El miedo a los actores armados violentos que las amenazan es el principal factor que está impidiendo que las mujeres víctimas del conflicto puedan acceder a los beneficios de la Ley 1448.
Cien mujeres antioqueñas víctimas del conflicto armado reunidas en un mismo encuentro en Medellín en días pasados, dijeron que tenían miedo. No es que no marchen y reclamen sus derechos porque lo hacen. Ni les falta ilusión, ni coraje. Pero a las líderes que están al frente de los reclamos de tierras, aupadas por el capítulo de restitución de Tierras de la Ley de Víctimas las están forzando a salir de sus regiones por amenazas, o las obligan a vivir en la zozobra.
En el encuentro, organizado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de la OEA y la Unidad Nacional para la Reparación y Reconciliación a las Víctimas, quedó en evidencia que las mujeres de las regiones del Nordeste, Norte y Bajo Cauca son las más afectadas, pues allí las bandas armadas y algunos frentes guerrilleros siguen en conflicto violento con el Estado, y no quieren dejar que la gente se organice y haga valer sus derechos.
“Es que nosotras estamos haciendo un proceso de reivindicación de las mujeres víctimas del conflicto armado dentro del mismo conflicto. Y es que a pesar de que hubo una desmovilización, la confrontación no se ha acabado”, dijo Nora Hernández, quien asistió en representación de Nechí, uno de los seis municipios que integra la región del Bajo Cauca de Antioquia.
La inseguridad creada por la banda criminal de ‘Los Urabeños’ que ya domina la vida en algunas zonas urbanas y rurales del Bajo Cauca y la persistencia de la confrontación con ‘Los Rastrojos’ en otras tantas, ha impedido que las mujeres puedan liderar pública y activamente los procesos para acceder a los derechos que otorga la Ley 1448.
“Mal haría yo en decir que un grupo armado nos impidió hacer una marcha por la paz, salir el día de las víctimas, realizar alguna movilización; no, nosotras las hemos hecho y no ha habido problema”, dijo Hernández. “Pero sí hemos tenido amenazas contra las líderes”. Ella misma, que es además concejal de Tarazá, fue amenazada el año pasado y anda con protección especial del Estado. Uno de sus compañeros, Giovani Martínez, fue asesinado y ese mismo día la forzaron a ella a dejar la zona. “Estoy segura que las amenazas provenían por la movilización que venía haciendo en favor de las víctimas”.
En Bajo Cauca por lo menos otras cuatro líderes han sido amedrentadas y obligadas a abandonar la región en los últimos cuatro años. La restitución no avanza, y el miedo hace que ni siquiera reúnan las mesas de víctimas.
Los líderes de las víctimas del conflicto, en especial las mujeres, también están padeciendo el fuerte acoso de los actores armados en el Urabá antioqueño. Según Birleyda Ballesteros, coordinadora del Comité Temático de Mujeres de esta región, allá hay registradas más de 360 mil víctimas, de las cuales el 70 por ciento son mujeres.
Y aunque existen más de 26 organizaciones de víctimas que vienen liderando procesos de reclamaciones, tanto de reparaciones integrales como de restitución de tierras, las cuales cuentan con apoyos de entidades no gubernamentales del orden nacional e internacional, esto no las ha protegido.
“La seguridad para nosotras no es buena”, dijo Ballesteros, quien fue víctima de amenazas hace dos años por su labor y aún hoy requiere protección especial. “No quieren que nosotras sigamos con este proceso. Nos ha tocado sacar muchas líderes del Urabá, porque cuando no se meten con nosotras, se meten con nuestros hijos. En Apartadó, Turbo, Arboletes, Necoclí es donde más se ve esto”.
Aún en municipio eminentemente urbano y vecino de Medellín como Bello, el temor es tal que las víctimas han preferido no reclamar sus derechos frente al Estado, según dijeron a VerdadAbierta.com varias fuentes que pidieron se omitieran sus identidades. Las bandas criminales pretenden un control violento sobre las comunidades, y si saben que alguien puede recibir una indemnización por su condición de víctima le caen para extorsionarlo.
“¿Sabe qué hacen ellos? Como las indemnizaciones hay que cobrarlas en el Banco Agrario, entonces ponen a su gente a hacer fila, ¿para qué? para luego decirle al viejito o la mujer que va con sus hijos que le venden el puesto para que alcance a entrar. Le cobran 20 y 30 mil pesos a la gente. Y vaya no pague para que vea cómo le va de mal”, dijo una de las personas consultadas.
De acuerdo con el Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, Antioquia tiene registradas hasta el 1 de diciembre de 2013 un total de 1.145.590 víctimas, de las cuales cerca de 32 mil son del municipio de Bello, principalmente del delito de desplazamiento forzado. Pero a pesar que este municipio cuenta con una mesa municipal de víctimas, pocos son quienes se atreven a dar la cara por las víctimas y salir a reclamar públicamente sus derechos.
“Las víctimas estamos arrinconadas”, dijo el testigo consultado. “Hay muchas amenazas. La última fue contra una mujer que fue víctima de desplazamiento forzado y se fue para el barrio París. Allá lideró la junta de acción comunal y los pillos la amenazaron nuevamente y hasta iban a atentar contra su vida y se tuvo que ir del municipio. Lo más triste es que ni la Administración Municipal ni la Fuerza Pública atiende nuestras peticiones. ¿Usted cree que alguna de nosotras, pese a las amenazas, tiene esquema de seguridad?”.
Falta de voluntad
Y es que otra dificultad que quedó en evidencia en el encuentro de Medellín fue el desconocimiento de la Ley 1448 por parte de los funcionarios públicos locales, aspecto que va de la mano de una mala atención al público que termina por desestimular a las víctimas que se animan a conocer sus hechos.
A esto se suma la apatía y la falta de voluntad política de algunas autoridades locales para hacer efectiva la implementación de la Ley de Víctimas y, mucho menos la tienen cuando las reclamantes con mujeres. “En muchos municipios la Ley de Víctimas es como una tarea más, una regla por cumplir, pero no vemos realmente una voluntad de ayudar a esta población. Y en otros casos, las víctimas son un estorbo políticamente hablando”, denunció Teresa Aristizábal, coordinadora regional en Antioquia de la Ruta Pacífica de las Mujeres.
Aristizábal explicó que la grave inseguridad en varios municipios está impidiendo que ellas participen activamente y pongan el tema en la escena pública de sus localidades. “Tenemos situaciones muy complejas en el Nordeste, con Segovia y Remedios; en el Norte y Bajo Cauca y se está presentando una situación de feminicidios en el Suroeste”, añadió la activista, quien ve con preocupación que los análisis de riesgo que se efectúan por parte de la Agencia Nacional de Protección, están arrojando como resultado que las amenazas no ameritan medidas de protección.
“Y cuando les dan protección, les dan un chaleco y ya. Eso no es ninguna medida de protección”, dijo Aristizábal, quien afirmó además, que la histórica exclusión que han debido enfrentar las mujeres en los espacios de deliberación y participación, se le suma ahora otra condición discriminatoria: la de ser mujer víctima del conflicto armado.