El Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) construyó en tierras de los Embera-Chamí sin su consentimiento hace ya 10 años. Aunque la edificación fue ofrecida como bien para la reparación, no fue recibida pues no tenía ‘vocación reparadora’. Magistrado de Justicia y Paz decidió entregársela a los indígenas.
En lo que podría considerarse como un acto de reparación colectiva, un Magistrado con Función de Control de Garantías de Justicia y Paz de Medellín decidió dejar a disposición de la autoridad indígena del Resguardo Unificado Chamí-Pueblo Rico (Risaralda) una edificación de dos plantas construida en tierras de propiedad colectiva de los Embera-Chamí una década atrás por guerrilleros del desmovilizado Ejército Revolucionario Guevarista (Erg).
La decisión resolvió las inquietudes de las autoridades de la comunidad indígena quienes, en vista de ver cómo el bien inmueble permanecía abandonado desde 2005 y estaba siendo utilizado por personas inescrupulosas que consumían allí alucinógenos, se presentaron ante la justicia para que se los adjudicara, con todas las garantías de ley, para destinarlo a un centro de medicina tradicional y una caseta de servicios comunitarios.
La vivienda había sido ofrecida por los comandantes del Erg para reparar a sus víctimas, siendo de paso el único bien que hasta el momento han entregado. Sin embargo, luego de valorarlo, la Unidad de Víctimas consideró que no se podía disponer de él pues no tenía “vocación reparadora”, es decir, su valor comercial no lograba resarcir los perjuicios de quienes sufrieron el accionar de este grupo subversivo, que se desmovilizó en 2008.
En versiones libres rendidas ante fiscales de Justicia y Paz, varios desmovilizados del Erg reconocieron que para el año 2001, por orden del máximo comandante de esta organización guerrillera, Lizardo Caro, alias ‘Romaña’, se decidió construir una edificación que sirviera de centro de almacenamiento de víveres, pertrechos, alojar tropa y demás usos. El sitio escogido para tal fin fue la zona denominada “La Punta” de la vereda Santa Rita, corregimiento Santa Cecilia de Pueblo Rico, Risaralda.
Dicha zona ha sido habitada históricamente por comunidades afrodescientes y pueblos indígenas, principalmente Embera-Chamí. De hecho, el Incora unificó la tierra a nombre de los indígenas mediante Resolución No. 23 del 23 de mayo de 1995. Pero esto no fue ningún impedimento para que los guerrilleros del Erg levantaran allí su centro de aprovisionamiento, construido con cemento hurtado en los retenes viales y con dineros que robaban en las carreteras. El pequeño edificio, que fue terminado de construir en 2002, terminó sirviendo de bodega de todos los víveres que los guerrilleros obtenían en los asaltos a los vehículos que transitaban por carreteras bajo su dominio.
Los guerrilleros abandonaron la zona en el 2005, dejando la casa a merced de la manigua. Pero ésta comenzó a ser utilizada como escondite de consumidores de sustancias alucinógenas. Para evitar que la situación se convirtiera en un problema mayor, las autoridades indígenas decidieron que el inmueble fuera habitado por un miembro de la comunidad Embera-Chamí afectado por la ola invernal de 2010.
Temerosos de algún procedimiento jurídico en su contra, los nativos acudieron ante la justicia, con la buena fortuna que el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín les dejó a su disposición la edificación. En su decisión, el Magistrado con Función de Control de Garantías señaló que dispondrían libremente de este inmueble siempre y cuando lo destinen a actividades que beneficien a la comunidad.
¿Y los bienes del Erg?
Si bien la decisión del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín fue bien recibida por la comunidad indígena, entre las autoridades judiciales queda la pregunta sobre con qué bienes se repararán a las víctimas del Erg, que delinquió en Risaralda y Chocó entre 1993 y 2008
A finales del año anterior VerdadAbierta.com reveló un análisis realizado por la Unidad de Víctimas que señaló que no se podía disponer de tres fincas y la casa ya referenciada, ofrecidos por los máximos comandantes de esta guerrilla para reparar a sus víctimas, entre otras razones porque los hermanos Octavio, alias Cristóbal, El ‘Cucho’, ‘Viejo’ o ‘Roble’; Efraín, alias ‘Juan Pablo’; y Lisardo Sánchez Caro, máximos jefes del Erg, poseían derechos herenciales sobre las fincas, pero que no era posible disponer de ellos porque ya se había repartido la herencia entre los familiares del padre de los guerrilleros y fue imposible determinar qué parte le correspondió a los desmovilizados. (Ver: Guerrilla del Erg no tiene bienes para reparar)
Según la Unidad de Víctimas, para lograr recuperar los bienes para reparar a los afectados por este grupo insurgente sería necesario instaurar un derecho de petición de herencia o hacer una nulidad de la sucesión para que se diera una nueva repartición, lo que en teoría dilataría el proceso de reparación varios años más.
Los familiares de los hermanos Sánchez se declararon terceros de buena fe dentro del litigio, por ese motivo la Unidad de Víctimas aseguró que no se puede considerar saneables los derechos herenciales y, por lo tanto, no se pueden identificar los bienes para la reparación de las víctimas, requisitos para que los mismos puedan entrar al Fondo de Reparación. Además, los predios rurales entregados por los guerrilleros están ubicados en zonas montañosas, sin vías de acceso, en zonas de bosque y en un hipotético caso de ser entregadas al Fondo de Reparación estas serían una carga onerosa para la entidad.
Antes de finalizar el 2013, el Tribunal de Justicia y Paz logró imputarle a los 20 postulados de ésta organización guerrillera los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzado, secuestro, reclutamiento ilícito y algunas conductas de violencia basada en género, que dejaron por lo menos 156 víctimas y 53 familias desplazadas, que hoy se preguntan cómo las van a reparar.
Este grupo subversivo, que nació como una disidencia del Eln, dejó buena parte de sus víctimas en la frontera entre Antioquia y Risaralda, en donde surgió tras haber sido parte del Frente ‘Ernesto Che Guevara’ de ese grupo armado ilegal.
Una facción del Erg fue conformada por los hermanos Sánchez Caro. La primera en entrar fue Yolanda, después le seguiría Olimpo, a quien se le conocería con el alias de Cristóbal, El ‘Cucho’, ‘Viejo’ o ‘Roble’, y quien llegó a ser el segundo al mando y encargado de la parte militar. De esta forma fueron entrando otros familiares hasta conformar un frente que llegó a tener alrededor de 150 hombres.
Entre los crímenes con mayor connotación cometidos por este grupo guerrillero y que viene documentando la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía se encuentran dos tomas al municipio de Bagadó, Chocó, en 1997 y 2000; el secuestro del ciudadano español Ignacio de Torquemada, cooperante de la organización internacional Médicos Sin Fronteras, ocurrido el 25 de julio de 2000 cuando los guerrilleros instalaron un retén ilegal en la vía que conduce a Santa Cecilia, entre Risaralda y Chocó. Torquemada fue liberado en enero de 2001.
A esta guerrilla también se le atribuye haber azotado a varias comunidades indígenas, en especial a los Embera-Katío del Chocó y Embera-Chamí de Risaralda. De hecho, un Fiscal de Justicia y Paz logró imputarle a los desmovilizados de esa organización el reclutamiento forzado de 21 indígenas de varias veredas del municipio de Carmen de Atrato, como Zabaleta, La Puria, El Consuelo y El Fiero.