Pavoneándose en la arrogancia que le inyectó el clientelismo, el Procurador General de la Nación, proyección del oscurantismo medieval en el siglo XXI, desató una cruzada sectaria -él que debe propender por los derechos de todos y todas- contra expresiones y decisiones que son conquistas modernas y posmodernas de la humanidad. Así amplios sectores aún no las hayan asimilado o incorporado a sus umbrales de aceptación el aborto, la diversidad sexual y de género, los derechos de la mujer sobre su cuerpo, las parejas y matrimonios del mismo sexo, son una realidad social, cultural y jurídica. La Constitución de 1991 elevó al rango de derechos el pluralismo, la diversidad, la multiculturalidad, el libre desarrollo de la personalidad. En forma inaudita el señor Ordoñez los desconoce, estigmatiza a las comunidades y minorías y pretende imponer su credo patriarcal y santurrón. Y, salvo algunas protestas, en apariencia no pasaba nada.
La corrupción se enseñoreó en Colombia como premio gordo de la politiquería. En un régimen clientelista las contraprestaciones colocan el soporte popular de una asquerosa escalera de coimas y prebendas que se coronan en las entidades públicas, las cortes o el Congreso en la capital y los favores cruzados entre éstas. A esa corruptela se sumó la alianza con el paramilitarismo para exprimir las regiones y aniquilar los opositores. De ahí que sea loable y merezca respaldo la función disciplinaria y judicial contra la corrupción. Sin embargo, requiere imparcialidad, ecuanimidad, juridicidad, magistratura moral. Ordoñez, a través de una interpretación abusiva y dictatorial de sus funciones, adelanta un régimen disciplinario prolijo, mediático, parcializado y sectario en una Procuraduría de enemigo para amordazar antagonistas tanto como para diluir o dilatar la responsabilidad de sus conmilitones políticos, saqueadores, parapolíticos o militares violadores de los DD.HH, con uno que otro sacrificado para impactar la tribuna. A esa conducta infecta le sumó la descarada negociación de su reelección con congresistas y magistrados. Y, salvo algunas protestas, en apariencia, no pasaba nada.
La estrategia de las basuras
Como pocos se había ganado el sentimiento del hombre más odiado del país en muchos sectores y él reía. Y lo hacía con razón pues ya no parece un chiste que sus sentencias disciplinarias relacionadas con los funcionarios de mayor importancia hayan sido la ejecución de un plan para sacar del camino a sus posibles opositores en la campaña presidencial de 2018, con el fin de montar una república ultraconservadora en alianza con el uribismo. En ese propósito, Gustavo Petro y un éxito de su gobierno son un obstáculo de peso. Lo de la crisis por las basuras –si este no es el motivo habría sido cualquier otro- resuelta en 3 días, pero que según la Procuraduría demostró la “incapacidad absoluta del Alcalde para superarla” es un deleznable pretexto – Emilio Tapia convicto por el cartel de la contratación en la ciudad y para nada afecto a Petro, denunció el complot de los privados para generar el caos (El Espectador 11.12.2012). Sobre ese libreto, hinchando sus facultades y manipulando un proceso, el Procurador se propuso darle la muerte política a Petro en un fallo que trasunta una coartada y una postura ideológica, confiado en que la reacción a tal arbitrariedad apenas despertaría una deslucida reacción. Con el agravante de las denuncias de que la determinación se cocinó en conciliábulos extremistas. Pero el tiro le salió por la culata y sin vaselina.
Esta vez, alguien tenía que rebelarse y Petro se rebeló en nombre de los 721.308 habitantes de la ciudad que lo elegimos y apoyamos su programa, en defensa de la soberanía del voto popular. Bogotá se indignó, llenó la Plaza de Bolívar y le dijo NO. Destituir a un legislador o funcionario de elección popular desconociendo los procedimientos constitucionales en un país signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin mediar sentencia penal, es una violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Inhabilitarlo por 15 años cuando frente a su paisano Samuel Moreno intervino tarde y en forma laxa, muestra la iniquidad y parcialidad de la decisión. La indignación nacional con la medida no implica, hay que reconocerlo, un respaldo a Petro, aunque éste ha aumentado en la coyuntura, sino un rechazo mayoritario de la sociedad a la prepotencia, la arbitrariedad y la beatería del señor Ordoñez y su campaña inquisitorial y un reclamo por instituciones democráticas.
Pero hay más. Como nunca antes, el país está cerca de concretar acuerdos de paz con las dos más antiguas organizaciones guerrilleras del continente sino del mundo -a las Farc se sumará el ELN- que implican o dejarán sellado el compromiso de reformas en aspectos álgidos de la realidad nacional y concesiones para incorporación política de la insurgencia. La extrema derecha, después de negociar con el paramilitarismo, pretende la desmovilización por una supuesta rendición producto de la intensificación de la contrainsurgencia con sus costos en vidas y más atraso. Desde ese lado cabildea Ordoñez ante organismos internacionales. Petro, por el contrario, como exguerrillero, líder exitoso y segunda autoridad ejecutiva del país, está del lado de las víctimas, adelanta un programa a favor de los desplazados, apoya los diálogos y promueve la movilización de respaldo. En este aspecto, como en sus iniciativas frente al modelo de ciudad, es un objetivo a neutralizar y de paso sabotear los diálogos de La Habana. Pero esta vez las cosas no le salieron bien a Ordóñez. Las Farc repudian su decisión pero para endurecer el reclamo de garantías y es mayoritaria la interpretación de que se trata de un abuso con fines políticos.
Por: Guillermo Segovia Mora
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