No cabe duda que Colombia enfrenta un problema rural crónico y que los cultivos ilícitos han proporcionado al campesinado ingresos un poco más altos y estables que los de los cultivos legales. Tampoco cabe duda de que desde la perspectiva de las FARC el campesinado cultivador de coca, amapola y marihuana serviría de base electoral para sus actividades futuras.
Se trata de un problema central en las negociaciones de paz y las FARC han presentado dos propuestas sobre los cultivos ilícitos, la primera a principios de diciembre pasado titulada “Política anti-drogas para la soberanía y el buen vivir de los pobres del campo: Diez propuestas mínimas”, y la segunda, más detallada, el “Programa nacional de sustitución de usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana”. Ambas propuestas subrayan la necesidad de reformar las políticas agrarias para proteger al campesinado e intentan concordar con lo acordado en el primer punto de los diálogos: el tema agrario.
Para las FARC los campesinos han sido víctimas del capitalismo dominado por terratenientes y empresas transnacionales acaparadoras de la tierra y han sido forzados a buscar su sustento cultivando coca y ampliando la frontera agrícola. Por eso, la mayoría de las “Diez Propuestas mínimas” y el programa de sustitución de cultivos ilícitos se enfocan en proteger al campesinado cultivador, además de rescatar y reforzar la soberanía nacional frente a las políticas impuestas desde el extranjero, especialmente por Estados Unidos.
Los movimientos mundiales hacia la flexibilización de las políticas se limitan a permitir los usos tradicionales de la coca, y a insistir en tratar el uso de drogas y la adicción como un problema de salud pública
El programa de sustitución se llevaría a cabo en zonas que excluirían explotaciones mineras o de hidrocarburos y el Estado no tendría presencia militar. Serian administradas por consejos municipales formados por representantes del Gobierno, las FARC y consejos comunitarios, los cuales integrarían los Consejos Territoriales del Programa, que tendrían la responsabilidad de definir las políticas y los instrumentos para su aplicación.
La propuesta exige suspender las aspersiones aéreas y la erradicación forzosa de los cultivos ilícitos y “otorgar a cada familia una renta básica mensual hasta el momento en que se garantice la sostenibilidad económica y social de los planes y proyectos que conforman el Programa. La renta básica también cubrirá a todos los trabajadores de los cultivos, recolectores y demás obreros vinculados al proceso de producción. En igual sentido, la comunidad campesina, de la que hace parte el núcleo familiar, recibiría una renta especial para la financiación y el sostenimiento de la actividad comunitaria, especialmente en lo referido a sus aspectos organizativos y culturales”. La disminución de los cultivos ilícitos seria gradual y solamente empezaría cuando las economías de los campesinos participantes en el programa fueran estables.
Además, el Estado debe regular los cultivos y los mercados locales de coca, amapola y marihuana para usos “alimenticios, nutricionales, medicinales, terapéuticos y culturales, según el caso, así como su potencial económico”. El Estado comprará los productos para abastecer el mercado interno y el internacional. Además, proporcionará la infraestructura necesaria y garantizará que los productos de los programas de sustitución tengan precios “de sustentación para los excedentes producidos, con independencia de los precios de mercado, y desarrollará un sistema de compras estatales de dichos excedentes”.
Este programa se financiaría con recursos incluidos en el Plan de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, en el presupuesto general de la Nación, el Sistema General de Regalías y los recursos que se liberen con la reducción del gasto en seguridad y defensa y con la suspensión de los programas de aspersión aérea. También contaría con “aportes de la comunidad internacional, especialmente de los países consumidores del capitalismo central, de empresas trasnacionales, ONG, del presupuesto general de la Nación en el nivel territorial y local y de las incautaciones en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes”.
Se conformaría un fondo especial para el programa y sus recursos serían administrados y distribuidos por el Consejo Nacional del Programa y una veeduría internacional haría el seguimiento y verificaría su ejecución.
Melina
Flor de amapola.
