudadana y comunitaria vinculante en todas las decisiones que afectan la salud de los colombianos.
2. Eliminar la sostenibilidad fiscal como criterio para delimitar y garantizar el derecho a la salud.
3. Desarrollar un sistema público de salud fundamentado en los valores y principios de la Atención Primaria Integral en Salud, el derecho fundamental a la salud y la seguridad social como derechos ciudadanos.
4. Eliminar todas las barreras que impiden el acceso a la Acción de Tutela como mecanismo constitucional para garantizar la exigibilidad y el cumplimiento del Derecho a la Salud, en particular, las barreras administrativas que obstaculizan que el paciente al que le niegan servicios de salud acceda de manera expedita a la tutela como mecanismo supletorio.
5. Para garantizar el acceso a los medicamentos que realmente necesita la población, y para hacer financieramente sostenible el sistema de salud, el gobierno se compromete a establecer topes y controles a los precios de los medicamentos en toda la cadena de producción y comercialización y a garantizar la participación ciudadana autónoma en la comisión nacional de control de medicamentos.
6. Eliminar las empresas intermediadoras en la administración de los recursos de la salud y en la prestación del servicio de salud. (EPS o Gestores). Igualmente, eliminará toda práctica de integración vertical y corporativa entre administradores y proveedores de servicios de salud.
7. Garantizar que los recursos de la seguridad social sean administrados por entidades públicas, con destinación específica para la salud, pensiones y riesgos profesionales, manteniendo siempre su carácter de recursos fiscales y parafiscales. Igualmente, que cese de manera inmediata la utilización y apropiación privada de los recursos públicos con destinación específica para la salud y los riesgos laborales por parte de las EPS y de las ARL, y que el gobierno nacional dé inicio a todas las acciones de restitución de los dineros públicos indebidamente utilizados y apropiados por las EPS y las ARL.
8. El Estado garantizará el acceso a la alimentación, al agua potable, al saneamiento básico, al trabajo, a la vivienda y al transporte, así como un ambiente saludable, como condiciones básicas que determinan la salud y el buen vivir de los pueblos que integran la nación colombiana.
9. El gobierno se compromete a promover ante el Congreso de la República una reforma tributaria progresiva, es decir, que grave proporcionalmente más a los dueños del capital, que permita al Estado colombiano disponer de los recursos necesarios para garantizar el derecho humano fundamental a la salud.
10. El gobierno se compromete a garantizar que los recursos de la salud y de la seguridad social tengan como destinación específica la garantía de estos derechos sociales y su uso equitativo y eficiente con base en las necesidades de las poblaciones y de los territorios. Igualmente, se compromete a reasignar en el sistema de salud y en los otros sectores que contribuyen a la salud de las poblaciones los recursos hoy gastados por el Estado en función de la guerra.
CAPITULO SEGUNDO
DEFENSA DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA
11. Pago inmediato de la deuda contraída con los hospitales públicos y privados por parte de las EPS y las entidades territoriales. Ante la insolvencia de muchas EPS para pagar estas deudas, el gobierno debe repetir contra el patrimonio de los socios y accionistas que malversaron los fondos públicos e iniciar las acciones punitivas que correspondan.
12. Fortalecimiento científico, tecnológico, organizacional y de la infraestructura de la red pública hospitalaria financiada por el Estado. En particular, el gobierno se compromete a superar de forma inmediata la falta de oferta pública de servicios de salud de calidad necesarios a nivel rural y en las zonas marginadas de las ciudades.
13. El gobierno terminará con la práctica de arrendamiento al sector privado de los servicios rentables de los hospitales públicos, de manera que se integre orgánica y funcionalmente el hospital como una unidad administrativa, financiera y proveedora de carácter exclusivamente público, destinada a atender las necesidades esenciales de la población.
14. Garantizar que el valor de las nóminas y de las plantas de personal de la red pública de hospitales sean asumidas directamente por el Gobierno Nacional.
15. El Estado garantizará cobertura universal y atención en salud accesible, integral, de calidad y con enfoque intercultural y diferencial a todo el pueblo colombiano y, en especial, a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas.
CAPITULO TERCERO
PROTECCION DEL TRABAJO DIGNO Y FORMAL
16. Garantizar la autonomía de la práctica del personal sanitario en su ejercicio profesional.
17. Garantizar el vínculo laboral para el sector público y privado con estabilidad y demás garantías de negociación y contratación colectiva y libertades sindicales, en igualdad de condiciones y con aplicación de los principios del artículo 53 de la Constitución Política.
18. Garantizar condiciones de trabajo dignas para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud
19. Garantizar el acceso de la población, sin diferencias por condiciones socioeconómicas, territoriales o culturales, a los centros e instituciones de formación y entrenamiento en las profesiones y oficios de salud y actividades relacionadas.
20. Garantizar la educación y formación continua en todas las profesiones y oficios relacionados con la salud a cargo de recursos con destinación específica del sistema de salud, previa definición de esas necesidades por parte de los territorios de salud. La educación continua podrá contar con el concurso de los gremios, asociaciones, entidades educativas y sindicatos de trabajadores de la salud.
21. Integrar con plenas garantías laborales al sector público y privado, a la mujer y al personal civil de las fuerzas militares.
CAPITULO CUARTO: DEFINICIONES ESTRATÉGICAS.
22. Se conformará una Mesa Nacional Permanente entre el Gobierno Nacional, las organizaciones sociales, sindicales, asociaciones de pacientes y de usuarios que tendrá la misión de formular el contenido de las políticas iniciativas a ser incluidas en una nueva Ley de salud que recoja los elementos acordados de este Pliego Unificado y trabaja en su reglamentación futura.