Escrito por Radio Guatapurí Jueves, 28 Noviembre 2013 16:
Con mucha preocupación fue recibido por los medios nacionales la noticia de que el proceso de restitución de tierras, tal como está concebido en la actualidad, podría tardar un siglo entero en cumplirse, de acuerdo con la información provista por el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, una iniciativa auspiciada por varias universidades del país (del Rosario, Nacional, Norte, Arboleda y Sinú).
Según el director del mencionado observatorio, Francisco Gutiérrez, la meta de 10 años establecida en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, es imposible de cumplir, puesto que, según su decir, “al paso que vamos, el último predio restituido podría estarse entregando dentro de cientos o, incluso, miles de años”.
Más allá de la reacción inicial de alarma y preocupación que causa semejante anuncio, es importante entender que la restitución de tierras, al igual que la reparación de víctimas y la búsqueda de la verdad, son asuntos sumamente complejos, propios de una situación de posconflicto que vive el país cuya superación suele tardar varias años.
En otras palabras, no hay que caer en un alarmismo contraproducente que, por exagerar un riesgo real (la lentitud en el trámite de los procesos de restitución), termine causando el efecto contrario de paralizar todo el andamiaje de la restitución de tierras que, con todos sus defectos, está empezando a devolverle la esperanza a cientos de campesinos desplazados por la violencia.
Ciertamente, no solamente en la restitución de tierras hay problemas. La reparación de víctimas plantea un desafío aún mayor en términos de presupuesto e identificación de beneficiarios. 50 años de conflicto interno en Colombia han dejado una inmensa cantidad de víctimas que, fácilmente, se cuentan en cientos de miles. Repararlas a todas plantea serios interrogantes tales como: ¿quién debe ser el primer responsable de la reparación: el victimario o el estado? ¿debería el Estado entrar a reparar integralmente a las víctimas en todos los casos, o sólo cuando no sea posible con el patrimonio de los victimarios? ¿cuánto cuesta la reparación total de las víctimas del conflicto? ¿debe priorizarse la reparación monetaria de las víctimas aún a costa de desfinanciar la atención de otras funciones básicas del estado como la salud o la educación? ¿cómo escoger entre lo uno y lo otro, frente a recursos, por definición, escasos? ¿con qué criterio? ¿qué filtros deben ponerse para impedir que se cuelen avivatos que se hacen pasar por falsas víctimas?
Como puede verse, son interrogantes complejos y de difícil solución, propios de una situación de posconflicto. Para mojar prensa y llamar la atención, es muy fácil titular: “Reparación a las víctimas quebraría al Estado”, titular que por su amarillismo no está muy lejos de la realidad.
Algo similar puede decirse del proceso de judicialización de los victimarios. Ya lo hemos expresado en otras ocasiones (Ver editorial «Justicia transicional a la colombiana»). Colombia escogió el camino más difícil de todos al apostarle a la vía judicial como único camino para la búsqueda de la verdad, mientras que en otros países (Argentina, Chile, El Salvador, Brasil, Liberia, Ruanda y Surafrica, entre otros) se implementaron fórmulas más pragmáticas e igual de efectivas como las llamadas comisiones de la verdad y herramientas de reparación y reconciliación directa, mecanismos alternativos al engorroso y lento trámite judicial.
Precisamente, hace un año el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, al advertir sobre la urgencia de corregir la Ley de Justicia y Paz, señaló en el mismo tono grandilocuente que procesar todos los crímenes cometidos en el conflicto colombiano, “haría que nos demoráramos más de 500 años sacando adelante todos los procesos pendientes”. No le falta razón.
En este sentido, se reconoce la necesidad de introducirle ajustes a las políticas de reparación de víctimas, de restitución de tierras y de sanción a los victimarios, especialmente, a aquellas instituciones que hayan quedado mal diseñadas. No obstante, es justo también reconocer que, con todas sus dificultades, el país ha dado pasos gigantes para superar su conflicto interno y sanar, así sea parcialmente, las heridas aún sangrantes que éste ha dejado en la sociedad colombiana. Lo que estamos viviendo en la actualidad son desajustes menores propios de la aplicación de mecanismos de justicia transicional. Por ello, no podemos caer en un amarillismo irresponsable que causa más daño que bien.
Tomado de: http://www.radioguatapuri.com/2011-07-25-15-58-1/item/16304-desaf%C3%ADos-del-postconflicto