Fundamentos implícitos de la propuesta
Los argumentos de las FARC son consistentes con varios supuestos que no se hacen explícitos pero que hacen parte de su ideario: (a) el capitalismo mundial está en crisis; (b) las FARC están en capacidad de construir una sociedad rural justa siguiendo las enseñanzas del marxismo-leninismo; (c) los países consumidores de drogas de base vegetal han obtenido grandes ganancias de los mercados ilegales y deben compensar a los países productores; (d) el capitalismo central tiene o actúa como si tuviera un comité u organismo diseñado para imponer políticas a los países subdesarrollados y las políticas de drogas son parte de este sistema; (e) los capitalistas colombianos colaboran con este sistema y se benefician de él; (f) el prohibicionismo a las drogas tiene poco apoyo mundial porque ha sido impuesto por el capitalismo central; (g) el gobierno colombiano, si decide ser soberano e independiente del Imperio, fácilmente podría regular los mercados de dichas drogas y organizar su exportación; (h) las FARC han luchado por el buen vivir del campesinado y no tienen ninguna responsabilidad respecto de la exportación de cocaína porque los responsables son los países consumidores; finalmente (i) la FARC no tienen ninguna responsabilidad financiera respecto de los programas que propone y en los que sería el gestor clave.
Es posible listar otros supuestos implícitos, aunque reconozco que no es posible probar que las FARC son conscientes de que sus propuestas son consistentes con ellos. El punto es que las propuestas son concordantes con esos y otros posibles supuestos.
Comentarios de abogado del diablo a las propuestas de las FARC
1. Aunque las FARC no quieran, el campesinado cocalero hace parte del narcotráfico, aunque es cierto que es su eslabón más vulnerable. La FARC no argumenta que los campesinos ignoran que su producto es el insumo clave de la cocaína, una droga adictiva que independientemente de las políticas que la prohíban, acarrea un costo social alto y graves problemas a un grupo de sus usuarios. El argumento básico de las FARC es que el campesinado participa en el narcotráfico porque no tiene opciones debido a la injusticia social, es decir, ha sido forzado a hacerlo. El problema es que muchos campesinos y personas pobres que podrían considerarse víctimas de injusticias no participan en actividades productivas ilegales, ni en el crimen organizado. Además, mientras la coca y la cocaína fueron legales, Colombia no exportó una hoja de coca o un gramo de cocaína. Es decir, Colombia no tuvo una ventaja comparativa frente a Bolivia, Perú, Indonesia, Malasia y otros países que si exportaron.
2. Las FARC no toleran ni han tolerado el consumo entre sus miembros de drogas psicoactivas diferentes del alcohol y el tabaco. En el pasado ha habido reportes de casos en los que las FARC ejecutaron a algunos de sus miembros por usar cocaína. La posición actual de esta guerrilla se justifica solamente si argumentan que la cocaína es una droga peligrosa, pero que ellos toleran su producción y tráfico y se benefician de ellos porque dicha droga es un arma en su lucha contra el capitalismo central o contra el imperio. En otras palabras: la coca, la cocaína y otras drogas de base vegetal hacen parte de sus armas de guerra.
3. Las FARC también son parte de las redes del narcotráfico y del lavado de dinero. Claro que matizan esta posición afirmando que no exportan ni producen y que solamente cobran impuestos para poder servir al pueblo dándole servicios como educación, salud, justicia y policía en zonas donde el Estado no tiene presencia. Sin poner en tela de juicio esas afirmaciones, este argumento implica que actúan como Estado, pero si el narcotráfico es una fuente principal de su financiamiento, tendrían que reconocer que serían un narco-estado.
Sin duda los cultivadores campesinos y los usuarios de drogas son los dos eslabones más débiles de la cadena del la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales.
4. La propuesta sobre el reconocimiento de los usos tradicionales y los posibles usos no psicoactivos de la coca, la marihuana y la amapola tiene amplio apoyo dentro de la sociedad. El dilema para las FARC es que estos usos requieren cultivos muy pequeños y que la gran mayoría de los cultivos ilegales se dedican a la producción de cocaína, heroína y marihuana, mercadeadas ilegalmente y usadas con fines recreativos o para satisfacer la adicción, lo que no tiene nada que ver con los usos tradicionales o culturales que buscan defender.
5. Los productos de estas tres plantas tienen mercados ilegales muy distintos. El principal mercado de la marihuana es doméstico y se podría intentar regular como lo están intentando Uruguay y los Estados de Colorado y Washington. Sin embargo, para desarrollar cultivos para usos tradicionales y para legalizar el consumo y la producción de la marihuana sería necesario cambiar las Convenciones sobre drogas de la ONU o que Colombia se retirara de ellas y luego adhiriera con reservas como lo ha hecho Bolivia. Las FARC no tienen ninguna propuesta al respecto y posiblemente argüirían que el gobierno debería demostrar que es soberano y hacerlo. Además, los usos industriales de la marihuana hoy son muy limitados. Su uso principal era la producción de cáñamo y sogas marinas en las que la marihuana fue remplazada por fibras sintéticas.
6. La coca/cocaína y la amapola/heroína se producen primordialmente para la exportación. En el caso de la coca las FARC tienen que enfrentar un problema simple: los usos tradicionales de la coca en Colombia requieren muy pocos cultivos, probablemente menos de mil hectáreas. El hecho es que los cultivos ilegales crecieron en Colombia para producir la materia prima de las drogas exportadas y que al defender al campesinado cultivador de esas plantas están implícitamente defendiendo el derecho a exportar drogas ilegales. Esto es claro cuando insisten en la gradualidad en la disminución de los cultivos. Es decir, su programa implica que Colombia exportaría cocaína producida con coca cultivada por el programa de sustitución de cultivos, regulado por el gobierno y las FARC, hasta que se acordara que los campesinos ya no necesitaran los subsidios del gobierno y de la comunidad internacional.
7. El argumento de las FARC sobre la soberanía no es sólido. Reitero lo planteado recientemente en un artículo aquí en Razón Pública.
· Las convenciones de Naciones Unidas tuvieron a Estados Unidos como principal promotor, pero no fueron impuestas a ningún país. En el siglo XX -hasta 1961 cuando se firmó la Convención Única sobre Estupefacientes- la coca fue percibida como un instrumento de explotación de los mineros en Bolivia y Perú y del campesinado en esos dos países y en partes de Colombia en donde los salarios se pagaba parcialmente con hojas de coca. Todos los grupos progresistas en Bolivia, Colombia y Perú eran anti-coca. En Colombia la defensa de la coca la lideraron los hacendados caucanos que la usaban para pagar al campesinado. Todos los grupos de centro-izquierda e izquierda -inclusive los partidos comunistas de la región- se opusieron a la masticación tradicional de coca.
· Con relación a las drogas duras también hubo un consenso de manera que nadie en Colombia se opuso a que la cocaína fuera ilegal. En efecto, la profesión médica nunca presentó una objeción y consideró que prohibir el uso no médico y científico de dichas drogas era concordante con su promesa hipocrática de no tomar medidas que afectaran negativamente la salud.
· Como argumenté en el artículo citado: “los estadounidenses podrían afirmar que lo único que Estados Unidos ha hecho, en ejercicio de su soberanía, es declarar ilegal dentro de su territorio una sustancia, y que los colombianos han respondido inundando con contrabando su país, lo cual claramente estaría socavando la soberanía estadounidense. Además, podrían agregar que el gobierno colombiano no es soberano ya que ha sido incapaz de controlar las actividades ilegales de sus ciudadanos, y que por tal razón las actuaciones de los Estados Unidos, en defensa de su propia soberanía, no estarían socavando la soberanía inexistente del gobierno colombiano. Al final, entonces ¿Quién le socava la soberanía a quién?” Además muchas de las acciones y argumentos de la FARC confirman la debilidad de la soberanía colombiana puesto que actúan como Estado en algunas regiones.
Mauro Novellas
La producción de cocaína y heroína tiene como
destino la exportación.
– En realidad, el concepto tradicional de soberanía no es aplicable hoy en un mundo globalizado en el que todos los países están interrelacionados y en el que lo que ocurre en uno puede tener consecuencias graves en otros. En otras palabras, en la comunidad internacional de países no es aceptable argumentar que yo puedo producir coca cuando sé que se destina a la producción de cocaína para los mercados ilegales de los Estados Unidos, Rusia, China, etc., y que eso no es problema mío porque el mundo es injusto o ha sido injusto conmigo o porque esos países tienen doble moral y no eliminan la demanda de drogas ilegales.
8. Las FARC buscan una política de drogas global que compense a Colombia por políticas que consideran erradas, impuestas y altamente costosas para el país, especialmente para el campesinado. Este argumento presenta varios problemas.
· Aunque en Colombia los costos sociales a largo plazo del desarrollo de la industria de la cocaína han deteriorado la calidad de vida en el país y han agravado muchos problemas estructurales, un sin número de colombianos se han beneficiado o buscado beneficiarse del negocio ilegal, inclusive el campesinado que ha visto en esa actividad una opción más rentable que los cultivos legales.
· La política ya es global. En efecto, casi todos los países (más de 180) han firmado las convenciones de drogas y los que no las han firmado son países muy pequeños que no tienen un papel importante en el tema. Así, en las reuniones anuales de la Comisión de Estupefacientes los delegados de los países continuamente han reafirmado las políticas actuales. Además, el apoyo a las políticas prohibicionistas es muy fuerte en el mundo: la lideran Rusia, Japón, China, Suecia y todo el mundo musulmán y son apoyadas por toda la ex Unión Soviética, los países africanos y la mayoría de los latinoamericanos y caribeños. La realidad es que la gran mayoría de personas en el mundo las apoya.
· Los movimientos mundiales hacia la flexibilización de las políticas se limitan a permitir los usos tradicionales de la coca, y a insistir en tratar el uso de drogas y la adicción como un problema de salud pública y no como un asunto criminal. En algunos casos, permiten el consumo de marihuana medicinal y en otros pocos lugares se legalizó su producción. En algunos sitios podría ser posible considerar el consumo de drogas duras controlado por el sistema de salud con el fin de mantener a los adictos y ayudarlos a recuperarse. Sin embargo, aunque pueda haber algunos ejemplos, estos son muy limitados y no tienen seguidores aparentes.
la coca, la cocaína y otras drogas de base vegetal hacen parte de sus armas de guerra.
· Ningún país consideraría legalizar los usos recreativos, experimentales o rituales de la cocaína. El caso de Bolivia es muy diciente: primero propuso retirar la coca de la lista I y tuvo la oposición de un grupo de países, por eso se retiró de la Convención y luego solicitó readmisión con reservas, lo cual logró a pesar de la oposición de otros países. Casi todos los países del G-8 -los más poderosos del mundo- votaron en contra debido al temor de que la producción de coca para usos tradicionales se desviara hacia la producción de cocaína. Entre estos países se encuentran varios de los países europeos que han promovido políticas de disminución de daño hacia el consumo, lo que no se permitiría hacia la producción. Bolivia insiste en que “coca no es cocaína” y se opone radicalmente al consumo de cocaína.
9. Las FARC enfrentan un conflicto ideológico importante. La modernización y el cambio tecnológico, que han conectado a los humanos han hecho que en el mundo se fortalezcan las tendencias individualistas y libertarias. Esta tendencia individuo-céntrica se opone a las actitudes socio-céntricas prevalecientes en países con comunidades y cohesión fuertes o en los comunistas y socialistas. Así, el movimiento hacia la flexibilización del consumo de la marihuana ha surgido solamente en países en los que la cultura apoya las libertades individuales -como en los Estados Unidos-, pero ningún país comunista tolera el consumo de las drogas ilegales. Cuba, la sede de los diálogos de paz es un buen ejemplo.
Como se mencionó, las FARC mismas no han tolerado el consumo de cocaína o bazuco entre sus filas. El dilema para las FARC es que al proteger al campesinado y exigir que se permita que continúe cultivando coca hasta que haya un cambio estructural en la sociedad colombiana, tiene que reconocer que los productos de esos cultivos van a la producción de drogas ilegales consumidas en países con gobiernos y culturas socio-céntricos, simpatizantes ideológicamente con las FARC, los cuales, como ya se anotó, no las toleran.
La hora de las decisiones
Sin duda los cultivadores campesinos y los usuarios de drogas son los dos eslabones más débiles de la cadena del la producción, tráfico y consumo de drogas ilegales. También es cierto que las FARC justificaron su involucramiento en las drogas como un medio, que aunque no era éticamente aceptable en circunstancias normales, se podía utilizar en la lucha por una causa superior.
El problema es que para firmar la paz tendrá que apoyar estrictos sistemas de control a la producción de coca, amapola y marihuana ilegales y tendrá que eliminar sus vínculos con el narcotráfico. Estas condiciones no son negociables con el Estado colombiano porque no son impuestas por este sino que son un requisito para que Colombia haga parte de la comunidad de naciones.